La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados han dicho basta. Y lo han hecho por escrito, con una denuncia de 74 páginas contra el Ayuntamiento de Cartagena. En ella acusan al Consistorio de querer levantar 40 viviendas en una parcela contaminada, a tan solo 1.300 metros de un vertedero de residuos peligrosos sin clausurar. Un proyecto, dicen, que pone en riesgo la salud de las familias y vulnera la ley ambiental europea y española.
La denuncia, registrada el 21 de julio, no escatima en palabras: exige parar de inmediato el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación 1 (UA1) de Los Mateos. Y lo hace basándose en hechos difíciles de ignorar: el vertedero de Española del Zinc (ZINSA), situado en Torreciega, está abandonado desde hace más de una década y nunca fue clausurado técnicamente. Según informes forenses, sigue siendo un foco activo de contaminación, con partículas tóxicas que el viento puede esparcir en un radio de hasta 4 kilómetros. Justo donde el Ayuntamiento quiere construir viviendas.
“No es que estemos preocupados. Es que estamos aterrados”, afirma Fulgencio Sánchez, presidente de la asociación vecinal. “Nadie puede vivir en un entorno así. Y el Ayuntamiento lo sabe”.
Silencio, opacidad y un expediente que no aparece
La historia viene de lejos. Desde 2023, los vecinos han presentado siete escritos solicitando acceso al expediente urbanístico, personarse en el procedimiento, y pedir explicaciones. No han recibido ni una sola respuesta. Solo silencio administrativo. Literal.
Cansados de esperar, accedieron al expediente por su cuenta, a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Lo que encontraron -aseguran- “confirma nuestras peores sospechas”: el proyecto se ha licitado por partes, troceado en tres fases para evitar la evaluación ambiental obligatoria. Un truco ilegal, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-575/21), que prohíbe dividir artificialmente un plan urbanístico para saltarse los controles medioambientales.
Pero lo más grave es que el suelo donde se quiere edificar ya está contaminado. El propio Ayuntamiento encargó en 2023 un informe a la Universidad Politécnica de Cartagena que identificó restos de cenizas de pirita, escorias de fundición, fosfoyesos y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico directamente en la superficie. Y pese a tener esa información, la sociedad municipal Casco Antiguo formalizó la compra de la parcela meses después.
Un triángulo tóxico: El Hondón, la vía del tren y el vertedero de ZINSA
La Unidad de Actuación (UA1) de Los Mateos está atrapada en un triángulo peligroso: limita con los suelos contaminados del sector El Hondón, que contienen residuos industriales radiactivos; con una antigua vía ferroviaria de la que no se ha evaluado el grado de contaminación; y está dentro del área de dispersión de polvo tóxico del vertedero de ZINSA. Un cóctel explosivo que nunca ha sido analizado de forma conjunta.
“La zona es como una esponja de veneno industrial. Y ahora quieren poner familias a vivir ahí”, alerta Sánchez. “¿Qué clase de planificación urbanística es esta?”
Urbanismo sin ley, sin salud y sin participación
El núcleo de la denuncia es claro: el proyecto es nulo de pleno derecho porque incumple dos pilares legales básicos. Primero, por estar dentro del radio prohibido de un vertedero de residuos peligrosos sin cerrar, lo que contradice la normativa estatal y europea. Y segundo, por no haber pasado la obligatoria evaluación de impacto ambiental que exige la ley cuando se urbaniza un terreno contaminado.
Además, los vecinos denuncian la falta total de transparencia del Ayuntamiento dirigido por Noelia Arroyo. Nadie les ha informado. Nadie les ha respondido. Y nadie ha valorado los riesgos para las personas que puedan llegar a vivir allí.
“La administración no puede ir por libre. No puede saltarse la ley ambiental como si fuera un trámite molesto. Estamos hablando de salud pública, de vidas humanas”, insisten los denunciantes.
La Asociación de Vecinos pide al Ayuntamiento que revise de oficio todo el procedimiento, paralice la ejecución del proyecto y someta el plan completo a una evaluación ambiental rigurosa. También exigen medidas cautelares para proteger a las personas que ya viven en las inmediaciones.
Mientras tanto, el Ayuntamiento guarda silencio. Ni una declaración. Ni una explicación pública. Pero los vecinos ya han empezado a movilizarse.
«¿Energéticamente eficientes junto a un vertedero tóxico?
En julio de 2024, el consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena informó de que había aceptado una subvención de 1.687.817 euros concedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation para la construcción de 40 viviendas «energéticamente eficientes». El objetivo: incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler social en Cartagena, mediante la construcción de inmuebles energéticamente eficientes. Las viviendas se alquilarían a un precio asequible, estimado entre 6 y 7 euros por metro cuadrado.
Piden que se revierta la compra de los terrenos
MC Cartagena y el PSOE han reclamado que se estudie la posible reversión de la compra de la parcela de Los Mateos, tras conocerse que el terreno adquirido por el Ayuntamiento está contaminado. Denuncian que la operación se hizo “con prisas y oscurantismo” y exigen explicaciones públicas.
Los portavoces José López Giménez Gallo (MC) y Manuel Torres (PSOE) han solicitado la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer todo el proceso y depurar responsabilidades políticas en lo que consideran un “fiasco urbanístico” impulsado por los gobiernos de Noelia Arroyo.
La compra de la parcela de 2.341 metros cuadrados situada en la Unidad de Actuación 1 de Los Mateos se formalizó apenas once días después de las elecciones municipales de 2023 y tan solo unos días antes de la constitución de la nueva Corporación. El precio inicial, fijado en 637.279 euros, se redujo en 200.000 euros bajo el concepto de descontaminación del terreno, una cifra claramente insuficiente para afrontar los trabajos reales y que, además, exime de toda responsabilidad al anterior propietario.