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Mentes amarradas

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Albert Camus: «Puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada, no habrá felicidad»

El Tribunal de Cuentas certifica que la desaladora de Escombreras es un poco sin fondo y que la gestión política del SMS deja mucho que desear porque año tras año aprueban presupuestos que no se ajustan a la realidad del gasto y necesidad sanitarias. Dados los números de deuda y déficit, cabe deducir que, en realidad, el pozo sin fondo es el Gobierno regional de López Miras cuya deficiente gestión ha sido recientemente puesta en evidencia por el BORM. Un boletín reducido al reparto de dádivas y subvenciones por parte de San Esteban en una tierra apesebrada y domesticada a lo largo de casi 30 años. 

La consejería de Medio Ambiente se ha visto obligada a reajustar partidas por su palmaria ineficacia con el plan MOVES III para la compra de vehículos eléctricos. De 17,8 millones de euros que ha recibido la CARM del Gobierno de España, solo ha concedido, que no pagado, 733.800 euros desde 2021, mientras que otras comunidades autónomas, con la misma burocracia, están resolviendo y pagando a buen ritmo. Y no consta que ninguna organización empresarial se haya quejado públicamente de tan mala gestión que, sin duda, lastra la economía regional y perjudica a muchos ciudadanos que aún esperan el cobro de la ayuda prometida y que se preguntan dónde está el dinero.

No solo el BORM pone al descubierto la deficiente gestión del Ejecutivo murciano. El informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2020  que se acaba de publicar revela, como viene haciendo desde hace varios años, que la sostenibilidad financiera tanto del SMS como de la Desaladora de Escombreras made in Valcárcel es «crítica». Baste decir que el Servicio Murciano de Salud terminó 2020 arrastrando un déficit de 2000 millones de euros y que la desaladora de Escombreras está sangrando las arcas regionales. Solo por su arrendamiento hay que abonar hasta 2034 más de 340 millones.

¿Qué vuelve a recomendar el Tribunal de Cuentas al Ejecutivo murciano? Pues que «se ajusten y adapten las dotaciones presupuestarias a las necesidades reales de gasto de cada año, las cuales, como se viene reiterando en anteriores informes de este Tribunal, se muestran manifiestamente insuficientes para la prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos». Es decir,  falta dinero para sanidad al tiempo que el Gobierno regional baja impuestos de manera irresponsable mermando con ello los ingresos. Por eso arrecian los ataques furibundos al Gobierno de España al que señalan como responsable de todos los males regionales.

Verán que pronto empiezan con la cantinela de que trabajan en la aprobación de unos Presupuestos Generales de la CARM de 2024 realistas y expansivos para proteger a las familias murcianas. Siempre dicen lo mismo, la realidad es que la Región de Murcia, según el último informe del Ministerio de Sanidad, es la comunidad autónoma española con menor esperanza de vida saludable y eso está directamente relacionado, según los expertos, con peores indicadores socioeconómicos. La pobreza acorta vida saludable.

Pero el informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2020 de la Comunidad Autónoma de Murcia dice más cosas. Recomienda a la Dirección General de Presupuestos que «se solucionen los errores existentes en el módulo de seguimiento de los gastos con financiación afectada para que los datos sean fiables». También recomienda a la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad que «elabore una base de datos con los litigios, reclamaciones, procedimientos administrativos o jurisdiccionales de cualquier clase en los que es parte la Administración Regional y que pudiesen suponer obligaciones económicas para la Comunidad. Esta información debería utilizarse por la Intervención General para revisar la estimación de los gastos por contingencias susceptibles de ser provisionadas que figuran en el balance e informar de estos pasivos en la memoria de las cuentas anuales». 

Y es que durante 2020 se dictaron 36 sentencias judiciales contra la Administración Regional con un coste indemnizatorio conjunto de 353.000 euros que no fueron reconocidas en el presupuesto de gastos, «lo que vulnera el principio de anualidad presupuestaria y supone que el resultado presupuestario se encuentre sobrevalorado en dicho importe».

En relación al aeropuerto de Corvera, dice el Tribunal de Cuentas que «teniendo en cuenta que el AIRM se encontraba totalmente terminado en abril de 2012 pero no entró en funcionamiento hasta enero de 2019, se desconoce el valor razonable de los activos y su deterioro por depreciación al cierre del ejercicio fiscalizado»

El aeropuerto de Corvera es otro pozo sin fondo. Estamos pagando cantidades ingentes de dinero público a compañías aéreas para que, por favor, vuelen desde Corvera a donde sea con tal de que el Gobierno regional pueda vender que todo va bien. A VOLOTEA le vamos a pagar a través del ITREM (Instituto de Turismo) 2,4 millones de euros para que a partir de noviembre opere vuelos desde Corvera a Madrid y Barcelona. Eso sí, en concepto de promoción turística de la Región de Murcia porque la concesión directa de ayudas a compañías aéreas está prohibida. Según el  pliego de prescripciones técnicas, vamos a pagar 1.500 euros por cada uno de los 1.600 pasajeros que supuestamente recibirán los impactos turísticos que monten en el avión.

 

El Gobierno regional lanzó el pasado mes marzo la campaña de marketing para mejorar el posicionamiento de la Región de Murcia en varios mercados turísticos nacionales y de la Unión Europea. Sacó a concurso tres lotes, aunque solo se ha adjudicado el de Madrid y Barcelona. Los otros quedaron desiertos porque no se recibió ninguna oferta. Uno estaba focalizado en Galicia y otro en Francia, para tratar de abrir rutas con ambos destinos. Ninguna compañía aérea lo consideró interesante. 

¡Qué tiempos aquellos en los que López Miras decía que el aeropuerto de Corvera se convertiría en la puerta de entrada a Europa de millones de turistas, que se iba a duplicar el PIB turístico regional y que creceríamos un 6,6% anual! Pues nada más lejos de la realidad. Y es que lo que se construye sobre falacias, acaba siendo un fracaso. Conviene recordar una y mil veces que el aeropuerto de Corvera se planeó pensando en la Paramount, Novo Carthago, Marina de Cope y Polaris, todos proyectos fallidos de la era Valcárcel que pronto será juzgado por graves delitos de corrupción. Un aeropuerto que en 2001 se justificó, según consta en el plan director, con el argumento de que “en 2015 llegarían a Murcia 10 millones de turistas, lo que implicaría para la región de Murcia la creación de 23.000 puestos de trabajo y unos ingresos directos de 7.200 millones de euros”. 

El informe de Fiscalía de Cuentas de 2020 de la CARM también evidencia la falta de compromiso del Gobierno regional de López Miras con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  «La Orden para la elaboración de los presupuestos regionales de 2020 no ha establecido una distribución de recursos en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); sin embargo, el Consejo de Gobierno de la CARM recogió el compromiso de implementar la Agenda 2030 en Acuerdo de 1 de agosto de 2018″. También señala que en 2020 aún no se había desarrollado una aplicación informática corporativa que permita evaluar la alineación de los presupuestos regionales a la Agenda 2030». 

De hecho, nada se sabe de la ‘Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático’ que presentó López Miras en diciembre de 2019 durante su intervención en la Cumbre Mundial del Clima ‘COP25’ que se celebró en Madrid. Aún sigo esperando respuesta de la CARM. ¿Qué han hecho para adaptar la Región de Murcia al cambio climático más allá de arremeter contra el Gobierno de España, resucitar el lema «Agua para todos» y reclamar más agua del trasvase del Tajo? ¿Qué han hecho aparte de dar alas al agrotrumpismo y mirar para otro lado ante el clamoroso robo de agua de acuíferos? ¿Son conscientes de que la Región de Murcia ya se está viendo afectada turísticamente como consecuencia del calentamiento global?

Y en relación al Mar Menor, es evidente que las recomendaciones realizadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hace exactamente un año han sido irresponsablemente ignoradas en gran parte por la Comunidad Autónoma porque la Ley del Mar Menor no se está cumpliendo y no hay Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente. Es que no hay ni avance del plan después de tres años, mientras que el consejero responsable  de elaborarlo ha sido premiado con un puesto en el Senado. Tampoco consta que se esté acometiendo un plan de transformación agraria. ¿Qué está haciendo el Gobierno regional para promover el cambio a una agricultura sostenible, la rehabilitación del suelo, la protección y la recuperación de la biodiversidad, y la prevención de daños por una gestión inadecuada del agua?

Lamentablemente, en  la Región de Murcia no solo hay barcos amarrados por la muerte del Mar Menor, también hay miles de mentes amarradas que han llegado a creer que viven en la «mejor tierra del mundo» y que «por la noche la luna y las estrellas se ven más cerca» desde aquí. Nada más lejos de la realidad.

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