La Región Murcia es hoy un ejemplo de lo que no debe ocurrir con un derecho social. Dieciocho años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, la Región se encuentra entre las peores comunidades autónomas en atención a personas en situación de dependencia. Así lo revela el Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia publicado este 7 de julio, que denuncia una realidad tozuda: el sistema no funciona como debería y son los más vulnerables quienes pagan las consecuencias.
Los datos oficiales no dejan lugar a dudas. Murcia es la segunda comunidad con mayor porcentaje de personas esperando algún trámite del sistema de atención a la dependencia: un 21,9% de quienes han solicitado una prestación siguen atrapados en la lista de espera. Solo Canarias, con un alarmante 37,8%, la supera. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, la media nacional se sitúa en el 12,8%.
Además, la Región de Murcia ha disparado su tiempo medio de espera para tramitar un expediente hasta los 564 días, superando en casi un año el plazo legal de seis meses (180 días). Este dato convierte a la Región en la tercera comunidad más lenta de España, solo por detrás de Andalucía (574 días) y Canarias (521 días). Para agravar aún más la situación, Murcia es la comunidad que más ha empeorado en 2025, incrementando en 44 días el tiempo medio de espera solo en el primer semestre del año. Mientras tanto, otras regiones como Galicia (-26 días), Castilla y León (-20,6%) o Canarias (-40 días) han logrado reducir sus tiempos de tramitación.
1 de cada 5 personas sigue esperando
En toda España, 286.861 personas siguen esperando algún procedimiento relacionado con la Ley de Dependencia. En la Región de Murcia, el 21,9% de quienes han iniciado los trámites no han recibido respuesta: ni valoración, ni grado, ni prestación. Esa demora puede suponer una condena para muchas personas mayores o con discapacidad, que necesitan apoyos para las actividades básicas de la vida diaria.
El informe denuncia, además, que el 45% de las personas desatendidas tienen un grado II o III, es decir, necesidades de apoyo extenso y continuado. Es el caso de muchas personas mayores con movilidad reducida, enfermedades neurodegenerativas o grandes discapacidades. El limbo administrativo en el que se encuentran no es una cuestión menor: es una violación de un derecho reconocido por ley.
Un sistema low cost: ni centros ni residencias
El documento también alerta de un modelo asistencial que tiende hacia lo “low cost”. En 2025 han vuelto a descender en toda España las plazas residenciales (-2.093) y los centros de día (-1.424), mientras aumentan las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, claramente insuficientes.
En este punto, el informe detalla que la cuantía media nacional por cuidados familiares es de solo 264 euros al mes, una cifra que no cubre ni de lejos el coste real del cuidado. Por grados, las prestaciones medias son de 169 €/mes para el Grado I, 277 €/mes para el Grado II y 385 €/mes para el Grado III. A eso se suma lo que el informe llama un “segundo copago”: el coste real de una residencia suele triplicar la ayuda pública.
En cuanto a la ayuda a domicilio, la intensidad media es de 36 horas al mes, lo que en la práctica se traduce en apenas dos horas y media al día de lunes a viernes para los casos más graves (Grado III), claramente insuficiente para quienes necesitan atención permanente.
Fallecimientos en la lista de espera: 1 cada 15 minutos
En el primer semestre de 2025 han fallecido 8.004 personas en la lista de espera nacional. De ellas, 3.960 lo hicieron sin haber recibido la resolución de grado de dependencia y 4.044 sin haber podido ejercer sus derechos. En otras palabras, cada 15 minutos muere una persona sin que la administración le haya prestado el servicio o ayuda a la que tenía derecho.
Tres personas mueren cada día en la Región de Murcia en lista de espera de la dependencia
La Región de Murcia está a la cola de España en dependencia con la peor nota. 1.096 murieron en 2024 en lista de espera en la Región de Murcia y 12.538 siguen esperando para acceder a servicios
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El informe apunta dos causas principales: la burocracia y los recortes. Por un lado, muchas comunidades, incluida la Región de Murcia, mantienen un sistema de tramitación con dos expedientes consecutivos: uno para valorar el grado de dependencia y otro para definir la prestación. Esto alarga innecesariamente los plazos y convierte el procedimiento en un laberinto kafkiano.
Por otro lado, la financiación estatal se ha estancado. El llamado “Plan de Choque” que inyectó 600 millones anuales entre 2021 y 2023 ha sido congelado desde 2024. En 2025 no ha habido incremento presupuestario real, solo una ampliación del gasto obligada por el aumento de beneficiarios.
Actualmente, el Estado solo financia el 28,6% del gasto total en dependencia, muy lejos del 50% previsto por ley. El recorte acumulado desde 2012 asciende a 6.321 millones de euros, que han dejado a las comunidades (y a los ciudadanos) sin el soporte necesario para desplegar de verdad el sistema.
El rostro invisible de la dependencia
Las cifras son duras, pero detrás de ellas hay personas. La mayoría de quienes cuidan en casa son mujeres: el 72,5% de las 680.000 personas cuidadoras reconocidas en 2025 son mujeres, muchas de ellas mayores de 50 años. La feminización de los cuidados no es una elección libre, sino la consecuencia de un sistema que no ofrece alternativas reales. Solo el 13,6% de las cuidadoras familiares está dada de alta en la Seguridad Social, pese a los compromisos del Estado para regularizar su situación.
La Región de Murcia necesita un cambio de rumbo inmediato. No solo para reducir los plazos, sino para garantizar que la atención a la dependencia sea un derecho real, no un espejismo legal. La Ley está vigente, pero no se cumple. Mientras tanto, miles de murcianos esperan. Algunos, literalmente, hasta el final de sus días.