La batalla contra la planta de biogás de Molina de Segura ha dejado de ser para los empresarios de La Polvorista una discusión sobre planos, licencias o expedientes administrativos. Ahora, dicen, el problema ha entrado en sus propias naves.
Lo describen con palabras que difícilmente caben en un informe técnico: «apestaba», «olía a rata muerta». Son algunas de las expresiones con las que empresarios de la zona relatan el episodio sufrido en la mañana del 28 de septiembre. Hablan de olores «insoportables», pero también de ruido constante y de vibraciones que, según denuncian, están afectando a industrias situadas en las proximidades de la planta.
La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista ha decidido dar un paso más y exige ya el cierre de la instalación.
Su argumento es sencillo: si las molestias que vienen denunciando forman parte del funcionamiento habitual de la planta, consideran que no puede darse por normal que centenares de trabajadores tengan que desarrollar su jornada en esas condiciones.
Detrás del mal olor, además, aparece una inquietud más profunda.
Los afectados aseguran que desconocen qué están respirando y reclaman respuestas sobre las sustancias que pueden estar llegando al exterior. Esa incertidumbre, sostienen, resulta especialmente preocupante porque en el polígono trabajan cientos de personas y porque entre las empresas próximas hay también industrias vinculadas a la producción de alimentos.
La Asociación insiste en que no cuestiona únicamente una molestia puntual. Habla de la continuidad de las empresas, de las condiciones laborales de las plantillas y de inversiones realizadas durante años.
Y advierte de que el problema puede terminar teniendo un importante coste económico.
Empresas que empiezan a plantearse marcharse
Los empresarios aseguran que algunas compañías están valorando ya su traslado a otros polígonos industriales. Alguna, según la Asociación, se plantea incluso cerrar.
El escenario que describen es preocupante: si persisten los olores, el ruido y las vibraciones, determinadas actividades podrían acabar considerando inviable continuar en la zona.
Pero marcharse tampoco sería gratis.
La Asociación está trabajando con sus abogados en la preparación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Molina de Segura para reclamar los perjuicios que puedan acreditarse y atribuirse a la actuación municipal que permitió la implantación de la planta en ese emplazamiento.
Entre esos daños sitúan los costes que podría suponer trasladar una empresa, pero también otro problema de difícil cuantificación: la posible pérdida de valor de las naves.
Los empresarios temen que una instalación industrial sometida a denuncias continuadas por olores, ruido o vibraciones termine afectando al precio de venta o alquiler de los inmuebles situados a su alrededor.
Y plantean una pregunta que, a su juicio, no debería recaer únicamente sobre ellos: quién asumirá esa pérdida patrimonial si finalmente se demuestra que existe.
Una planta nueva junto a empresas que llevan años allí
La Asociación insiste en un argumento que recorre toda su oposición al proyecto: las empresas estaban antes.
Los afectados consideran que negocios que llevan años funcionando en La Polvorista no deberían ver ahora condicionada su actividad por los impactos de una instalación que llegó después.
Por eso sostienen que no puede darse por hecho que sean las industrias preexistentes las que tengan que adaptarse a olores, ruidos o vibraciones que atribuyen a la planta.
Para la Asociación, la cuestión ya no es únicamente si la instalación dispone de las autorizaciones administrativas necesarias.
La pregunta es qué ocurre cuando una actividad autorizada comienza a generar, según denuncian quienes están a su alrededor, consecuencias que interfieren con el funcionamiento cotidiano de las empresas.
El segundo frente: quién responde por la planta
A las molestias se añade otro asunto que preocupa especialmente a los empresarios: el cambio de titularidad de la instalación.
La autorización ha pasado de HEYGAZ SPAIN, S.L. a HEYGAZ MOLINA, S.L.U.
Y los empresarios cuestionan si la Administración comprobó suficientemente todos los requisitos necesarios para efectuar ese cambio.
La nueva sociedad fue constituida con un capital social de 3.000 euros, según la información registral incorporada por los empresarios a sus escritos. Ese dato ha encendido las alarmas entre los afectados.
No porque un capital social de esa cuantía impida legalmente desarrollar una actividad empresarial, sino porque quieren saber qué garantías económicas existen realmente detrás de la sociedad que ahora figura como titular.
La preocupación es muy concreta. ¿Qué ocurriría si se produjera un accidente? ¿Quién respondería si alguna empresa acredita daños? ¿Existe un seguro suficiente para hacer frente a indemnizaciones importantes? ¿Hay garantías financieras adicionales? ¿Hasta dónde alcanza la cobertura existente?
La Asociación reclama que se hagan públicas las pólizas, garantías y compromisos de respaldo económico, incluyendo sus cuantías, alcance y posibles exclusiones. No quieren descubrir la respuesta después de que se produzca un daño.
Las dudas sobre el cambio de titularidad
Los empresarios cuestionan además cómo se ha documentado la transmisión.
Según exponen, el paso de HEYGAZ SPAIN a HEYGAZ MOLINA implica un cambio de persona jurídica y de NIF. Y consideran que la documentación debe permitir comprobar con absoluta claridad quién asume todas las obligaciones de la instalación.
La Asociación reclama el título de transmisión, el consentimiento de la anterior titular, la asunción expresa de responsabilidades por la nueva sociedad y la documentación necesaria para determinar cuándo se produjo realmente el cambio.
Su planteamiento es que una escritura de constitución acredita que una sociedad existe, pero no demuestra por sí sola que se haya transmitido correctamente un negocio o una instalación industrial.
También señala contradicciones en la documentación administrativa. Mientras una resolución identifica ya a HEYGAZ MOLINA como titular, otros documentos y actuaciones continúan refiriéndose a HEYGAZ SPAIN.
Para la Asociación, no es una cuestión de nombres. Es necesario saber con precisión qué empresa está obligada a cumplir las condiciones ambientales y quién debe asumir las responsabilidades si se producen daños.
Y el tercer frente está en los tribunales
Mientras los empresarios denuncian lo que ocurre dentro del polígono, otra batalla se desarrolla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha impugnado la licencia concedida a la planta.
Pero antes de que un juez llegue a analizar si esa licencia es legal o no, existe una discusión previa: si el CEU recurrió dentro de plazo.
Y en ese punto, lamentablemente, Ayuntamiento de Molina de Segura y HEYGAZ mantienen posiciones coincidentes. Ambos solicitan la inadmisión del recurso por considerarlo extemporáneo.
La coincidencia entre Ayuntamiento y empresa llega hasta un elemento muy concreto: los correos electrónicos enviados por el CEU a las familias.
Según la documentación, tanto el consistorio como HEYGAZ han pedido que se aporten al procedimiento judicial comunicaciones remitidas por el colegio a finales de noviembre de 2024.
Los escritos identifican incluso un correo determinado: el enviado el 26 de noviembre a las 14.02 horas.
¿Qué pretenden demostrar con él? Que el CEU conocía la existencia de la planta y de las obras antes de la fecha que sostiene y que, por tanto, dejó pasar el plazo para recurrir.
La consecuencia podría ser relevante: si el tribunal acepta la extemporaneidad, el procedimiento podría terminar sin que se analice la legalidad material de la licencia.
La estrategia procesal del Ayuntamiento de Molina de Segura, en manos de PP y VOX y de la empresa Heygaz es coincidente: no quieren que el juez entre el fondo del asunto.
Lo que el Ayuntamiento dijo en público
En el Pleno extraordinario celebrado el 23 de diciembre de 2024, el propio gobierno municipal reconoció problemas de información alrededor del proyecto.
El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Hernández Revelles, afirmó que el expediente se había iniciado «sin informar adecuadamente a los vecinos» y «sin abrir procesos de participación ciudadana reales». También aseguró que «la transparencia no es una opción, es una obligación«.
El alcalde, José Ángel Alfonso, manifestó igualmente su comprensión hacia las inquietudes ciudadanas por «la poca transparencia e información» existente desde el inicio de la construcción de la planta de biogás.
Es decir, en diciembre de 2024 el gobierno municipal admitía públicamente carencias de información.
Ahora, en sede judicial, sostiene que quienes cuestionan la licencia dispusieron de conocimiento suficiente como para haber recurrido antes.
La autorización ambiental también está recurrida
El conflicto no se limita a la licencia urbanística. La Asociación de Empresarios de La Polvorista también ha recurrido la modificación de la Autorización Ambiental Integrada aprobada por la Dirección General de Medio Ambiente el 25 de junio de 2026 y calificada por la Administración como “no sustancial”.
Según el recurso, el procedimiento comenzó con un objeto mucho más limitado: la renuncia a gestionar determinados residuos, entre ellos cadáveres de animales, purines porcinos y lodos de depuradora urbana. Sin embargo, durante la tramitación se incorporó un documento denominado “Proyecto Técnico Final construido”, que recogía la configuración definitiva de la instalación y una serie de cambios técnicos que iban más allá de esa simple renuncia.
Entre esas modificaciones figuran aumentos de superficies y consumos, una redefinición del sistema de tratamiento de olores, cambios en los focos de emisión, la incorporación de nuevas sustancias químicas y nuevas instalaciones y equipos no contemplados inicialmente.
La Asociación cuestiona que todo ese conjunto pudiera tramitarse como una modificación no sustancial y sostiene que debía haberse valorado de forma conjunta si los cambios exigían un procedimiento ambiental más amplio.
Los empresarios ponen además el foco en una expresión concreta del expediente: “final construido”. A su juicio, la resolución no estaría autorizando preventivamente una modificación futura, sino dando cobertura administrativa a una configuración de la planta que ya estaba ejecutada. Por eso sostienen que el control ambiental debía haberse producido antes y no después de la construcción de los cambios.
La Asociación de Empresarios de la Polvorista denuncia también que solicitó personarse en el expediente antes de que se dictara la resolución, pero que no pudo intervenir en la tramitación ni formular alegaciones sobre ese proyecto final, mientras la empresa sí dispuso de trámites de audiencia y pudo aportar nueva documentación.
Los empresarios pidieron reiteradamente acceso completo al expediente y que la Comunidad Autónoma terminó facilitándole documentación a las 16.31 horas del 6 de agosto, menos de veinticuatro horas antes del vencimiento del plazo para recurrir.
Los empresarios consideran que recibir una documentación masiva en esas condiciones no permitía ejercer una defensa efectiva.
Además cuestionan la integridad de lo recibido. Denuncian que se les entregaron carpetas con archivos, duplicados y saltos de numeración, pero sin un índice electrónico autenticado que permitiera comprobar que aquello constituía realmente el expediente completo.
Y aseguran que faltaban documentos relevantes, entre ellos la solicitud inicial de modificación, determinados documentos relacionados con la transmisión de la autorización y anexos del proyecto final.
Una batalla que ya no se libra solo en el papel
La planta de biogás de Molina acumula así varios conflictos simultáneos.
Uno se libra en las naves de La Polvorista, donde los empresarios denuncian olores, ruido y vibraciones.
Otro se prepara en los despachos jurídicos, con posibles reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento de Molina de Segura.
Un tercero gira alrededor del cambio de titularidad de la planta y de las garantías económicas de la sociedad que deberá responder de la instalación.
Y el cuarto está en los tribunales, donde todavía está por decidir si el juez se entra a analizar el fondo de la licencia.
Durante meses, la discusión ha estado dominada por conceptos administrativos: autorizaciones, expedientes, compatibilidad urbanística, plazos y recursos.
Ahora los empresarios quieren llevarla a algo mucho más tangible. A las condiciones en las que trabajan cada día. A lo que valen sus naves. A cuánto costaría marcharse. A quién pagaría los daños si se producen.
Y a una pregunta que resume buena parte del conflicto: ¿qué ocurre cuando una planta que ha superado los trámites administrativos empieza a generar unas molestias que quienes trabajan a su alrededor aseguran que ya no pueden soportar?
Para los empresarios de La Polvorista, la respuesta está clara: no piensan resignarse a convivir con ellas.
Por eso exigen el cierre de la instalación, mantienen las acciones judiciales y preparan nuevas reclamaciones.
Porque, según sostienen, lo que hasta ahora se discutía en cientos de páginas de expediente ya tiene una traducción mucho más sencilla dentro del polígono: se huele, se oye y se siente.