La Región de Murcia vuelve a quedar retratada en uno de los indicadores que mejor permiten conocer hasta dónde llega la protección pública de las personas más vulnerables. Es la comunidad autónoma con la puntuación más baja de España en desarrollo de los servicios sociales. Y no solo eso: mientras el conjunto del país aumenta su inversión, Murcia la reduce.
El Índice DEC 2025, presentado este jueves por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, otorga a la Región una calificación de 3,03 puntos sobre 10. Es la puntuación más baja de las 17 comunidades autónomas y sitúa al sistema murciano en la categoría de «irrelevante», junto a los de Extremadura y Cantabria.
La calificación no significa que la Región de Murcia carezca de servicios sociales, sino que su desarrollo, financiación y cobertura resultan muy limitados de acuerdo con los criterios de la asociación. El resultado regional empeora 0,23 puntos respecto a la edición anterior.
Detrás de esa puntuación hay una realidad que afecta directamente a la vida cotidiana: personas mayores que necesitan ayuda para seguir viviendo en casa, familias que buscan una plaza residencial, personas con discapacidad que requieren atención especializada y mujeres víctimas de violencia de género que precisan un alojamiento seguro. En todos estos ámbitos, Murcia presenta indicadores inferiores a la media española.
La Región de Murcia invierte 145 euros menos por habitante que la media española
El primer problema que identifica el informe es económico.
En 2024, último ejercicio con presupuestos liquidados disponible para elaborar el índice, las administraciones públicas de la Región de Murcia destinaron 430,3 euros por habitante a servicios sociales. La media española fue de 575,1 euros.
La diferencia es de casi 145 euros por persona y año. En términos relativos, Murcia gasta aproximadamente un 25 % menos que la media nacional.
Pero hay un dato todavía más significativo: mientras el gasto por habitante en España aumentó un 4,9 % durante 2024, en Murcia descendió de 431,8 a 430,3 euros.
También retrocedió el peso de los servicios sociales en el conjunto del gasto público regional y local. Las administraciones murcianas dedicaron a este ámbito el 8,2 % de su presupuesto, frente al 10,4 % de media en España.
Y si se compara el gasto con la riqueza regional, la diferencia persiste: Murcia destina el 1,59 % de su producto interior bruto a servicios sociales, mientras que el promedio español alcanza el 1,75 %.
No se trata, por tanto, de una carencia aislada en una prestación concreta. Los tres indicadores económicos analizados muestran que los servicios sociales tienen un peso inferior al que alcanzan en el conjunto del país.
El informe también señala el escaso peso de los ayuntamientos en la financiación del sistema. En la Región de Murcia, las entidades locales aportan el 13,7 % del gasto total en servicios sociales, frente al 25,8 % de media nacional.
La asociación considera que mejorar el sistema exige un mayor compromiso económico de las administraciones locales, además de recuperar la inversión autonómica.
Envejecer en la Región de Murcia: menos ayuda para permanecer en casa
Uno de los datos más preocupantes afecta a la ayuda a domicilio, un servicio fundamental para las personas mayores que necesitan apoyo para asearse, vestirse, alimentarse o realizar las tareas cotidianas sin abandonar su vivienda.
En la Región de Murcia, únicamente el 4,5 % de las personas mayores de 75 años recibe este servicio. La media española es del 12 %. Es decir, la cobertura regional ni siquiera alcanza la mitad de la nacional.
Además, quienes reciben ayuda a domicilio disponen de una media de 22,8 horas mensuales de atención. Son menos de seis horas semanales, aunque se trata de un promedio que incluye situaciones con diferentes necesidades de apoyo.
La Región de Murcia también presenta una menor cobertura de teleasistencia. Este servicio alcanza al 15,9 % de las personas mayores de 75 años, frente al 24 % de media nacional.
Las cifras muestran las dificultades que todavía existen para desarrollar una atención que permita a las personas mayores permanecer en su entorno habitual con los apoyos necesarios.
La situación tampoco mejora cuando se analiza la disponibilidad de residencias.
La Región de Murcia cuenta con 3,83 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 personas mayores de 75 años. La media española es de 5,5.
La diferencia refleja una menor disponibilidad relativa de plazas financiadas con recursos públicos. El informe no permite determinar cuántas personas están esperando una plaza ni cuánto tiempo tardan en conseguirla, pero sí constata que la cobertura murciana está por debajo de la media nacional.
La renta mínima apenas alcanza al 1,3 % de la población bajo el umbral de pobreza
Otro de los grandes déficits se encuentra en la protección de las personas con menos recursos.
Según los datos recogidos en el Índice DEC, las rentas mínimas autonómicas de inserción llegan únicamente al 1,26 % de la población murciana situada bajo el umbral de la pobreza. En el conjunto de España, la cobertura media es del 6,2 %.
Dicho de otro modo, la proporción de población bajo el umbral de pobreza que recibe una renta mínima autonómica es casi cinco veces mayor en el conjunto del país que en la Región de Murcia.
Conviene precisar que este indicador no incluye a todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital ni del resto de prestaciones públicas. Mide específicamente el alcance de las rentas mínimas autonómicas respecto a la población bajo el umbral de pobreza.
La diferencia, aun con esa precisión, muestra la limitada cobertura de uno de los instrumentos propios de las comunidades autónomas para combatir la exclusión social.
Violencia de género: menos de la mitad de las plazas de acogida de la media española
Las carencias también alcanzan a los recursos destinados a las mujeres víctimas de violencia de género.
La Región de Murcia dispone de 7,6 plazas de acogida por cada 100 mujeres con orden de protección adoptada en los juzgados. La media española es de 16,2 plazas.
La Región presenta, por tanto, una cobertura relativa inferior a la mitad de la media nacional. El indicador obtiene cero puntos en el apartado correspondiente del Índice DEC.
Estas cifras no permiten afirmar que las mujeres con orden de protección se hayan quedado sin alojamiento cuando lo han necesitado. Sí evidencian que la disponibilidad relativa de plazas de acogida es considerablemente menor que en el conjunto de España.
Las personas con discapacidad también disponen de menos recursos
El informe identifica asimismo importantes diferencias en los servicios destinados a las personas con discapacidad.
La cobertura de plazas residenciales en la Región de Murcia es del 1,2 % respecto al conjunto de personas adultas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. La media española alcanza el 1,8 %.
En los centros de día y ocupacionales, la diferencia también es significativa: Murcia presenta una cobertura del 2,2 %, frente al 3,2 % nacional.
Ambos indicadores reciben cero puntos en la valoración del índice.
La falta de plazas suficientes puede dificultar el acceso a servicios especializados y aumentar la necesidad de que las familias asuman directamente los cuidados. El informe, sin embargo, no cuantifica cuántas personas se encuentran en esa situación en la Región.
Un catálogo de servicios sociales todavía pendiente
La falta de inversión y las deficiencias de cobertura no son los únicos problemas que identifica la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El informe señala que la Región de Murcia todavía no había aprobado el catálogo de prestaciones y servicios sociales que debe desarrollar su legislación autonómica.
Este instrumento resulta importante porque concreta los servicios y prestaciones reconocidos, sus condiciones de acceso y las garantías asociadas a su prestación.
La Región sí cuenta con un Plan Regional de Servicios Sociales, aprobado con anterioridad, y tiene integrada la atención a la dependencia en su sistema público. Sin embargo, según la evaluación, sigue pendiente la aprobación del catálogo.
El índice también identifica carencias en la implantación de la historia social única y en el desarrollo de una estrategia y un comité autonómico de ética de los servicios sociales.
La Región dispone de una estructura legal y administrativa, pero todavía tiene pendiente completar instrumentos esenciales para desarrollar y garantizar las prestaciones reconocidas.
Hay avances, pero la Región de Murcia sigue sin cerrar la brecha
La Región ha incrementado la dotación de profesionales de la red básica de servicios sociales. En 2020 había un profesional por cada 2.441 habitantes. En 2025, la proporción ha mejorado hasta situarse en uno por cada 1.521 habitantes.
También ha avanzado en atención a la dependencia. Su puntuación en la escala del Observatorio ha pasado de 1,7 puntos en 2023 a 3,3 en 2025, aunque permanece por debajo de los 4,9 puntos de media estatal.
La Región de Murcia supera además la media española en acogimientos familiares de menores, que representan el 57,9 % del total, frente al 51,8 % nacional.
Y destaca en disponibilidad de alojamiento para personas sin hogar, con 180,5 plazas por cada 100.000 habitantes, más del doble de la media española.
Son mejoras y fortalezas que el informe reconoce expresamente. Pero no han sido suficientes para evitar que la Región vuelva a ocupar el último puesto de España en la valoración global del desarrollo de sus servicios sociales.
España: 20 millones de personas viven en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes
La situación murciana forma parte de un problema de alcance nacional.
Según el Índice DEC 2025, unos 20 millones de personas, el 42 % de la población española, residen en comunidades autónomas cuyos servicios sociales reciben las calificaciones de «débiles» o «irrelevantes».
La asociación advierte de las enormes diferencias territoriales en el acceso a prestaciones y servicios básicos. El lugar de residencia continúa condicionando las posibilidades de recibir atención a domicilio, acceder a una plaza residencial o disponer de determinados recursos de protección social.
El gasto público en servicios sociales alcanzó en España los 575,1 euros por habitante en 2024, un 4,9 % más que el año anterior.
Sin embargo, el peso de ese gasto sobre el PIB continúa disminuyendo. Ha pasado del 1,88 % en 2020 al 1,75 % en 2024.
La asociación alerta especialmente de la insuficiencia de los servicios que deberían permitir a las personas dependientes permanecer en sus domicilios, así como del deterioro de la cobertura de las rentas mínimas autonómicas.
El desafío de la Región de Murcia: convertir los derechos reconocidos en servicios reales
La radiografía que ofrece el Índice DEC deja una cuestión central sobre la mesa: no basta con reconocer derechos si los recursos disponibles no permiten desarrollarlos de manera efectiva.
En la Región de Murcia, los datos muestran una combinación de menor gasto público por habitante, cobertura insuficiente en servicios esenciales y prestaciones que todavía no alcanzan a una parte importante de su población potencialmente destinataria.
La Región ha mejorado en determinados indicadores, pero la distancia respecto a la media española persiste en ámbitos especialmente sensibles: la atención a las personas mayores, la dependencia, la discapacidad, la protección de las víctimas de violencia de género y las rentas mínimas.
Y mientras el gasto social por habitante aumenta en el conjunto de España, en la Región de Murcia ha retrocedido.
El informe sitúa así ante las administraciones murcianas un desafío concreto: recuperar la inversión, ampliar los recursos disponibles y completar el desarrollo de los derechos sociales para que su reconocimiento tenga una traducción efectiva en la vida de las personas.