El presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena, Fulgencio Sánchez Fuentes, se ha personado formalmente ante la Administración regional en nombre de este colectivo y de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena con un objetivo preciso y de evidente interés público: acceder al expediente administrativo de reintegro de una subvención concedida a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para un estudio sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena.
La personación se produce tras recibir una orden de la Consejería, fechada el 4 de febrero de 2026, que inadmite una solicitud de acceso a información pública ambiental con un argumento contundente: el trabajo subvencionado “no se ha realizado” y, por tanto, se ha iniciado un procedimiento de reintegro de la ayuda. Esa afirmación administrativa es la que los vecinos consideran no solo discutible, sino materialmente contradictoria con la documentación científica existente.
La consejera cambia de versión
La consejera de Agricultura, Sara Rubira, acaba de cambiar de versión y ya no niega la existencia del informe. Según ha declarado, han solicitado a la UPCT el reintegro de la subvención porque, en su opinión, faltan datos en el estudio encargado oficialmente en 2023 y cuya subvención, 293.000 euros, se justificó en mayo de 2025. La UPCT defiende la validez de su trabajo.
PSOE y Podemos ya han exigido a la consejera que detalle en la Asamblea las medidas adoptadas y por qué solicita devolver una ayuda de 293.000 euros. ¿Cuáles son los motivos exactos?
Un estudio negado que alerta de contaminación en suelos agrícolas
El proyecto subvencionado llevaba por título “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”. Su relevancia trasciende lo académico. El Campo de Cartagena es una de las principales zonas productoras de frutas y hortalizas de la Región de Murcia y de España, con miles de hectáreas dedicadas a cultivos destinados tanto al mercado nacional como a la exportación.
Según exponen los colectivos vecinales en su escrito, la Consejería niega ahora la existencia de ese estudio. Sin embargo, un informe técnico elaborado por la propia UPCT en junio de 2025 -relativo a la caracterización de tecnosuelos del depósito minero “El Lirio”, en Los Belones- demuestra lo contrario. En ese documento universitario se hace referencia expresa a “un estudio realizado recientemente sobre los suelos del Campo de Cartagena elaborado para la Consejería”, y se incorpora cartografía derivada de dicho trabajo.
Pero el elemento más sensible, tal y como viene contando RRNEWS, es el contenido de ese estudio citado: según los vecinos, el informe universitario evidencia altas concentraciones de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena, precisamente en zonas donde se plantan y recolectan frutas y hortalizas para consumo humano. Un dato que, de confirmarse oficialmente, tendría implicaciones sanitarias, ambientales, agrícolas y económicas de enorme calado.
Silencio administrativo frente a una cuestión de salud pública
Para los denunciantes, no se trata solo de una discusión burocrática sobre una subvención. La negativa a facilitar el estudio o el expediente de reintegro impediría conocer si la Administración dispone de información científica relevante sobre la contaminación de suelos agrícolas y qué decisiones ha adoptado -o dejado de adoptar- a partir de esos datos.
“El hecho de que se niegue la existencia de un trabajo que aparece citado y utilizado en otros informes técnicos universitarios plantea una cuestión extremadamente grave”, sostienen los vecinos. A su juicio, si el estudio detectó concentraciones elevadas de metales pesados en suelos cultivados, la ciudadanía tiene derecho a saberlo, y la Administración tiene la obligación de actuar con transparencia y diligencia.
Exigen el expediente completo de reintegro
La personación presentada el 16 de febrero de 2026 solicita ser reconocidos como interesados en el procedimiento de reintegro y acceder al expediente completo: acuerdo de inicio, informes técnicos, actuaciones de control, alegaciones de la UPCT y estado actual del procedimiento. Reclaman, además, que se identifique el número exacto del expediente y el órgano responsable de su tramitación.
El escrito recuerda que ese expediente es información pública en los términos de la Ley de Transparencia y que, al estar directamente vinculado con información ambiental sobre el estado del suelo, está sujeto al régimen reforzado de acceso previsto en la legislación ambiental. Negar el acceso, advierten, podría generar indefensión y vulnerar el derecho a la información de interés general.
Protección del informante y advertencia de acciones legales
Los vecinos han invocado expresamente el régimen de protección del informante previsto en la normativa europea y estatal, solicitando confidencialidad absoluta y garantías frente a represalias. Advierten de que cualquier vulneración de esa protección será puesta en conocimiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y, en su caso, de los tribunales.
El conflicto abre un interrogante inquietante: si existen estudios científicos que alertan de contaminación por metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena, ¿por qué se niega su existencia?, ¿qué decisiones se han tomado con esa información?, y ¿por qué se impide su acceso a la ciudadanía? Preguntas que, de momento, siguen sin respuesta oficial.
Exigen a la Consejería de Agricultura que muestre el estudio
La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor denuncian la existencia de indicios sólidos de contaminación por metales pesados en suelos agrícolas de todo el Campo de Cartagena, a partir de mapas oficiales de isoconcentraciones de plomo, cadmio, zinc y cobre elaborados para la Administración. Las organizaciones alertan de que esta cartografía muestra patrones compatibles con aportes históricos de origen minero-metalúrgico y critican que no se haya hecho público el conjunto de datos primarios que la sustenta, lo que impide cualquier auditoría independiente.
Según las asociaciones, la falta de transparencia y de actuaciones vulnera el principio de precaución y pone en riesgo la cadena agroalimentaria, la salud de las personas trabajadoras del campo, la población residente y los consumidores.
Reclaman la entrega inmediata del dataset completo o, en su defecto, una campaña independiente de muestreo en las zonas más afectadas, con analíticas regladas y laboratorios acreditados, así como medidas provisionales de protección. Además, exigen responsabilidades institucionales y la activación de los procedimientos legales correspondientes si se confirman riesgos inaceptables para la salud y el medio ambiente.