El archivo de las querellas por prevaricación contra responsables políticos y funcionarios municipales en el caso del incendio de las discotecas de Atalayas abre una nueva herida en una tragedia que aún no ha cicatrizado. No solo por lo que ocurrió la madrugada del 1 de octubre de 2023, sino por la sensación de desamparo que deja la forma en que se está gestionando la memoria institucional de lo sucedido.
Las familias de las víctimas han anunciado que recurrirán la resolución. Lo hacen porque consideran que el auto no entra a valorar de manera crítica el fondo de las acusaciones y que, en lo sustancial, se limita a reproducir los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Murcia para excluir cualquier reproche penal. Esa percepción -más allá de su recorrido jurídico- revela hasta qué punto la confianza en las instituciones se ha deteriorado.
Desde el punto de vista estrictamente penal, la magistrada se apoya en una doctrina sólida: el Derecho Penal es de intervención mínima y el delito de prevaricación exige arbitrariedad consciente, no mera ilegalidad, retraso, negligencia o mala gestión. El auto es exhaustivo en la exposición de expedientes, trámites, informes y resoluciones administrativas, y concluye que no se alcanza el umbral del tipo penal. Ese razonamiento puede ser técnicamente correcto. Pero la técnica no siempre satisface la necesidad de justicia material.
Porque el propio relato judicial confirma lo esencial: durante años existieron inspecciones policiales reiteradas, advertencias formales, expedientes abiertos, sanciones, órdenes de cese que no se ejecutaron y modificaciones sustanciales que se toleraron mientras la actividad continuaba. No se trata de un vacío documental, sino de un exceso de papeles que no se tradujeron en una protección efectiva. Trece personas murieron en un local que llevaba tiempo bajo el radar de la Administración. Conocían perfectamente las graves irregularidades de seguridad y, sin embargo, permitieron que permanecieran abiertas y dando fiestas. ¿Son los primeros responsables y deben pagar por ello? Pero no lo harán porque da la impresión de son intocables en esta Murcia de justicia de pandereta.
Ahí es donde el archivo penal no puede convertirse en punto final. Las familias sienten -y así lo expresan- que la respuesta judicial reproduce la lógica defensiva de la Administración: mucho procedimiento, poca consecuencia. No acusan a la jueza de parcialidad; cuestionan que el análisis se haya quedado en el plano formal sin afrontar el significado real de una cadena de omisiones prolongadas en el tiempo. Trece personas murieron de la forma más horrible posible.
La decisión de recurrir es, en ese sentido, algo más que un paso procesal. Es un acto de resistencia cívica frente a la sensación de que el sistema se protege a sí mismo cuando falla. Y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que el Derecho Penal no suele responder: ¿qué ocurre cuando el daño es inmenso, las advertencias eran conocidas y, aun así, nadie responde?
El auto recuerda -con razón- que la calificación penal no puede depender de la indignación por la magnitud de la tragedia. Pero la democracia no se sostiene solo con tipificaciones penales. Se sostiene también con la percepción de que las instituciones escuchan, explican y asumen responsabilidades cuando el resultado de su actuación -o inacción- es catastrófico.
A esta herida se suma otra dimensión que no puede ignorarse. Las víctimas eran, en su mayoría, jóvenes de origen latinoamericano, con menor visibilidad y capacidad de presión social. No es una imputación judicial, pero sí una reflexión política legítima: la igualdad formal ante la ley no siempre se traduce en igualdad real en la protección de la seguridad pública. ¿Habría sido la misma respuesta judicial de tratarse de jóvenes de rancio apellido murciano?
La tragedia de Atalayas deja una lección amarga. Puede que la juez no aprecie delito de prevaricación. Puede que no haya banquillo para cargos públicos. Todo se verá. Pero hay un fracaso institucional que no se borra con un archivo. Mientras las familias recurren y reclaman una respuesta que vaya más allá del “no es penal”, la ciudad debería preguntarse si aceptar este desenlace como normal no supone, en sí mismo, otra forma de resignación peligrosa.¿En qué manos estamos y dejamos a nuestros hijos cuando salen por la noche? ¿cuántos más locales hay en Murcia sin salidas de emergencia, sin medidas de seguridad? ¿en qué hornos crematorios se meten nuestros hijos e hijas cuando salen a divertirse por la negligencia de los responsables municipales?
El incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en el que murieron trece jóvenes no puede quedar impune. Porque la impunidad no es un error: es una forma de violencia añadida, una segunda herida para las víctimas y un mensaje devastador para la sociedad. Cuando no hay consecuencias, se normaliza el daño, se diluye la responsabilidad y se rompe el pacto más básico: que la ley está para proteger, no para blindar a quien falla.