La Justicia considera que 70 millones de euros podrían quedarse cortos para garantizar las posibles responsabilidades económicas del caso de la desaladora de Escombreras. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la millonaria fianza exigida a los acusados y ha rechazado todos los recursos presentados contra esta medida cautelar. Lejos de considerar excesiva la cantidad, los magistrados sostienen que resulta «incluso reducida» si se compara con las reclamaciones formuladas por las acusaciones.
La decisión, adoptada mediante seis autos notificados el pasado 6 de octubre, supone un nuevo capítulo en uno de los procedimientos judiciales más relevantes relacionados con la gestión de los recursos públicos durante los gobiernos del Partido Popular en la Región de Murcia.
Entre los 15 acusados en la causa principal, conocida como La Sal I, figura el ex consejero regional de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, junto a antiguos responsables de organismos públicos y representantes de empresas vinculadas a la operación de la desaladora.
El tribunal mantiene íntegramente la fianza acordada el 11 de noviembre de 2024, cuando el órgano instructor abrió juicio oral y requirió a los acusados para que garantizaran 70 millones de euros. La resolución advertía expresamente de que, en caso de no prestar esa garantía, podrían embargarse bienes suficientes para cubrirla.
Pero el aspecto más significativo de los nuevos autos es la valoración que hacen los magistrados del importe reclamado. La Audiencia considera que los 70 millones constituyen una cantidad conservadora frente a las posibles responsabilidades económicas recogidas en los escritos de acusación y concluye que no existe justificación para reducirla.
La confirmación de esta fianza no significa que los acusados hayan sido condenados ni que se haya acreditado un perjuicio económico de 70 millones. Su finalidad es asegurar que puedan afrontarse las responsabilidades que eventualmente establezca una sentencia.
La Audiencia rechaza rebajar la fianza
Las defensas habían recurrido el afianzamiento económico acordado en el auto de apertura de juicio oral. Sus alegaciones cuestionaban la procedencia de la medida, su cuantía y la necesidad de establecer nuevas garantías cuando durante la instrucción se habían adoptado otras medidas cautelares.
La Audiencia Provincial ha rechazado esos argumentos.
Según la Sala, la situación procesal ha cambiado sustancialmente respecto a fases anteriores de la investigación. Ahora existe un auto firme que acordó continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado y las acusaciones han presentado sus escritos, concretando las responsabilidades que solicitan.
Es precisamente el contenido de esos escritos lo que lleva al tribunal a concluir que los 70 millones representan una garantía prudente.
Los magistrados dejan claro, no obstante, que la fianza tiene una naturaleza cautelar. No constituye una sanción económica ni supone la pérdida definitiva del patrimonio afectado.
Su objetivo es garantizar que una eventual condena con responsabilidades económicas pueda ejecutarse y no quede sin efecto por falta de bienes o recursos suficientes.
La Audiencia insiste también en que será durante el juicio oral cuando deban examinarse las pruebas, establecerse los hechos y determinarse si existe responsabilidad penal o civil.
La Comunidad Autónoma también reclamó garantías económicas
Uno de los aspectos más relevantes de las resoluciones es que la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia solicitó que se garantizasen las posibles responsabilidades civiles derivadas de la operación.
Las defensas habían argumentado que la fianza fue acordada de oficio por el órgano instructor, sin una petición que respaldara su imposición. El tribunal desmiente esa interpretación.
Según las resoluciones, el Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente la consignación judicial de las futuras cuotas del arrendamiento de la desaladora. Por su parte, la Comunidad Autónoma, personada en la causa, reclamó subsidiariamente que los investigados prestaran una fianza por el importe total de las responsabilidades civiles exigidas.
La Audiencia considera que esta petición justifica la adopción de la garantía y descarta que el juzgado actuara por iniciativa propia.
La intervención de la Administración regional tiene especial importancia en un procedimiento que investiga decisiones administrativas, financieras y contractuales adoptadas para desarrollar la infraestructura.
La Comunidad Autónoma interviene en este caso como parte que reclama la reparación de los eventuales perjuicios económicos que pudieran haberse producido.
La prohibición de vender la desaladora no basta
Los magistrados también han rechazado otro de los argumentos de las defensas: que las medidas cautelares acordadas anteriormente hacían innecesaria la fianza de 70 millones.
Entre esas medidas figura la prohibición de disponer de la planta desaladora, destinada a impedir determinadas operaciones sobre el inmueble o la infraestructura mientras continúa el procedimiento judicial.
Sin embargo, la Audiencia considera que esa limitación no garantiza por sí sola las cantidades reclamadas por las acusaciones.
El tribunal entiende que impedir la disposición de la planta no equivale a disponer de bienes suficientes para cubrir todas las posibles responsabilidades civiles.
Por eso mantiene la obligación de prestar la fianza y la posibilidad de acordar embargos patrimoniales si no se constituye.
La decisión resulta especialmente significativa por la magnitud de la cuantía exigida y por la diversidad de responsables públicos y privados que aparecen en la investigación judicial.
Valcárcel afronta otra fianza de 74,2 millones de euros
La resolución sobre los 70 millones se suma a otra decisión judicial de enorme repercusión económica relacionada con la desaladora de Escombreras: la fianza de 74.194.332,55 euros impuesta al expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel en la pieza separada conocida como La Sal II.
En marzo de 2023, el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia abrió juicio oral contra Valcárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía solicitó para el expresidente una pena de once años y medio de prisión por su presunta participación en las irregularidades investigadas.
El juzgado le exigió una garantía económica de más de 74 millones de euros para responder de las eventuales responsabilidades derivadas de una condena. Su defensa recurrió la medida, pero la Audiencia Provincial de Murcia confirmó la cantidad el 29 de mayo de 2024.
La cuantía estaba respaldada por informes periciales que examinaban el presunto sobrecoste del sistema de arrendamiento de la desaladora.
Los informes comparaban distintas fórmulas de adquisición y explotación de la infraestructura y cifraban en algo más de 74 millones la diferencia económica atribuida a la operación investigada.
Valcárcel, que presidió la Región de Murcia entre 1995 y 2014, mantiene su derecho a la presunción de inocencia.
Aunque ambos procedimientos están relacionados con la misma desaladora, las fianzas corresponden a piezas judiciales diferentes y no pueden sumarse automáticamente para establecer el supuesto perjuicio económico ocasionado a la Administración regional.
Una operación bajo sospecha judicial
El caso de la desaladora de Escombreras gira alrededor de las decisiones adoptadas para construir, financiar y explotar una infraestructura destinada a producir agua desalada en la Región de Murcia.
La planta fue impulsada en un contexto de creciente demanda de agua, especialmente vinculada a las necesidades de abastecimiento y al desarrollo urbanístico de la comunidad.
La investigación judicial se centra en la legalidad de las decisiones administrativas y económicas que permitieron materializar la operación, los contratos suscritos, la participación de entidades públicas y privadas y los posibles sobrecostes para la Hacienda autonómica.
La causa ha acabado dividida en distintos procedimientos, con acusaciones contra antiguos responsables políticos y gestores vinculados a los organismos que participaron en la operación.
Las importantes cifras económicas que aparecen en las resoluciones judiciales reflejan la dimensión de las responsabilidades reclamadas, aunque será el tribunal encargado de juzgar los hechos quien deba decidir si se cometieron los delitos investigados y si existen cantidades que deban ser reintegradas a las arcas públicas.
¿Dónde están los 70 millones y qué bienes se han embargado?
La última resolución judicial deja abierta una cuestión importante: si los acusados han constituido efectivamente la fianza de 70 millones de euros o si se han practicado embargos para garantizarla.
El comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia confirma la obligación de prestar esa garantía y el apercibimiento de embargo en caso contrario, pero no informa de las cantidades depositadas ni identifica los bienes que pudieran estar afectados.
Tampoco aclara cuál es la situación patrimonial de las garantías exigidas al ex presidente Valcárcel en la pieza separada. ¿Ha depositado la fianza impuesta? ¿Se le han embargado los bienes?
El caso, además, se remonta a decisiones adoptadas hace aproximadamente dos décadas. En la pieza separada que afecta a Ramón Luis Valcárcel, el juicio fue señalado inicialmente para comenzar el 15 de septiembre de 2027 y prolongarse hasta el 9 de noviembre, con más de 80 testigos y 21 sesiones previstas.
Un caso millonario pendiente de sentencia
Los seis autos dictados por la Sección Segunda confirman la fianza de 70 millones y cierran la vía de los recursos ordinarios contra estas resoluciones.
La existencia de responsabilidades penales o civiles continúa pendiente del juicio oral y de la sentencia definitiva.
Después de años de investigación, el caso de la desaladora de Escombreras sigue planteando interrogantes sobre la gestión de una infraestructura pública, el coste de las decisiones adoptadas y las posibles consecuencias económicas para la Administración regional.