Cuando la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca saca a información pública en diciembre de 2025 el nuevo Programa de Actuación contra la contaminación por nitratos, el reloj lleva tiempo corriendo en contra. No es una imagen retórica: el programa vigente en la Región de Murcia es de 2016 y la normativa obliga a revisarlo cada cuatro años. La actualización debió llegar en 2020. Ha tardado cinco años más.
Ese retraso no es un detalle menor. Es el telón de fondo de un documento que nace con la urgencia impuesta desde fuera: una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en marzo de 2024, que reprocha a España, y de forma expresa a la Región de Murcia, no haber adoptado medidas adicionales eficaces para frenar la contaminación por nitratos de origen agrario.
Dos programas, una misma lógica
Sobre el papel, el texto introduce una novedad relevante: dos programas de actuación. Uno general para todas las zonas vulnerables de la Región y otro específico para el Campo de Cartagena, la cuenca que alimenta al Mar Menor. La diferenciación responde a la Ley del Mar Menor, que reconoce la singularidad ambiental de este espacio y exige medidas más estrictas.
Pero basta avanzar unas páginas para comprobar que la separación es más formal que estructural. Ambos programas comparten una misma lógica de fondo: regular el uso de fertilizantes sin alterar de manera sustancial la cantidad de nitrógeno que entra cada año en el sistema agrario.
No hay un cambio de paradigma. Hay una actualización del marco existente.
No es un problema puntual, sino estructural y extendido
El programa afecta a 2.857,97 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente al 25,26 % de la superficie total de la Región de Murcia vulnerable a la contaminación por nitratos. Uno de cada cuatro kilómetros cuadrados de la Región de Murcia queda afectado por este programa.
En la práctica, declarar una zona como vulnerable es reconocer que allí el modelo agrario tiene capacidad real de seguir alimentando el problema.
El nuevo programa no se limita a las zonas vulnerables históricas: incorpora las nuevas áreas declaradas en 2019 -Caravaca, Judío y Moro, Bajo Quípar y Bullas, Quibas, Bajo Guadalentín, Mula, Águilas, Mazarrón, Baños de Fortuna, Cuaternario de Fortuna, Sierra de Cartagena y Cuchillos-Cabras- y amplía además Alto Guadalentín y Puentes, Vega Alta y Media del Segura y Campo de Cartagena.
El límite que nunca baja
El programa mantiene como referencia el límite clásico de 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Es un número conocido, repetido durante décadas, y también engañoso. No es un umbral ambiental seguro. Es un máximo legal.
El documento no lo adapta al estado real de los acuíferos, muchos de los cuales llevan años declarados contaminados o en riesgo. Tampoco establece reducciones progresivas obligatorias en las zonas donde los niveles de nitratos no descienden. En la práctica, se permite seguir aportando nitrógeno incluso allí donde el problema está diagnosticado desde hace tiempo.
El resultado es una norma que ordena el uso del fertilizante, pero no reduce la presión total sobre el suelo y el agua.
Mantener el límite de 170 kilos de nitrógeno por hectárea es legal, porque así lo permite la normativa europea y estatal, pero no es necesariamente suficiente para cumplir el objetivo de reducir la contaminación, que es lo que exige la Directiva de Nitratos. El límite de 170 kg es un techo, no un objetivo. La propia Directiva de Nitratos dice algo fundamental: los programas de actuación no deben limitarse a cumplir formalmente el máximo, sino que deben prevenir y reducir la contaminación.
Por eso, el derecho europeo exige: medidas adicionales cuando las aguas siguen contaminadas y revisiones periódicas si los objetivos no se cumplen.
Más papeles, no necesariamente menos nitratos
Uno de los ejes del programa es el refuerzo de los balances de nitrógeno. El agricultor debe calcular, justificar y registrar lo que entra y lo que sale. Sobre el papel, suena bien. En la práctica, el sistema tiene una grieta fundamental: los balances se hacen a posteriori y con coeficientes estándar, no con mediciones reales de lo que se filtra al subsuelo.
No hay límites vinculantes de nitratos en suelo profundo. No hay consecuencias automáticas si una explotación presenta excedentes reiterados. Mientras los números cuadren en el papel, el impacto ambiental queda en segundo plano. Así, el control se desplaza del terreno al escritorio.
Prohibiciones llenas de excepciones
El texto enumera periodos en los que no se puede fertilizar, restricciones por pendiente, por tipo de suelo o por condiciones climáticas. Pero, casi a renglón seguido, abre la puerta a excepciones: abonados por biosolarización, fertilización justificada técnicamente, fertirrigación bajo determinadas condiciones.
El resultado es un sistema complejo, difícil de controlar y fácil de interpretar de forma laxa. Las prohibiciones existen, pero pierden fuerza a medida que se multiplican las salvedades.
Lo que no se mide, no se corrige
Hay una ausencia que atraviesa todo el documento: no se mide el resultado ambiental de forma directa y obligatoria. El programa no fija umbrales de nitrato en el suelo que, si se superan, obliguen a reducir fertilización. No impone sistemas generalizados de control de lixiviados. No establece mecanismos automáticos de corrección si los datos confirman que la contaminación persiste.
La evaluación bienal prevista queda, así, en una declaración de intenciones. Se evalúa, sí. Pero no se garantiza que esa evaluación tenga consecuencias reales.
Un régimen sancionador que mira la forma
El régimen sancionador existe, pero está diseñado para castigar sobre todo el incumplimiento formal: no llevar bien el cuaderno, no presentar registros, no aplicar correctamente determinadas medidas. No sanciona de manera directa el daño ambiental acumulado, ni la contribución efectiva de una explotación a la contaminación de una masa de agua. Se penaliza el error administrativo. No el impacto persistente.
Excepciones que amplían el margen
El programa excluye del control obligatorio a las explotaciones inferiores a 0,3 UTA (explotación agraria pequeña) y suaviza el tratamiento de las explotaciones de secano. La justificación es conocida: menor intensidad, menor impacto. Pero el propio documento reconoce que estas explotaciones siguen sujetas a otras normas, sin aclarar cómo se coordina ese control. De nuevo, aparece la misma constante: zonas grises en las que la responsabilidad se diluye.
Una participación pública en tiempo de descuento
El proyecto se encuentra ahora en fase de información pública. La Consejería de Agricultura ha abierto un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones. El texto y su memoria justificativa están disponibles en el Portal de la Transparencia. Es el momento formal de la participación ciudadana.
Pero llega cuando la mayor parte del recorrido ya está hecho: evaluación ambiental estratégica incluida, informes emitidos, declaración ambiental aprobada. La participación llega tarde, como el propio programa. En este punto, las aportaciones ciudadanas difícilmente podrán alterar el planteamiento estructural del programa y servirán, sobre todo, para corregir aspectos puntuales, dejar constancia formal de las discrepancias y fijar en el expediente que los problemas fueron advertidos.
El final de la historia (por ahora)
Leído en conjunto, el nuevo Programa de Actuación contra los nitratos no es una ruptura con el pasado. Es una actualización tardía de un modelo que lleva años mostrando sus límites. Regula mejor, documenta más y ordena procedimientos, pero no reduce de forma obligatoria la carga de nitrógeno allí donde el sistema está saturado.
Por eso, pese al cambio de lenguaje y al peso de la sentencia europea, el programa sigue permitiendo que los nitratos entren en el sistema. De manera legal, controlada y registrada. Pero entren.
Y mientras eso no cambie, la contaminación seguirá filtrándose, aunque lo haga con todos los formularios en regla.