El Mar Menor sigue pagando las consecuencias de un modelo agrícola que ha llevado al límite sus recursos naturales. Mientras las administraciones anuncian medidas para recuperar la laguna, miles de hectáreas del Campo de Cartagena continúan regándose sin que consten los correspondientes derechos de uso del agua en la cartografía utilizada por WWF España.
No se trata de una sospecha sin fundamento. La organización ecologista ha recurrido a imágenes de satélite, fotografías aéreas y documentación oficial para localizar las explotaciones agrícolas con indicios de ilegalidad y calcular el agua que necesitan para mantener sus cultivos.
El resultado de su investigación es contundente: en 2024 se regaron 2.764 hectáreas fuera de las superficies con derechos reconocidos y se estima que se extrajeron 14,63 hectómetros cúbicos de agua subterránea para abastecerlas.
Son 14.630 millones de litros de un recurso cuya explotación insostenible ha contribuido al deterioro del acuífero y del ecosistema del Mar Menor.
Las cifras corresponden al último año analizado en el informe Aquí se roba agua. La agricultura ilegal sigue secando el Mar Menor. Acuífero del Campo de Cartagena, publicado por WWF España en 2026. No describen, por tanto, la situación actual de 2026, sino la evolución documentada hasta 2024.
La investigación reconoce una reducción importante de los regadíos potencialmente ilegales. Pero también deja una conclusión difícil de ignorar: el problema persiste y la recuperación del Mar Menor exige acabar con las extracciones que carezcan de autorización.
Un negocio agrícola que sigue dependiendo de un agua que no le corresponde
Durante años, el crecimiento del regadío intensivo en el Campo de Cartagena ha ido acompañado de una presión creciente sobre las aguas subterráneas.
El informe recuerda que la explotación por encima de la capacidad de recarga de los acuíferos provoca problemas de disponibilidad, deterioro de la calidad del agua y alteraciones de los ecosistemas que dependen de ella.
En el caso del Mar Menor, esta presión adquiere una dimensión especialmente grave. La laguna sufrió en 2019 el colapso de gran parte de su ecosistema como consecuencia, según WWF, del aporte desmedido de contaminantes generados por la agricultura intensiva.
La organización considera que el uso ilegal del agua agrava esa situación y perjudica también a los agricultores que cumplen las normas.
Porque el problema no es únicamente ambiental. Mientras unos productores respetan los derechos de riego y las limitaciones establecidas, otros pueden beneficiarse de un recurso público sin disponer de las autorizaciones correspondientes.
WWF advierte de que estas prácticas dificultan una gestión sostenible del agua y obstaculizan la recuperación del acuífero.
De 9.072 hectáreas en 2022 a 2.764 en 2024: el control funciona, pero no basta
La investigación muestra que la situación ha mejorado considerablemente desde 2022.
Aquel año, WWF identificó 9.072 hectáreas regadas fuera de las superficies con derechos reconocidos. En 2023 descendieron a 4.111 y, en 2024, a 2.764.
La reducción también resulta evidente en el volumen estimado de agua subterránea utilizada.
| Año | Superficie con indicios de ilegalidad | Extracción estimada |
|---|---|---|
| 2019 | 8.832 hectáreas | 44,68 hm³ |
| 2022 | 9.072 hectáreas | 41,51 hm³ |
| 2023 | 4.111 hectáreas | 19,55 hm³ |
| 2024 | 2.764 hectáreas | 14,63 hm³ |
La caída es significativa. Entre 2022 y 2024, la superficie de regadío potencialmente ilegal se redujo cerca de un 70% y el volumen estimado de extracción descendió aproximadamente un 65%.
WWF atribuye esta evolución, en buena medida, a las medidas de control adoptadas tras la declaración del acuífero del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico y la aprobación de la ley de protección y recuperación del Mar Menor.
También reconoce una mejora en la gestión por parte de los usuarios y otros agentes implicados. Sin embargo, la reducción del problema no equivale a su desaparición.
El propio informe señala que más del 99% de las superficies que seguían presentando indicios de ilegalidad en 2024 ya habían sido identificadas en los años anteriores.
Es decir, el estudio no detecta una expansión significativa hacia nuevas fincas. Lo que persiste es, fundamentalmente, una parte del regadío que ya estaba localizado.
WWF introduce una cautela importante: algunas de esas explotaciones podrían disponer de derechos que no figuran en la cartografía utilizada, actualizada en enero de 2022. Por ello, sus resultados identifican posibles irregularidades, pero no acreditan por sí solos la ilegalidad de cada explotación.
El agua que desaparece bajo los cítricos
Hay otro dato especialmente revelador. En 2024, los cítricos representaron la mayor parte del consumo estimado de agua subterránea asociado a las superficies con indicios de ilegalidad.
Según el informe, estas plantaciones ocuparon un sumatorio de 1.317 hectáreas regadas y necesitaron aproximadamente 7,88 hectómetros cúbicos de agua.
Eso supone más de la mitad de los 14,63 hectómetros cúbicos estimados para el conjunto de los cultivos investigados.
A esta cantidad se añaden 1,56 hectómetros cúbicos correspondientes a otros cultivos leñosos, entre ellos almendros, olivos y plantaciones jóvenes de cítricos. El problema es que estos cultivos generan necesidades de agua que se mantienen durante años.
A diferencia de las explotaciones hortícolas, cuya actividad puede variar entre campañas, las plantaciones leñosas representan una demanda estructural que dificulta ajustar las extracciones a la disponibilidad real del recurso.
Por este motivo, WWF reclama al Gobierno regional que revise y elimine las ayudas públicas destinadas a fomentar la implantación de cultivos leñosos en régimen de regadío intensivo.
La organización considera que seguir incentivando estas plantaciones puede comprometer la gestión sostenible de las aguas subterráneas en un territorio sometido a la incertidumbre del cambio climático.
Ni siquiera la franja de máxima protección del Mar Menor está libre de regadíos
Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación se encuentra junto a la propia laguna. WWF ha analizado la denominada Zona 0, una franja de 1.500 metros establecida para reforzar la protección del Mar Menor frente a la contaminación por fertilizantes y productos fitosanitarios utilizados en la agricultura.
En esa zona se establecen restricciones sobre la infiltración al acuífero de los retornos de riego con nitrógeno y límites a la fertilización.
Sin embargo, el estudio detectó que en 2024 seguían regándose 534 hectáreas dentro de esta franja de especial protección. De ellas, 313 correspondían a cultivos hortícolas, 209 a cultivos leñosos y 12 a invernaderos.
La superficie se ha reducido considerablemente respecto a las 1.245 hectáreas identificadas en 2019, antes de la entrada en vigor de la ley de protección y recuperación del Mar Menor.
Pero cinco años después del desastre ecológico de 2019, el regadío seguía ocupando más de medio millar de hectáreas en el entorno especialmente protegido de la laguna.
WWF considera que la reducción muestra una mejora del control, aunque insiste en que todavía queda trabajo por hacer.
Conviene precisar que el informe cuantifica el regadío existente en la Zona 0, pero no determina que las 534 hectáreas incumplan individualmente la normativa.
WWF exige a las administraciones que acaben con las extracciones ilegales
La organización ecologista no se limita a denunciar la situación. Su informe plantea actuaciones concretas y señala las responsabilidades que corresponden a cada administración.
Al Gobierno de la Región de Murcia le reclama eliminar todos los regadíos ilegales situados fuera de las zonas habilitadas para esta actividad.
También le pide que impulse una transición económica que reduzca la dependencia del agua destinada al cultivo intensivo e industrial.
A la Confederación Hidrográfica del Segura le exige aprobar y ejecutar urgentemente un programa de actuación para recuperar el acuífero del Campo de Cartagena, declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico desde 2020.
Ese programa, según WWF, debe incluir un plan anual de extracciones que limite los usos concedidos y permita reducir la presión sobre las aguas subterráneas.
La organización reclama, además, el cierre cautelar de captaciones en superficies que incumplan los límites territoriales establecidos para el regadío y el cierre de las captaciones que carezcan de derechos de uso consolidados y de una resolución firme de la Confederación.
Al Ministerio para la Transición Ecológica le solicita más medios para controlar las extracciones, contadores de lectura remota y seguimiento mediante satélites.
Y plantea otra medida que afecta directamente al destino del dinero público: cruzar las bases de datos de concesiones de agua con los beneficiarios de ayudas europeas y nacionales para garantizar que ningún agricultor ilegal perciba subvenciones.
WWF también reclama reforzar el Seprona de la Guardia Civil y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente para mejorar la detección, vigilancia e investigación de las extracciones ilegales.
El Mar Menor no puede esperar a que desaparezca el último regadío ilegal
El informe deja una conclusión tan incómoda como esperanzadora: las medidas de control están dando resultados, pero todavía no han conseguido acabar con un problema que lleva años comprometiendo los recursos hídricos del Campo de Cartagena.
Las extracciones estimadas han disminuido de forma notable. Los cultivos hortícolas potencialmente ilegales han retrocedido y también se ha reducido el regadío en la franja de protección de la laguna.
Pero el acuífero continúa sometido a una presión que WWF considera incompatible con su recuperación si no se mantienen y refuerzan las actuaciones.
La organización pide que las administraciones locales, regionales y estatales trabajen de forma coordinada, dispongan de presupuestos suficientes y cumplan sus obligaciones sin más demoras.
Su advertencia final es inequívoca: recuperar el acuífero del Campo de Cartagena y garantizar el futuro del Mar Menor exige terminar con todas las extracciones ilegales de agua.