Las palabras del diputado regional de Vox Martínez Nieto han provocado una respuesta en bloque de los principales colectivos LGTBIQ+ de la Región de Murcia. Once asociaciones han unido sus voces para denunciar lo que consideran un nuevo ataque contra las personas trans y, de manera especial, contra los niños, adolescentes y familias que conviven a diario con el rechazo, el miedo o la incomprensión.
La reacción no se limita a una condena pública. La Red Regional LGTBIQ+ estudiará si las declaraciones pueden tener consecuencias legales y plantea la posibilidad de actuar contra el parlamentario y contra Vox. Al mismo tiempo, dirige la presión hacia el Partido Popular, al que exige que abandone la ambigüedad y decida con quién quiere caminar.
«O con Vox o con la democracia», advierten las asociaciones.
Los colectivos sostienen, sin embargo, que el diputado despreció la normativa destinada a proteger a la infancia trans y utilizó un discurso que vuelve a presentar la transexualidad como una enfermedad.
Para las familias y entidades que trabajan con personas trans, esa mirada no es una discusión abstracta ni una simple disputa parlamentaria. Detrás de cada palabra hay menores que escuchan cuestionada su identidad, padres y madres que luchan para que sus hijos puedan crecer sin miedo, y adultos que continúan encontrando barreras en el colegio, el trabajo, la sanidad o la calle.
La Red califica las declaraciones de «repugnantes» e «infames» y considera que cruzan las líneas básicas de la convivencia democrática y del respeto a los derechos humanos.
La transexualidad dejó de considerarse una enfermedad
Las asociaciones recuerdan que la Organización Mundial de la Salud dejó de clasificar la transexualidad como un trastorno mental. La undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aprobada en 2018, trasladó la incongruencia de género fuera del capítulo dedicado a los trastornos mentales y la situó en el ámbito de la salud sexual.
Ese cambio no fue solo una modificación técnica. Supuso desmontar una visión que durante décadas había convertido la identidad de las personas trans en una patología y había contribuido a justificar la discriminación, la estigmatización y los denominados tratamientos de conversión.
Por eso, la Red considera que insistir en presentar a las personas trans como enfermas no puede entenderse como una opinión inocua. A su juicio, se trata de un mensaje que deshumaniza, señala y alimenta el rechazo social hacia un colectivo especialmente vulnerable.
Las entidades ponen el foco en la infancia. Advierten de que los discursos políticos tienen consecuencias fuera de los parlamentos: llegan a las aulas, a los hogares y a las redes sociales, donde muchos menores trans se enfrentan al acoso y a la sensación de que su propia existencia está permanentemente sometida a debate.
El foco se desplaza hacia el Partido Popular
La respuesta de las asociaciones no se dirige únicamente contra Vox. Buena parte de la presión recae sobre el Partido Popular de la Región de Murcia y sobre la relación política que mantiene con la formación de extrema derecha.
Los colectivos exigen a los populares que rompan cualquier acuerdo con Vox y se sumen a un «cordón sanitario» para impedir que este tipo de discursos se normalicen dentro de las instituciones.
«Es hora de que el Partido Popular elija bando», sostienen.
La Red considera incompatible defender públicamente los derechos humanos y, al mismo tiempo, sostener alianzas con una formación cuyos representantes cuestionan los derechos de las personas LGTBIQ+. Para los colectivos, guardar silencio o continuar actuando con normalidad política después de estas declaraciones equivale a blanquear el mensaje.
Las asociaciones elevan aún más el tono y advierten de que, si el PP mantiene intacta su relación con Vox, lo considerarán responsable político de haber permitido la difusión y normalización de discursos que pueden favorecer la LGTBIfobia.
Se trata de una acusación política formulada por la Red, no de una responsabilidad acreditada judicialmente. Pero revela hasta qué punto las entidades consideran agotado el margen para la equidistancia.
Posibles acciones legales contra Martínez Nieto y Vox
La Red Regional LGTBIQ+ analizará ahora las palabras del diputado para determinar si existen fundamentos suficientes para acudir a los tribunales.
Las asociaciones plantean una posible acción legal por delito de odio, aunque por el momento no han anunciado la presentación formal de una denuncia. La valoración penal dependerá del contenido exacto de las declaraciones, del contexto en el que fueron pronunciadas y de si cumplen los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia.
No toda expresión ofensiva o discriminatoria constituye automáticamente un delito de odio. Para que exista responsabilidad penal, los tribunales deben analizar, entre otras cuestiones, si el mensaje promueve o incita de manera pública al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra una persona o un grupo por motivos relacionados con su identidad.
Las asociaciones quieren examinar ese límite jurídico. Mientras tanto, sostienen que, con independencia del recorrido judicial que pueda tener el caso, las declaraciones ya han causado un daño político y social.
El Orgullo como respuesta colectiva
Frente al discurso que denuncian, los colectivos llaman a responder ocupando las calles. La Red anima a la ciudadanía a participar de forma masiva en las próximas celebraciones del Orgullo previstas en distintos municipios de la Región de Murcia.
La invitación no se limita a las personas LGTBIQ+. También interpela a familias, amigos y ciudadanos que consideran que la diversidad forma parte de una sociedad democrática.
Murcia, Yecla, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Totana, Los Alcázares y Águilas acogerán las próximas movilizaciones. La Red quiere que esas convocatorias se conviertan en una demostración pública de apoyo frente a los mensajes que cuestionan los derechos y la dignidad de las personas trans.
«La democracia nos va en ello», concluyen las asociaciones.
La frase resume el fondo de una polémica que va más allá del enfrentamiento entre partidos. Para los colectivos, lo que está en juego no es únicamente una ley o una declaración concreta, sino el derecho de miles de personas a vivir sin que su identidad se utilice como arma política.
Once asociaciones unidas frente a Vox
La respuesta está respaldada por No Te Prives; el colectivo Galactyco de Cartagena y comarca; Lorcaíris LGTBIAQ+ Feminista; Epéntica, Colectivo Feminista LGTBeniel; La Traca, de Cieza; Águilas Diversa; ¿Lo Tienes Claro?, de Los Alcázares; Orgullo Yecla; Noroeste Diverso; Chrysallis Murcia, asociación de familias de infancia y juventud trans; y Vihsibles Región de Murcia.
Organizaciones con historias y ámbitos de actuación distintos, pero con una misma advertencia: los derechos conquistados no son irreversibles y el lenguaje político puede abrir espacios de convivencia o convertir a una minoría en objetivo.
Ahora, la decisión se traslada también al Partido Popular. Los colectivos esperan una respuesta clara: condenar las palabras, marcar distancias con Vox o asumir el coste político de guardar silencio.
López Miras guarda silencio
El Partido Popular de Fernando López Miras guarda silencio. No ha condenado las palabras pronunciadas por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto contra las personas trans ni ha marcado distancias públicamente con su socio parlamentario. VOX es el socio preferente del Gobierno regional.
El delegado del gobierno, Francisco Lucas, escribió en X «Antonio Nieto, eres tan cobarde que no te atreves a decirlo sin el amparo de la inmunidad parlamentaria. No podemos normalizar esta salvajada. No es una opinión, es odio».
La reacción política más contundente ha llegado desde Podemos. Su diputada en la Asamblea Regional, María Marín, ha anunciado que denunciará a Antonio Martínez Nieto ante la Comisión del Estatuto del Diputado y pedirá una «sanción ejemplar» por sus palabras.
La diputada sostiene que un parlamento democrático no puede normalizar discursos que presentan como enfermas o trastornadas a miles de personas por su orientación sexual o su identidad de género.
«La libertad de expresión no puede amparar a un diputado que se comporta como un nazi», afirmó la portavoz de Podemos, que acusó directamente al Gobierno regional de mantener una relación política con quienes difunden ese tipo de mensajes.