Ecologistas en Acción considera que la declaración de la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ante el juez que la investiga por presunta prevaricación «constituye una burda justificación de los hechos acontecidos, puesto que la alcaldesa no inició al expediente sancionador contra la macrogranja porcina hasta que no tuvo más remedio, pasados 20 meses desde la interposición de la denuncia».
La organización ecologista, que ejerce la acusación particular, se muestra convencida de que la alcaldesa «dejó caducar» el expediente sancionador abierto a la macrogranja porcina «con el único propósito de rebajar la cuantía de la sanción impuesta al empresario, Juan Jiménez» como así sucedió. La rebaja de la sanción fue de unos 400.000 euros calcula la acusación particular.
Túnez, que se ha negado a contestar a las preguntas del abogado de Ecologistas en Acción, ha declarado al juez que tuvo conocimiento de la ampliación de la granja porcina sin licencia cuando se lo comunicaron los técnicos. Y que los técnicos no la detectaron «porque está alejada» del pueblo.
También ha declarado que cuando tuvieron conocimiento de los hechos, pusieron todos los mecanismos en marcha para atajar la situación. A la pregunta del juez de cómo es posible que algo así pasara desapercibido, la alcaldesa ha respondido que «se le pasó indebidamente a los técnicos municipales» y que no sabe cómo pudo pasar algo así.
Sobre cómo pudo caducar el expediente sancionador, María Ángeles Túnez ha dicho que el expediente caducó porque se fue el Técnico de Administración General y no había nadie para sustituirlo. Se da la circunstancia de que a la nueva Técnico General no la la designaron hasta finales de diciembre de 2022 cuando el expediente sancionador caducaba el 10 de marzo de ese mismo año.
El juez también ha preguntado a la investigada si era consciente de que los expedientes caducan y de que ese expediente podía caducar y ha respondido que ella «está a lo que los técnicos le digan».
La cuestión es que el primer expediente sancionador caducó y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras abrió otro nuevo que, en contra de lo indicado por la arquitecta municipal, rebajó sustancialmente el valor del metro cuadrado construido ilegalmente al pasar de 165 euros el metro cuadrado a 96 euros el metro cuadrado con la consiguiente rebaja de sanción.
El empresario niega que fuese una ampliación
El representante del empresario Juan Jimenez García, que también se ha negado a responder a las preguntas del abogado de Ecologistas en Acción, ha dicho que ellos no ampliaron la capacidad de la granja sino que la adaptaron a la nueva Ley de Bienesar Animal, aunque pasaron de dos a trece naves. También ha relatado al juez que presentaron Declaraciones Responsables como título habilitante y que ha pagado una sanción de 255.000 euros por construir sin licencia.
La organización ecologista registró el primer escrito de denuncia ante el consistorio lumbrerense el 10 de julio de 2020 y lo reiteró el 24 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no incoó el correspondiente expediente de infracción urbanística hasta finales de 2022. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tardó más de dos años en incoar expediente sancionador por construir sin licencia y lo hizo una vez que el juez se puso a investigar.
La macrogranja de cerdos propiedad de la empresa JISAP alberga 1888 cerdas reproductoras y no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.
