La Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto diligencias de investigación por el incendio forestal de Los Garres, después de la denuncia presentada por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, Huermur.
El fuego afectó al entorno del Castillo de Los Garres, un yacimiento arqueológico protegido como Bien de Interés Cultural, y alcanzó aproximadamente 177 hectáreas de terreno en las proximidades del Parque Regional de El Valle y Carrascoy.
La apertura de estas diligencias no implica, por el momento, que se hayan determinado las causas del incendio ni que se haya atribuido responsabilidad alguna. La investigación deberá recabar información sobre las circunstancias en las que se originó y propagó el fuego, así como sobre sus consecuencias para el patrimonio histórico y el medio natural.
Huermur había solicitado a la Fiscalía que investigara los posibles daños ocasionados tanto al Castillo de Los Garres como a los valores ambientales de la zona afectada por las llamas.
El presidente de la asociación, Sergio Pacheco, considera que la intervención del Ministerio Público supone “un paso importante para esclarecer lo sucedido”.
“Confiamos en que la investigación permita determinar las causas del incendio, conocer el alcance real de los daños ocasionados tanto al Castillo de Los Garres como al entorno natural afectado y, en su caso, depurar las responsabilidades que correspondan”, ha señalado.
Pacheco ha subrayado que el fuego alcanzó “un enclave histórico de más de mil quinientos años de antigüedad” y un espacio natural de gran valor ambiental para la Región de Murcia.
Un yacimiento ya amenazado por el abandono
El Castillo de Los Garres conserva restos de una fortificación cuyos orígenes se sitúan entre los siglos IV y VII, durante la Antigüedad Tardía. El enclave está relacionado con los últimos momentos de la presencia romana en el sureste de la península ibérica y con la etapa visigoda posterior.
El yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural, la máxima categoría de protección prevista por la legislación española para el patrimonio histórico.
Antes del incendio, el monumento ya se encontraba en una situación delicada. El Castillo de Los Garres figura en la Lista Roja del Patrimonio elaborada por la asociación Hispania Nostra, que reúne bienes culturales amenazados por el abandono, el deterioro o el riesgo de desaparición.
Huermur sostiene que llevaba denunciando públicamente desde 2023 el estado de conservación del enclave y la necesidad de adoptar medidas para evitar que continuara degradándose.
La investigación deberá aclarar ahora si las llamas afectaron directamente a las estructuras arqueológicas, a los materiales conservados en el yacimiento o a su entorno inmediato. La nota difundida por la asociación no incluye todavía una valoración técnica oficial que cuantifique esos daños.
Daños en el entorno de El Valle y Carrascoy
El incendio arrasó aproximadamente 177 hectáreas de terrenos próximos al Parque Regional de El Valle y Carrascoy. El fuego afectó a zonas forestales, áreas de matorral mediterráneo y hábitats de valor ecológico y paisajístico.
Huermur advierte de que la zona desempeña una función relevante como corredor ecológico y alberga vegetación, fauna silvestre y ecosistemas característicos de este espacio natural.
La asociación reclama que la investigación permita determinar con precisión la superficie afectada, la gravedad de los daños y las medidas necesarias para recuperar los valores naturales perjudicados.
Petición de inspecciones y de un plan de recuperación
Al margen de la actuación de la Fiscalía, Huermur ha solicitado a la Consejería de Cultura de la Región de Murcia y al Ministerio de Cultura que realicen inspecciones técnicas en el Castillo de Los Garres y en su entorno arqueológico.
La asociación pide que especialistas evalúen los daños causados por el fuego y que se impulse un plan integral para conservar, restaurar y poner en valor el monumento.
Las diligencias abiertas por la Fiscalía se encuentran en una fase inicial. Su finalidad será comprobar los hechos denunciados y determinar si existen indicios que justifiquen la adopción de nuevas actuaciones o el traslado del caso a un órgano judicial.
Mientras avanza la investigación, continúa pendiente una evaluación oficial que establezca el alcance real de los daños sufridos por el yacimiento y por el espacio natural afectado.