“¿Debe recortarse la Sanidad Pública?”. La pregunta no es retórica ni fruto de un desliz. Forma parte de una consulta pública oficial abierta por el Gobierno regional que preside Fernando López Miras para la elaboración del Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032. Una consulta activa entre el 30 de diciembre y el 16 de enero que, bajo una apariencia participativa, introduce una cuestión que resulta tan inquietante como reveladora.
No es solo una terrible pregunta. Es una pregunta que encaja perfectamente con el modelo sanitario que ya se está consolidando en la Región de Murcia, según los propios datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
La consulta pública no se limita a preguntar si debe recortarse la sanidad pública. El cuestionario va un paso más allá e introduce otra cuestión de enorme calado: si la Administración pública debe financiar los gastos sanitarios de la población. Una formulación que, de nuevo, no aborda cómo mejorar el sistema, sino que pone en cuestión uno de los principios básicos sobre los que se asienta el Sistema Nacional de Salud: la financiación pública de la atención sanitaria como garantía de acceso universal.
Plantear esta pregunta en el marco de un Plan de Salud para el periodo 2026-2032 no es un detalle menor. Supone trasladar al debate ciudadano la posibilidad de redefinir el papel de la Administración en la financiación sanitaria, en un contexto en el que los propios datos oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que, en la Región de Murcia, una parte creciente de la actividad sanitaria privada ya se sostiene con fondos públicos.
La sanidad privada crece en la Región de Murcia al ritmo más rápido del país
El Informe de Evaluación de la Sanidad Privada en el Sistema Nacional de Salud, publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Sanidad, sitúa a la Región de Murcia como uno de los casos más significativos de crecimiento y consolidación estructural de la sanidad privada dentro del SNS.
Entre 2018 y 2024, el aseguramiento sanitario privado en la comunidad se incrementa un 116,8 %, uno de los mayores aumentos registrados en España, hasta alcanzar a casi tres de cada diez murcianos. El propio Ministerio interpreta este dato no como un abandono del sistema público, sino como una respuesta de la población a las tensiones persistentes del sistema sanitario regional, especialmente en el acceso a consultas especializadas y pruebas diagnósticas.
Ese cambio en el aseguramiento se traduce directamente en el uso de los servicios sanitarios. El informe constata que en la Región de Murcia crece el recurso a la sanidad privada en todos los niveles asistenciales, con especial intensidad en la hospitalización, donde los ingresos en centros privados casi se triplican, pasando del 6,5 % al 19,9 % en apenas seis años.
A ello se suma que el 35,3 % de los hospitales integrados en la red pública regional son de dependencia funcional privada y que el 65,6 % de las estancias hospitalarias en centros privados no pertenecientes al SNS se financian con fondos públicos, la proporción más elevada de todas las comunidades autónomas.
Para el Ministerio, estos datos evidencian que en la Región de Murcia la sanidad privada ya no actúa como un apoyo puntual, sino como un componente estructural del sistema, sostenido mayoritariamente con dinero público mientras el sistema público continúa asumiendo los procesos más complejos y de mayor riesgo asistencial.
Una consulta que no es inocente
El Ejecutivo regional justifica la consulta con un texto impecable desde el punto de vista administrativo: habla de complejidad, de implicación de la organización sanitaria, de participación ciudadana, de instrumentos para recoger sugerencias. Todo suena correcto. Institucional. Pero la clave no está en el marco. Está en la pregunta.
Porque en política -y más aún en políticas públicas- las preguntas nunca son neutras. Preguntar si debe recortarse la Sanidad Pública no es abrir un debate técnico ni explorar mejoras de eficiencia. Es introducir en la agenda una opción ideológica muy concreta: la del recorte como posibilidad legítima, incluso razonable.
Y eso, en una comunidad autónoma con listas de espera crónicas, déficit estructural de profesionales, centros de salud saturados y una Atención Primaria exhausta, no es una simple torpeza comunicativa. Es un mensaje político.
¿Qué espera el Gobierno al formularla?
Cabe preguntarse qué persigue realmente el Ejecutivo regional introduciendo esa cuestión en una consulta pública.
Hay varias hipótesis, ninguna tranquilizadora:
- Buscar coartadas futuras. Si el recorte acaba produciéndose, siempre se podrá alegar que “la ciudadanía fue consultada” o que “existía un debate social abierto”.
- Desplazar el marco del debate. No se pregunta cómo reforzar la sanidad, cómo blindarla, cómo corregir desigualdades o cómo mejorar la gestión. Se pregunta si hay que recortarla. El marco ya está inclinado.
- Normalizar el lenguaje del ajuste. Convertir el recorte en una opción más del menú democrático, cuando hablamos de un derecho básico.
- Testar resistencia social. Medir hasta dónde llega el malestar o la resignación ciudadana tras años de deterioro del sistema.
En cualquiera de los casos, el planteamiento resulta inquietante. Y otro detalle tramposo: la pregunta está formulada al revés que las demás de la consulta pública de tal manera que el 1 es «nada de acuerdo» con los recortes» y el 5 «totalmente de acuerdo» con los recortes. Como si quisieran confundir a los ciudadanos. Como si quisieran que el resultado fuese que la mayoría de los murcianos está a favor de recortar la sanidad pública.
La sanidad no se “recorta”: se garantiza
La Sanidad Pública no es un gasto prescindible que se ajusta en función del ciclo político. Es un pilar del Estado del Bienestar y una competencia autonómica esencial, especialmente en una región con elevados índices de desigualdad social y precariedad laboral.
Cuando un gobierno pregunta si debe recortarse, está asumiendo implícitamente que ya no se trata de garantizar derechos, sino de gestionar escasez. Y eso dice mucho de su modelo.
Resulta especialmente grave que esta pregunta se formule en el marco de un Plan de Salud a seis años vista. Un documento estratégico debería partir de una premisa clara: cómo fortalecer el sistema público, no cómo adelgazarlo.
Una pregunta terrible, un síntoma preocupante
No, no son preguntas inocentes. No, no es una cuestión técnica.
Son preguntas terribles porque introducen la lógica del recorte donde debería imperar la del refuerzo. Porque desplaza la responsabilidad política hacia la ciudadanía. Y porque anticipa un horizonte en el que la Sanidad Pública deja de ser intocable.
Las consultas públicas sirven para escuchar, sí. Pero también para marcar rumbo. Y cuando el rumbo se inicia preguntando si hay que recortar la sanidad, el mensaje es claro. Demasiado claro.Y no, no debe recortarse la sanidad pública y sí, la Administración pública debe financiar los gastos sanitarios de la población. La sanidad pública es nuestro mayor tesoro.