Cuando pienso en la lejana Cartagena de los 80, me viene de inmediato al recuerdo aquellas noches de humedad y boria en las que un característico olor a ácido sulfúrico, y otros tóxicos surgidos de las fábricas, nos condenaba a alergias, asmas y otras patologías bastante peores.
La dictadura franquista brindó a las grandes fábricas que se instalaron en Cartagena, así como a la reanudación del ciclo minero de La Unión-Cartagena basado en la explotación mediante grandes cortas, todo tipo de facilidades sin ninguna exigencia medioambiental. Esa desregulación convirtió tanto a Cartagena, como al distrito minero de La Unión-Cartagena, en auténticos sumideros de tóxicos industriales por los vertidos al mar, al aire y al suelo.
Mucha gente trabajadora terminó desarrollando cánceres ocupacionales, patologías respiratorias u otras enfermedades como consecuencia de esta lógica de sumidero. Fueron los sacrificados en el altar del progreso industrial. Las víctimas del amianto siguen recordándonos ese lado oscuro de la modernización económica.
Este sumidero fue producto de la dictadura. Pero cuando llegó la democracia, mucha gente se movilizó para denunciar esta situación. Recuerdo perfectamente las grandes manifestaciones contra la contaminación atmosférica en Cartagena en los 80, las movilizaciones del Llano del Beal contra los planes de la multinacional Peñarroya de orientar una corta minera hacia su pueblo o las denuncias ecologistas por el vertido minero que terminó colmatando de residuos la Bahía de Portman.
Desde luego, la dictadura franquista no hizo nada por controlar la actividad tóxica de Peñarroya, ni de Rio Tinto ni de la Española del Cinc, ni de ninguna otra. Pero, tras una década de democracia, la joven Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tampoco tuvo mucha capacidad o interés en obligar a las grandes empresas que aplicaran el principio de que “quien contamina paga y repara el daño que ha provocado”.
Con las crisis minera e industrial de inicios de los 90, estas grandes empresas se marcharon sin aceptar ninguna responsabilidad por los daños. Todo fueron ganancias en la cuenta de resultados. Sigue habiendo una deuda ambiental con las gentes y territorios que sufrieron su conversión en sumideros de tóxicos.
Hoy aún no sabemos cómo resolver la restauración ambiental de la Bahía de Portman, que sigue anegada a la espera de la inversión pública y de las garantías para que al remover aquella masa de residuos se evite activar los tóxicos que la componen.
A esto se suma que los suelos polvorientos de la Sierra Minera de la Unión-Cartagena están llenos de metales pesados y sobre los mismos se han levantado colegios, parques públicos o están en las puertas de las casas de los vecinos. También los barrios cartageneros del este de la ciudad (Torreciega, Sector Estación, Los Mateos, Santalucía y Lo Campano) están rodeados de suelos contaminados. Es un paisaje sin fábricas, que persiste operativo como sumidero de residuos, ahora en democracia y autonomía.
Este paisaje de sumidero sigue representando un problema de salud pública derivado de la exposición de personas a tóxicos. Son numerosos los estudios epidemiológicos que han alertado de niveles elevados de determinadas patologías cancerígenas, respiratorias, etc. “Una zona de biosfera muerta” -por utilizar el término con el que la socióloga Saskia Sassen caracteriza a este tipo de territorios- hipoteca vidas y futuros.
Lo peor de todo es que los poderes públicos siguen dando las habituales malas respuestas a este problemático nexo sumidero-salud pública. Y por si no fuera suficiente, el Gobierno regional ha venido apostando desde hace tiempo por formas de desarrollo económico y de desregulación ambiental (“simplificación administrativa”) que han vuelto a generar nuevos paisajes-sumidero y, por tanto, nuevos deterioros de la salud pública y la calidad de vida.
Así, por ejemplo, las pedanías rurales de la Sierra de la Pila (Peña Zafra, Casas Ríos y Balonga), en los municipios de Abanilla y Fortuna, están literalmente rodeadas de una cantera explotada por la empresa Colina Cimar S. L. Con la actividad de la cantera, los camiones continuos y, sobre todo, con la planta de molienda de piedra ornamental, se forman continuas y enormes polvaredas cargadas de partículas en suspensión. Los vecinos tienen que encerrarse en sus casas para poder respirar.
Con la inflación de producción porcina en la Región de Murcia se han generado nuevas lógicas de sumidero de malos olores y purines. Por un lado, la proliferación de macrogranjas para la cría intensiva e industrial de cerdos, las cuales han ido a la búsqueda de naturalezas baratas, para convertirlas en sumideros, en los espacios rurales (Noroeste, pedanías altas de Lorca o Altiplano). Por otro lado, el despliegue creciente de más de 20 proyectos de plantas de biogás para tratamiento de purines. Esta expansión, dejada en manos del mercado, es un descontrol, máxime en un momento en que China está desinflando la burbuja de la producción porcina.
Las principales ciudades de la Región, con Murcia a la cabeza, están conociendo un deterioro de la calidad del aire preocupante desde una perspectiva de salud pública. La contaminación por partículas en suspensión viene superando en muchas ocasiones los valores límite de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A estas partículas provenientes del tráfico rodado, las actividades industriales o las quemas agrícolas se han sumado los episodios de intrusión de polvo sahariano. Igualmente, el dióxido de nitrógeno, generado por el transporte y el tráfico urbano, contamina el aire de nuestras ciudades.
Qué razón tiene la escritora Adriana Herreros sobre cómo deberían adaptarse nuestras ciudades a la crisis ecológica: “el paisaje urbano debe reverdecer y el asfalto herborizarse” (en Andar por Andar, Endebate, 2025). Hace unos años tuve la ocasión de ver la ciudad de San Juan en Argentina desde el avión -una ciudad del tamaño de Murcia y también una región árida y muy calurosa al pie de los Andes- y me llamó la atención su abundante arbolado. Un auténtico oasis que envuelve literalmente la trama urbana dándole aire limpio y fresco. Así debería estar también Murcia o Lorca, pensé.
Pero, muy al contrario de las tendencias al reverdecimiento del paisaje urbano, el poco arbolado que nos queda sigue siendo maltratado o talado. Este verano la asociación HUERMUR ha denunciado «estado agónico» de los últimos pinos centenarios de Churra, en plena huerta de Murcia: “pese a las advertencias realizadas, la situación ha empeorado y ya solo quedan 8 ejemplares en pie, uno de ellos agonizando, de los 26 ejemplares que había en 2001 censados”.
En definitiva, el nexo sumidero-salud pública está otra vez actuando contra nosotros, pero esta vez no es la mala herencia de una dictadura despreocupada del bienestar colectivo. Ahora se trata de un gobierno autonómico democrático que, en nombre de la libertad del mercado, y bajo el eufemismo de “simplificación administrativa”, hace dejación respecto a sus obligaciones con la vida de la ciudadanía.
Frente a esta dejación, el artículo 45 de la Constitución española es muy claro: «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.
Sin embargo, en la Región de Murcia miles de personas experimentamos diariamente en nuestros cuerpos una forma de exclusión de derechos de ciudadanía, a través de diferentes agresiones que merman la calidad de vida y la salud, por el incumplimiento sistemático del artículo 45 de la Constitución Española.