Un ciudadano de la Región de Murcia con conciencia social, Anastasio Sánchez, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Región de Murcia en la que solicita investigar los acuerdos alcanzados entre PP y VOX en la Comunidad Autónoma. Según su escrito, algunos de los compromisos podrían ser constitutivos de delito al afectar directamente a los derechos fundamentales de menores extranjeros no acompañados. La denuncia la firma Sánchez, pero está impulsada por el colectivo Yayoflautas.
En la denuncia, este particular señala como punto central el compromiso de cerrar el Centro de Acogida de Menores de Santa Cruz a comienzos de septiembre, antes del inicio del curso escolar. El documento, obtenido a través de una publicación en prensa -ya que, según afirma, “en la CARM la transparencia brilla por su ausencia” tras la eliminación del Consejo de la Transparencia-, no aclara cuál será el destino de los niños y niñas actualmente acogidos en ese recurso.
“Creo que en justicia, no se puede consentir este monstruoso acuerdo contra los Derechos Humanos, de los niños y del Título I de la Constitución Española.”
El denunciante recuerda que el Gobierno regional ya había decidido previamente devolver fondos europeos que estaban destinados a la compra de viviendas para la reubicación de estos menores. Dicho proyecto, enmarcado en programas de inserción social de la Unión Europea, perseguía facilitar una integración más efectiva en la sociedad española. La cancelación de esa financiación, argumenta, deja ahora a los menores en una situación de incertidumbre y desprotección.
Según recoge el escrito, instructores del centro habían constatado que muchos de estos niños ya estaban insertados en colegios e institutos de la Región, por lo que su traslado forzoso supondría “arrancarles” de ese proceso de integración. El denunciante califica la medida como un “ataque contra los derechos constitucionales” y contra la Convención de Derechos del Niño, considerando que podría constituir un delito por el daño infligido a personas especialmente vulnerables.
Contra quién va dirigida la denuncia
El escrito apunta de forma explícita a VOX y a su estrategia nacional de endurecer las políticas sobre menores extranjeros no acompañados, señalando como impulsores de estas medidas a Santiago Abascal y José Ángel Antelo. También responsabiliza al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras (PP), por haber aceptado el acuerdo, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien atribuye haber autorizado esta decisión.
“En justicia, no se puede consentir este monstruoso acuerdo contra los Derechos Humanos, de los niños y del Título I de la Constitución Española”, afirma el denunciante, que advierte de que, si prospera en Murcia, podría extenderse a otras comunidades gobernadas por el PP.
Derechos fundamentales en juego
La denuncia enumera una serie de preceptos constitucionales que, a juicio del firmante, se verían vulnerados, entre ellos los artículos 9 (principio de legalidad e igualdad), 10 (dignidad de la persona), 13 (derechos de los extranjeros), 15 (derecho a la vida e integridad), 17 (libertad y seguridad), 18 (honor e intimidad), 25 (principio de legalidad penal), 27 (derecho a la educación) y 39 (protección integral de los hijos). También menciona la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, además de compromisos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño.
“Si les sale bien a VOX, posiblemente usaran esta monstruosidad para que se ejecute en el resto de comunidades gobernadas por el PP.”
“Como español me siento tremendamente agredido porque el ataque a estos derechos fundamentales del Título I de la Constitución es un ataque intencionado a la base del Estado”, expone el denunciante en el documento, donde solicita que “todos los intervinientes en estos actos deberían de ser castigados de acuerdo a la Ley”.
Antecedente: respuesta del Defensor del Pueblo
El escrito también relata que, previamente, el denunciante y otras 363 personas físicas y dos jurídicas solicitaron al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, la institución respondió que ese tipo de recurso solo puede presentarse contra normas con rango de ley, estatutos de autonomía o reglamentos de las Cortes y parlamentos autonómicos, quedando fuera los acuerdos políticos como los que se denuncian en este caso.
Solicitud a la Fiscalía
Finalmente, el denunciante pide a la Fiscalía que valore si se han producido delitos y que le mantenga informado de los avances del procedimiento. Adjunta además documentación sobre la revocación de la orden para la compra de viviendas destinadas a menores y un anexo con el marco legal vigente en España sobre derechos de la infancia.
La denuncia fue registrada en Murcia el 21 de agosto de 2025 y queda ahora en manos del Ministerio Público determinar si los hechos relatados tienen recorrido judicial.