Publiqué este artículo el 10 de febrero de 2019. Lo vuelvo a publicar hoy, 1 de marzo de 2026, por una razón muy concreta: el problema no solo persiste, sino que ahora sabemos que el Gobierno regional ha ocultado un informe que evidencia la contaminación por metales pesados en terrenos agrícolas del Campo de Cartagena.
No hablamos de hipótesis. No hablamos de alarmismo. Hablamos de un documento técnico que acredita la presencia de contaminantes muy peligrosos en suelos donde se cultivan alimentos que terminan en la cadena alimentaria. Y no solo eso, desde 2022 saben que hay transferencia de metales pesados a cultivos como la lechuga. La tesis doctoral advierte de riesgos para la salud en caso de ingesta continuada, y por eso recomienda monitorización y control periódico en zonas agrícolas con influencia minera. Esos alimentos se están comercializando.
Y no solo eso, en 2019 también había informes que alertaban de la exposición de la población infantil del Llano del Beal a metales pesados. Ya entonces la Organización Mundial de la Salud advertía queen niños no existe un nivel seguro de plomo. Ya entonces había cinco informes técnicos señalando riesgos.
Desde entonces, las administraciones han anunciado planes, estudios y estrategias. Pero hoy sabemos que también se ha retenido información relevante para la salud pública.
Reedito este artículo porque el tiempo no ha neutralizado la amenaza. Porque la ocultación agrava la desconfianza. Y porque cuando la información no circula desde el poder, debe circular desde el periodismo.
Lo que entonces era una advertencia hoy es una responsabilidad pendiente.
Hace aproximadamente un año, el doctor Juan Antonio Ortega, director de la Unidad de Salud Medioambiental del hospital Virgen de la Arrixaca, declaró como testigo en sede judicial y advirtió de que los niños de la Sierra Minera expuestos a metales pesados como el plomo estaban perdiendo capacidad de desarrollo neuronal y cognitivo debido al plomo. No hablaba de hipótesis, sino de efectos medibles sobre organismos en pleno crecimiento.
Si un especialista en salud ambiental infantil alerta ante un juez de daño neurológico asociado a exposición a tóxicos, la respuesta institucional no puede ser el silencio ni la dilación.
¿Qué ha hecho el Gobierno regional desde entonces?
¿Cuántos informes más deben redactarse? ¿Cuántas comparecencias técnicas, cuántos estudios epidemiológicos, cuántas advertencias científicas tienen que conocerse para que se actúe con la urgencia que exige la protección de la población? ¿Qué más tiene que publicarse para que se adopten medidas estructurales y no meros parches administrativos?
Cuando la evidencia se acumula y la acción no llega, la inacción deja de ser técnica y se convierte en política. Y cuando están en juego derechos fundamentales -el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado- la responsabilidad no admite excusas presupuestarias ni conflictos competenciales.
Si la Comunidad Autónoma no ejerce plenamente sus competencias para proteger a la población y garantizar la descontaminación efectiva de los suelos afectados, corresponde al Estado velar por el cumplimiento de la ley y por la salvaguarda del interés general, utilizando los mecanismos constitucionales previstos para situaciones de incumplimiento grave.
ARTÍCULO: «Mi hijo tiene plomo, no me pidan más tiempo»
La Organización Mundial de la Salud advierte de que el plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. Se estima que los niños, por su costumbre de llevarse todo a la boca, pueden llegar a absorber cuatro o cinco veces más plomo que un adulto. Cuando el plomo está presente en la sangre, circula por todo el organismo ocasionando daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro. Anemia, efectos tóxicos renales, efectos neurológicos y neuroconductuales, así como alteraciones en el desarrollo cognitivo se suman a la larga lista de efectos nocivos que el plomo puede causar a la salud humana. Por eso la OMS advierte de que “no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro” y que “en niños no existe un nivel conocido de plomo sin efecto».
La contaminación no es invisible
La contaminación por metales pesados deja rastro en sangre, orina, pelo y uñas, pero la Consejería de Salud parece empeñada en borrar ese rastro con medias, medianas y percentiles estadísticos con los que ha intentado confundir a la opinión pública y a los padres de la diputación cartagenera de El Llano del Beal.
No comprenden los vecinos que, tratándose de EMBLEMA, un estudio epidemiológico preliminar y sin resultados aún sobre la contaminación por arsénico, las autoridades sanitarias murcianas se hayan lanzado a asegurar a la prensa que “vivir en la zona minera de Cartagena-La Unión no conlleva un riesgo superior para la salud” y que, “aunque los niveles de metales pesados son ligeramente elevados en la zona minera”, no consideran que haya que adoptar medidas urgentes porque el riesgo “no es significativo”. “Algo está pasando, es evidente”, ha tenido que reconocer el consejero Manuel Villegas, que aboga por “identificar los riesgos”, como si vivir rodeado de balsas mineras contaminadas, como sucede en el Llano del Beal, no fuese suficiente factor de riesgo.
Un dato. El plomo mata a 256.000 personas al año en Estados Unidos, según un estudio observacional publicado en 2018 en la revista científica The Lancet Public Health. Este trabajo encontró que incluso los bajos niveles de plomo en sangre -entre 1 y 5 microgramos por decilitro- aumentan el riesgo de muerte prematura, especialmente por enfermedades cardiovasculares.
La diputación cartagenera de El Llano del Beal es un enclave históricamente ligado a la explotación minera desarrollada en la Sierra de Cartagena-La Unión entre 1840 y 1990. Sus habitantes se dedican ahora principalmente a la construcción, a la agricultura y al sector servicios, muchas mujeres como empleadas del hogar fuera del pueblo, en numerosos casos sin contrato. “En este pueblo no hay trabajo para nadie. Se ha convertido en un pueblo dormitorio”, se lamentan los vecinos de esta pequeña y paupérrima población cartagenera que las autoridades políticas parecen haber abandonado a su suerte.
No hay suelo disponible ni siquiera para un parque infantil. Sus tiempos de esplendor minero son solo recuerdos de otra época en la que hasta el fundador de UGT y del PSOE, Pablo Iglesias, acudió en 1916 a inaugurar la Casa del Pueblo, la segunda más antigua de España. Ahora la tasa de paro supera el 30%.
Una población zarandeada continuamente por los vientos de Levante y Lebeche, de casas bajas y calles polvorientas, cuyos habitantes -unos 2.200 aproximadamente- viven rodeados de balsas mineras contaminadas. El paisaje rojizo de los mordiscos a la sierra, los charcos de aguas envenenadas y las eflorescencias salinas que afloran por doquier dibujan el escenario cotidiano de sus gentes.
El pueblo huele a azufre y sabe a hierro, solo que los vecinos de El Beal, de tanto paladearlo, ya no notan el sabor metálico que se te mete en la boca. Nunca pensaron que el polvo ocre que sigue escupiendo la mina y se cuela por todas partes estaría envenenándoles la vida. O que las eflorescencias salinas que pisan y tocan los niños por los caminos, las plazas y hasta dentro del propio colegio eran tan peligrosas. Nadie les informó. Nadie les alertó.
Un informe elaborado por el Departamento de Química y Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, firmado en noviembre de 2017, advierte de que metales pesados como el plomo, el cadmio y el arsénico “podrían poner en riesgo la salud humana o los ecosistemas”. La Guardia Civil analizó muestras de suelo recogidas en las instalaciones del colegio público San Ginés de la Jara de El Llano, previa denuncia del investigador José Matías Peñas, que había detectado con estupor la existencia de eflorescencias salinas -piritas, las llaman los lugareños- en el mismo patio de tierra donde jugaban los niños.
Aquello le llevó a analizar pelo, orina y uñas de un centenar de menores y descubrió que 92 de ellos presentaban niveles anómalos de metales pesados. Matías Peñas recuerda con tristeza el caso de un bebé de nueve meses con 30,58 microgramos de arsénico por litro, cuando el valor máximo permitido para un trabajador adulto expuesto es de 35. Para él no hay duda de que “se está produciendo una transferencia de metales pesados y metaloides a los niños de la diputación del Beal”.
Ambos informes fueron remitidos a la Fiscalía de Cartagena, que abrió diligencias, realizó una inspección ocular y quedó a la espera de que Sanidad remitiera los resultados de las analíticas. “El tema está judicializado”, dice el fiscal jefe Díaz Manzanera, “porque los informes confirman efectivamente que hay residuos mineros tóxicos y que las escorrentías con residuos mineros cruzan por el mismo patio del colegio”. La Fiscalía de Cartagena, con alarmante lentitud dada la gravedad del asunto -son niños-, trata ahora de acotar responsabilidades, “porque los terrenos mineros son propiedad privada de la empresa Portmán Golf, pero las autoridades públicas tienen el deber de proteger la salud de las personas y el medio ambiente”, añade el fiscal jefe.
Otros dos informes realizados por los laboratorios AFESA y Labaqua, a petición de la Dirección General de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Cartagena respectivamente, también concluyen que en la diputación del Llano del Beal, en pleno corazón de la sierra minera, existen elevadas concentraciones de metales pesados en el suelo y advierten del riesgo de toxicidad y carcinogénesis. El arsénico está considerado carcinogénico del Grupo 1 por la International Agency for Research on Cancer, el metal para el que EMBLEMA aún no tiene resultados, aunque las muestras se tomaron entre mayo y julio de 2018. Explican desde la Consejería de Salud que “esa prueba lleva tiempo”, pero los expertos consultados para este artículo aseguran que, en laboratorio, el arsénico se obtiene en el mismo plazo que el resto de metales.
Otro informe elaborado por la Dirección General de Minas, tras una inspección visual al colegio San Ginés de la Jara y solares anexos a finales de mayo de 2017, aconsejó proceder a la descontaminación de los terrenos próximos al centro escolar conforme al Decreto 9/2005, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo. Los técnicos detectaron la presencia de lodos de flotación y eflorescencias salinas dispersas.
La Consejería de Educación procedió entonces a cambiar las ventanas del vetusto colegio y a pavimentar los suelos donde juegan los niños. Medidas que ayudan, pero no solucionan el problema porque, como denuncian los vecinos, la balsa minera San Agustín está a pocos metros de las instalaciones educativas y el polvo con residuos tóxicos sigue llegando y colándose por doquier, tanto en el centro escolar como en las viviendas. El Ayuntamiento de Cartagena tampoco ayuda: sigue empantanado con su Plan General de Ordenación Urbana y los equipos de limpieza que envía al Llano del Beal continúan utilizando sopladoras.
Cinco informes alertan de la contaminación por metales pesados
Un total de cinco informes realizados a lo largo de 2017 alertan de la concentración anómala de metales pesados como plomo, cadmio, zinc y arsénico en la diputación cartagenera del Llano del Beal, a los que el Gobierno regional ha respondido con un estudio epidemiológico denominado EMBLEMA que, según expertos consultados, no resiste una revisión científica rigurosa.
EMBLEMA debía responder a la siguiente pregunta de investigación: “¿Vivir hoy en día en la Sierra Minera de La Unión-Cartagena significa tener mayor nivel de metales pesados en el organismo que una población similar alejada?”. Y ahí radica, según los expertos, el primer fallo científico. Se eligió como población control a pueblos de Cartagena -El Albujón, Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma-, zonas sometidas históricamente a contaminación industrial. La población de referencia con la que comparar, sostienen los especialistas, debería haber estado lo más alejada posible de focos contaminantes.
Aun así, EMBLEMA, que examinó a 194 parejas de niños (6 a 11 años) y madres de La Unión, Llano del Beal, El Estrecho y Portmán, arroja que el 95% de los menores que viven en la zona minera tienen menos de 3,7 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Eso significa que un 5% de los niños analizados presenta niveles superiores. Y esa es la noticia realmente alarmante porque, si extrapolamos ese 5% al total de la población infantil de las cuatro localidades muestreadas, ¿de cuántos menores estaríamos hablando?
Hay 17 familias que deberán someterse a revisiones y siete niños con niveles de plomo por encima de 4 y 5 microgramos por decilitro de sangre, según el estudio EMBLEMA, pero la Consejería de Salud no ha detallado dónde residen ni ha ofrecido datos desagregados por poblaciones.
Han llegado incluso a atribuir el cadmio al tabaco, pero no consta que fumen los niños de 6 a 11 años examinados. E insisten en que la OMS establece en 5 microgramos el nivel mínimo de plomo y cadmio en sangre para adoptar medidas preventivas. Lo que no cuentan es que, en el caso de los niños, los pediatras han rebajado ese umbral a 3 microgramos por decilitro. Los boletines de análisis remitidos por el hospital Virgen de la Arrixaca dentro del programa de vigilancia Centinela advierten en negrita que “en niños NO existe un nivel de plomo conocido sin efecto” y que “en países desarrollados la media geométrica en niños es inferior a 2 microgramos por decilitro”.
Falta transparencia
Miguel Motas, reconocido toxicólogo español, admite que los resultados de EMBLEMA le han “sorprendido”, porque conoce de primera mano que el nivel de exposición en esas poblaciones es elevado. En 2015 dirigió una investigación en Portmán sobre la presencia de metales pesados en leche materna y descubrió que los niveles eran tres y cuatro veces superiores a los recomendados por la OMS, lo que constituía un peligro para los bebés, al tratarse del alimento exclusivo de un organismo que no puede metabolizar ni eliminar adecuadamente esos metales y cuya barrera hematoencefálica aún no está plenamente desarrollada.
Motas considera que ha faltado transparencia en la presentación de los datos. “Ya que se ha invertido dinero y los resultados parecen positivos, me sorprende que no se muestren como es debido, que no hagan una exposición más completa”, afirma. “Hay que ofrecer datos desagregados por poblaciones, tener en cuenta la variabilidad y, sobre todo, no ser tan optimista con las medidas. Aquí no se trata de estadísticas, sino de proteger a quienes presentan niveles más elevados, teniendo en cuenta que los niños son el sector más vulnerable. Hay que prestar atención a los que están por encima, no a los que están por debajo”.
No entiende que no se hayan utilizado matrices como pelo y uñas, que permiten medir exposición crónica, ni que no se haya incluido a menores de seis años ni a niños con necesidades especiales, más expuestos por sus hábitos conductuales. Y le resulta especialmente llamativo que no se hayan aportado datos del arsénico.
“Aunque solo haya un niño por encima de lo recomendado, tenemos un problema. El más mínimo riesgo es una mala noticia”, concluye.
«No tenemos dinero para limpiar lo que echa todo el mundo»
Los padres y madres del Llano del Beal que el pasado miércoles acudieron a la reunión con las autoridades sanitarias para conocer los resultados del estudio EMBLEMA se levantaron indignados de la mesa cuando el director general de Medio Ambiente, Antonio Luengo, les dijo que les estaban “faltando al respeto” al afirmar que la Administración regional “no estaba haciendo nada”. El mismo Luengo que meses antes había elogiado que se constituyeran como plataforma porque, decía, eso “ayuda a alertar y a concienciar”. Incluso les emplazó a que le remitieran un documento con las medidas que consideraban más urgentes para el pueblo. Y así lo hicieron el 16 de diciembre de 2018.
En otoño del pasado año, la plataforma de afectados por la contaminación de metales pesados de El Llano del Beal fue citada a una nueva reunión en la Dirección General de Medio Ambiente, a propuesta de Antonio Luengo (ahora senador del PP) a la que también asistieron la directora general de Industria, Esther Marín, y técnicos de la Comunidad Autónoma. Uno de ellos llegó a comentar, de manera muy desafortunada, que “el cáncer está en todas partes”, después de que una vecina relatara que “en cada familia del pueblo hay un enfermo de cáncer” y que el oncólogo de su madre y de su tío les había dicho que “todo el pueblo del Llano del Beal acabará pasando por oncología”.
Aquella reunión, que se prolongó durante hora y media, fue reveladora para los vecinos. Comprobaron que ni El Beal ni el medio ambiente forman parte del paisaje mental de nuestros responsables políticos, hasta el punto de proponer como solución urgente la plantación de un frondoso seto vegetal alrededor del pueblo para frenar el polvo tóxico.
Intentaron justificar su inacción de múltiples formas: que si “Bruselas no concede fondos europeos porque son terrenos privados”, que si “los recursos presupuestarios de la Comunidad Autónoma son escasos”, que si “Murcia no es prioritaria para el Gobierno de España”, que si “no se puede barrer toda la sierra minera”, que si “Portmán Golf tiene importantes despachos de abogados”. Y, sobre todo, una frase que lo resume todo: “No tenemos dinero para descontaminar lo que echa todo el mundo y los juzgados no ayudan”, dijo uno de los altos cargos presentes. Explicaron a los vecinos que la empresa Portmán Golf quería colaborar, pero que obligarla a actuar en 6.000 hectáreas la llevaría a la quiebra. “Podemos hacer que hagan lo más urgente”, añadieron.
Pero lo cierto es que la empresa Portmán Golf, que según las autoridades regionales está dispuesta a colaborar, aún no ha presentado el plan de abandono de labores mineras, lo que implicaría asumir la restauración ambiental de la sierra y el desembolso de millones de euros. Se mantiene en suspensión temporal de la actividad minera. Al mismo tiempo, está segregando balsas mineras con residuos peligrosos hacia otras sociedades del grupo para protegerse económicamente en caso de que la Administración ejecute subsidiariamente las obras de descontaminación. ¿Por qué la Dirección General de Minas no declara la caducidad de la concesión minera, si lleva años sin explotación efectiva, para forzar la ejecución del plan de recuperación ambiental?
«No tenemos tiempo»
“Mi hijo tiene plomo. No nos pidan más tiempo porque llegará la enfermedad”, dice el portavoz de la plataforma de afectados por la contaminación de metales pesados de El Llano del Beal, Juan Francisco Ortuño. Siente rabia, impotencia, indignación y miedo. Indignación cuando escucha en la radio a dirigentes políticos afirmar que “lo primero son las personas”. Y miedo porque en una de las calles del pueblo han fallecido varios vecinos por cáncer en los últimos años.
En un colegio con 230 alumnos, 51 requieren necesidades educativas especiales que la Consejería de Salud no quiso incluir en el estudio EMBLEMA, pese a la insistencia de sus padres. Alegaron que “se metían muchas cosas en la boca, se chupaban los dedos y eso podía desvirtuar el estudio”.
El farmacéutico del pueblo y representante de la Asociación de Vecinos del Llano del Beal, Juan Ernesto Peña, compareció el 24 de octubre de 2018 en la Asamblea Regional e informó a los diputados de que, por su condición profesional, había visto analíticas aportadas por vecinos. “Los niveles de plomo que he visto son muy altos. Valores de 8 y 13 microgramos por decilitro en niños de 3 años. Estamos sometiendo a toxicidad a la infancia del pueblo constantemente y hay que protegerles porque son los más vulnerables”.
Peña añadió que “la investigación científica concluye que la exposición al plomo provoca una limitación acumulada en el desarrollo cognitivo, una pérdida enorme e imposible de cuantificar. ¿Cómo medimos la pérdida en cada niño de tres o cuatro puntos de coeficiente intelectual?”.
¿Y el PRASAM?
Con el estudio EMBLEMA, la Comunidad Autónoma dispone de un documento que mostrar a la Fiscalía y de una nota de prensa tras la que parapetarse, con la que ha intentado calmar la inquietud social. Y tiene un plan en PDF: el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería 2018-2028 (PRASAM), que el consejero Javier Celdrán presentó al Consejo de Gobierno el 10 de octubre de 2018 y que sigue sin aprobarse.
Anunció una inversión público-privada de 85 millones de euros para la recuperación ambiental, bajo el principio de “quien contamina, paga”, mediante acuerdos voluntarios con los responsables de la contaminación. Pero no se ha previsto qué ocurrirá si esos responsables se niegan a colaborar. La experiencia demuestra que en España rara vez pagan quienes contaminan: pagamos todos.
No consta que se haya realizado el inventario de suelos contaminados en el entorno de El Llano del Beal. No se sabe en qué punto están los trámites para la reforestación de la Sierra Minera, para la que se anunció un millón de euros en 2019. No consta que se hayan constituido los comités de Asesoramiento Científico y de Participación Social. No consta que se haya aprobado el decreto de medidas urgentes en espacios afectados por la minería.
Consta, eso sí, una actuación de urgencia en la balsa minera San Cristóbal II de Mazarrón porque “ofrecía riesgo para las personas”, y una partida de cuatro millones de euros en los presupuestos de 2019 para “actuaciones en labores mineras abandonadas”, destinadas, en principio, al depósito minero de El Lirio.
Los padres y madres del Llano del Beal saben que se enfrentan a un adversario poderoso armados únicamente con artículos científicos y la colaboración de investigadores como José Matías Peñas y el pediatra Juan Antonio Ortega, director de la Unidad de Salud Medioambiental del hospital Virgen de la Arrixaca, que, según trasladan, estaría detectando niveles de plomo y arsénico superiores a los reflejados en EMBLEMA.
Los habitantes de la diputación cartagenera de El Beal insisten en que sobran evidencias científicas para que la Administración actúe con urgencia. Reclaman un programa de vigilancia sanitaria semestral, ayudas para impermeabilizar viviendas frente a la corrosión ácida, el sellado de balsas, la descontaminación efectiva de la sierra y su reforestación.
En definitiva, reclaman el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española: “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. Que se cumpla la ley.
“Somos personas, no animales. No quiero que el plomo se le fije en los huesos a mi hija”, relata una madre angustiada. Se sienten solos defendiendo la salud de lo que más quieren: sus hijos.
El pasado miércoles desplegaron una vez más su pancarta frente a la Consejería de Salud. Uno de los funcionarios que salía a la pausa del almuerzo se acercó y les dijo: “Seguid así, porque no os imagináis lo que habéis removido en este edificio”.
Los vecinos volvieron a inspirar hondo. Saben que el camino es largo. Muy largo.