La dimisión de Teresa Vicente Giménez no es un gesto menor ni un episodio burocrático más. Es un hecho político, jurídico y democrático de primer orden. La principal impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular que logró algo inédito en Europa -reconocer personalidad jurídica y derechos propios al Mar Menor- ha abandonado la presidencia del Comité de Representantes de la Tutoría de la laguna denunciando un bloqueo institucional que, en la práctica, vacía de contenido la ley que ella misma ayudó a construir desde la ciudadanía.
Vicente, junto al secretario Alfonso Manzano Ruiz, ha formalizado su renuncia tras constatar que el modelo de gobernanza diseñado para proteger los derechos del Mar Menor ha quedado paralizado por la actuación de las administraciones públicas con presencia en el órgano. Así lo expone con detalle la carta de dimisión firmada por ambos, a la que ha tenido acceso RRNEWS.
Seis años de trabajo ciudadano frustrados
En su escrito, los dimisionarios recuerdan que han pasado más de seis años desde el inicio de la movilización ciudadana que desembocó en la aprobación de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, y posteriormente en su Reglamento de desarrollo de 2025, que dio forma a la Tutoría del Mar Menor. Un proceso largo, complejo y sin precedentes, impulsado desde la sociedad civil para dotar a la laguna y su cuenca de derechos propios y de órganos capaces de defenderlos.
Por mandato del propio Reglamento, los miembros de la Comisión Promotora de la ILP asumieron inicialmente el papel de Comisión Gestora, con el encargo de crear los órganos de gobernanza: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico. Estos órganos se constituyeron oficialmente el 29 de mayo de 2025, en un acto solemne celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y documentado notarialmente, en el que también se nombró al gerente de la Tutoría
Tres reuniones y ningún avance sustancial
Una vez en funcionamiento los órganos, siete de los ocho miembros de la Comisión Promotora pasaron a formar parte del Comité de Representantes, junto a tres representantes de la Administración General del Estado y tres de la Comunidad Autónoma. Desde entonces, el Comité ha celebrado tres reuniones.
El objetivo -explican- era dotar a la Tutoría de los elementos necesarios para que su labor fuera “ágil, efectiva y contundente” en la defensa de los derechos del Mar Menor. Sin embargo, esas expectativas se han visto “continuamente entorpecidas” por ambas administraciones, hasta llegar a una situación de paralización generalizada
Ese bloqueo no se limita al Comité de Representantes, sino que se ha trasladado también a las actividades e iniciativas de la Comisión de Seguimiento y del Comité Científico, dejando sin capacidad operativa a los tres pilares de la gobernanza.
La catedrática sostiene que no ha encontrado otra salida que denunciar públicamente una parálisis que afecta a una iniciativa avalada por la voluntad popular y por el ordenamiento jurídico. Recuerda el “enorme esfuerzo” que supuso reunir 650.000 firmas para llevar la ILP al Congreso y superar las trabas posteriores, así como el respaldo del Tribunal Constitucional en 2024, que confirmó la plena constitucionalidad de una ley que convierte al Mar Menor en sujeto de derechos y le ha permitido contar incluso con identidad fiscal propia.
Falta de escucha y participación ciudadana
Uno de los motivos centrales de la dimisión es la frustración de las expectativas de participación real de la ciudadanía. Vicente y Manzano denuncian que no solo no se están abordando adecuadamente los problemas que siguen afectando al Mar Menor, sino que tampoco se están escuchando ni incorporando las soluciones y propuestas elaboradas por el tejido social que impulsó la ley.
La Tutoría, concebida como un espacio donde la ciudadanía debía tener un papel activo y determinante, ha quedado -según el escrito- desdibujada por una dinámica institucional que margina esa participación
El “derecho de veto” de las administraciones
El elemento más grave señalado en la carta es el funcionamiento del sistema de toma de decisiones previsto en el Reglamento. En concreto, el artículo 5.5 establece que los acuerdos del Comité de Representantes deben adoptarse por mayoría, pero exigiendo además el voto favorable de todos los representantes de una de las administraciones y de al menos cuatro representantes de la ciudadanía.
En la práctica, denuncian, este mecanismo ha creado un auténtico derecho de veto de las administraciones públicas, que bloquean iniciativas sin que la mayoría ciudadana pueda sacarlas adelante. Los representantes institucionales, afirman, “actúan más como defensores de la Administración que como defensores de los derechos del Mar Menor”, pese a haber sido nombrados para lo segundo
Una dimisión para denunciar el bloqueo
Ante una situación que consideran sin salida a corto plazo, Teresa Vicente y Alfonso Manzano concluyen que se ha llegado a un punto de bloqueo estructural al que “no le vemos fácil solución”. Por ese motivo presentan su dimisión, no como un abandono, sino como un acto de denuncia.
El objetivo, subrayan, es dejar constancia de que todo el trabajo realizado durante años, con enormes esfuerzos ciudadanos, “no puede ni debe quedar bloqueado por la decisión de las Administraciones presentes en el Comité de Representantes”
Una señal de alarma institucional
La dimisión de Teresa Vicente no es solo la salida de una presidenta. Es la advertencia de que una ley histórica, celebrada dentro y fuera de España como un avance sin precedentes en los derechos de la naturaleza, corre el riesgo de quedar vaciada de contenido por la inercia administrativa y la falta de voluntad política.
La Tutoría del Mar Menor fue concebida para defender a la laguna frente a los poderes que la han degradado. Si esos mismos poderes la bloquean desde dentro, la pregunta ya no es jurídica, sino democrática. Y la dimisión de su principal impulsora obliga a formularla en voz alta.
No se dimite de una ley histórica sin razones de fondo. La renuncia de Teresa Vicente Giménez, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que reconoció personalidad jurídica al Mar Menor, marca un punto de inflexión en el futuro de la tutela de la laguna. Su salida del Comité de Representantes no es un gesto personal ni una discrepancia puntual: es una denuncia explícita de que el órgano creado para defender los derechos del Mar Menor ha quedado bloqueado por las propias administraciones llamadas a garantizar su funcionamiento.
El Comité del que acaba de dimitir Teresa Vicente está integrado por tres representantes de la Administración General del Estado: Inmaculada Ramírez, de la Oficina Técnica del Mar Menor; Jesús García, de la Confederación Hidrográfica del Segura; y Daniel Caballero, jefe de la Demarcación de Costas.
Por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, forman parte Ana María Fructuoso, Carmen Sandoval y Carlos Castejón, todos ellos adscritos a la Consejería de Medio Ambiente.
La representación ciudadana la conforman Eduardo Salazar, Teresa Conesa, María José Campillo, Rocío García Martínez, Pedro Macanás, además de la propia Teresa Vicente y Alfonso Manzano, que han formalizado su renuncia.
La respuesta del Ministerio y del Gobierno regional
Tras la dimisión, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) expresó su respeto por la decisión de Teresa Vicente y Alfonso Manzano, aunque aseguró no compartir los argumentos expuestos. El Ministerio negó que se haya producido un bloqueo y defendió que el trabajo del Comité de Representantes se ha desarrollado en un clima de respeto, colaboración y búsqueda de consenso.
Según el Miteco, en las tres sesiones celebradas hasta ahora se han alcanzado acuerdos en prácticamente todos los asuntos abordados, salvo una discrepancia concreta en la que ambas administraciones votaron en contra, en aplicación del artículo 5.5 del Real Decreto 90/2025 que regula el funcionamiento de los órganos del Mar Menor.
En la misma línea, el Gobierno regional subrayó que la protección del Mar Menor es una línea estratégica irrenunciable y defendió que las administraciones han actuado de forma leal y coordinada dentro del Comité. El Ejecutivo autonómico destacó que el órgano se encuentra aún en una fase inicial y recordó que la presidencia es rotatoria, lamentando que la dimisión se haya producido precisamente en el momento en que debía producirse ese relevo.
Daniel Caballero sustituirá a Teresa Vicente al frente del Comité de Representantes del Mar Menor.