La Asociación de Vecinos de Senda de Granada Oeste ha denunciado públicamente la construcción de una nueva gasolinera en su barrio y ha recurrido la licencia concedida por el Ayuntamiento de Murcia. El colectivo sostiene que el proyecto presenta “graves deficiencias” y advierte de que podría suponer un riesgo directo para un entorno eminentemente residencial. La gasolinera la promueve el grupo Plenergy.
La instalación, promovida por una empresa privada de estaciones de servicio de bajo coste, se proyecta en una zona de los barrios del Ranero-Espinardo donde ya existen otras siete gasolineras en un radio de apenas 500 metros, todas ellas ubicadas junto a viviendas.
Según la asociación vecinal, la parcela elegida no reúne las condiciones necesarias para edificar. Se trata de un suelo que, afirman, carece del desarrollo urbanístico exigible -calles, servicios básicos y ordenación efectiva-, ya que desde 2004 no se ha ejecutado ningún plan que permita su transformación. Pese a ello, el Ayuntamiento ha autorizado la obra, basándose, a juicio de los vecinos, en una interpretación “forzada” de la normativa urbanística.
El recurso judicial presentado también pone el foco en el contenido del expediente administrativo. En él se recogen, según el colectivo, informes técnicos que señalan la ausencia de elementos clave. Entre ellos, destacan que no consta la asunción de los costes de urbanización correspondientes a la parcela, lo que, en su opinión, podría implicar un tratamiento no equitativo en el reparto de cargas urbanísticas y un posible beneficio para la empresa promotora. «El expediente es un auténtico disparate» afirman los letrados de la asociación vecinal.
Uno de los aspectos más relevantes es la ubicación de la instalación en una zona con riesgo de inundación. Un informe incluido en el expediente reconoce esta circunstancia, pero, según denuncian los vecinos, no recoge que la cartografía oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura sitúa el ámbito en un escenario de inundación con periodo de retorno de 10 años, es decir, de carácter recurrente. Además, aseguran que no consta la solicitud del informe preceptivo al organismo de cuenca.
A ello se suma la proximidad de viviendas ya existentes. Al no haberse desarrollado el planeamiento urbanístico desde 2004, existen inmuebles habitados -incluyendo familias con menores y personas vulnerables- que quedarían a escasos metros de los surtidores y depósitos de combustible.
El colectivo cuestiona también el encaje legal de la licencia. Según denuncian, el propio Ayuntamiento reconoce que la parcela no cumple las condiciones ordinarias para edificar, pero aun así concede la autorización aplicando criterios previstos para otros supuestos, lo que consideran contrario a Derecho.
Asimismo, advierten de carencias en la tramitación, como la ausencia de informes técnicos esenciales sobre infraestructuras y sobre las condiciones reales de ejecución de la obra.
Las obras, además, ya han comenzado. Los vecinos alertan de que se está utilizando una vía pública con limitación de peso bajo la que discurre un gran colector, sin que conste una evaluación del impacto del tránsito de maquinaria pesada, lo que podría generar daños estructurales o situaciones de riesgo.
Ante esta situación, la Asociación ha solicitado la suspensión inmediata de la licencia y la paralización de las obras, al considerar que su continuación podría provocar una transformación irreversible antes de que se resuelva el recurso.
El colectivo ha anunciado que llevará el caso “hasta el final”, incluyendo la vía judicial en el ámbito contencioso-administrativo y, en su caso, otras acciones legales si se detectan posibles irregularidades en la tramitación. Además, ya se están analizando otros proyectos similares de la misma empresa en el municipio.
El benceno está vinculado con cáncer y leucemia
La asociación vecinal advierte de que la instalación no solo plantea problemas urbanísticos, sino también sanitarios. Diversos estudios -entre ellos investigaciones de la Universidad de Murcia- recomiendan ubicar las estaciones de servicio a más de 50 metros de viviendas y a más de 100 metros de hospitales, colegios o centros de salud, debido a la emisión de sustancias como el benceno, un compuesto reconocido por su carácter cancerígeno.
Según estas investigaciones, la proximidad a surtidores implica exposición a vapores de gasolina, especialmente en entornos residenciales, y distancias inferiores a las recomendadas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias y podrían estar asociadas a un mayor riesgo de cáncer, incluida la leucemia infantil. El estudio detectó sustancias cancerígenas (como el benceno) en el aire hasta 100 metros de los surtidores.
Un estudio de la Universidad de Murcia (UMU), liderado porEnrique González en 2011, recomendó alejar las gasolineras al menos 100 metros de edificios habitados debido a las altas concentraciones de benceno y otros compuestos cancerígenos que emiten, lo que supone un riesgo potencial de leucemia y otros tumores a largo plazo.
Organizaciones como Ecologistas en Acción llevan años reclamando un mayor control sobre la ubicación de este tipo de instalaciones en entornos urbanos. En Murcia, recuerdan los vecinos, ya se han registrado quejas en barrios como El Ranero sin que, a su juicio, se haya producido una respuesta eficaz por parte del Ayuntamiento.
Para la asociación, la concesión de esta nueva licencia no solo ignora esas advertencias, sino que agrava una situación ya existente, al añadir otra gasolinera en un entorno saturado. Consideran que se podría estar priorizando el interés económico privado frente a la protección de la salud pública, en una decisión que, lejos de corregirse, se intensifica con cada nueva autorización.
Los vecinos de Senda de Granada no dudarán en denunciar al concejal de urbanismo, Antonio Navarro Corchón, por preunta prevaricación si sigue adelante y da el visto bueno definitivo a la gasolinera.
Por otra parte, ya han pedido todos los expedientes urbanísticos de las gasolineras autorizadas en el municipio de Murcia desde 2023 que Ballesta volvió a la alcaldía. Sospechan que muchas de las autorizaciones son irregulares.