El último informe del Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia serias irregularidades en la gestión del gasto farmacéutico hospitalario en la Región de Murcia durante el ejercicio 2022, con el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca como protagonista. Según el documento, el centro murciano efectuó adquisiciones por valor de más de 102 millones de euros en medicamentos sin la debida planificación estratégica y con un uso abusivo de contratos menores y procedimientos negociados, lo que vulnera los principios fundamentales de la Ley de Contratos del Sector Público. Consulta aquí el informe del Tribunal de Cuentas.
Sin plan de salud desde 2015
Una de las principales alertas lanzadas por el Tribunal de Cuentas es la ausencia total de planificación estratégica. La Región de Murcia no contaba en 2022 con un Plan de Salud actualizado -el último se aprobó para el periodo 2010-2015-, ni el Área de Salud I (Murcia-Oeste), de la que depende la Arrixaca, tenía un plan propio, pese a que lo exige la Ley 4/1994 de Salud de la Región de Murcia.
Aunque existía un Acuerdo de Gestión para 2022, con objetivos relativos a la farmacia hospitalaria, no se elaboraron informes de seguimiento, lo que impide valorar el cumplimiento efectivo de dichos objetivos.
Presupuesto a la deriva: se gasta el triple de lo previsto
La gestión presupuestaria ha sido directamente calificada de “manifiestamente insuficiente”. El presupuesto inicial para el capítulo de suministros y materiales en el Área de Salud I era de 79,8 millones de euros. Sin embargo, el gasto real ascendió a 232,9 millones, lo que implica una desviación del 191,6%.
Este desfase ha obligado a realizar pagos fuera de plazo a los proveedores, generando unos intereses de demora de 375.553 euros en 2022, que aumentaron a 652.746 euros en 2023, agravando la situación financiera. El Tribunal subraya que estos intereses son significativamente más altos que si se hubiera recurrido a financiación en el mercado, y denuncia que este problema se arrastra desde hace más de veinte años sin solución.
Compras opacas y sin publicidad
En lo que respecta a los procedimientos de adquisición, el informe señala que el hospital murciano recurrió de forma masiva a procedimientos negociados (67,9 millones), contratos menores (24,4 millones) y adquisiciones sin procedimiento contractual (2,5 millones).
Solo una pequeña parte del gasto se realizó mediante procedimientos abiertos o acuerdos marco, que son los legalmente recomendados por garantizar la transparencia, la libre concurrencia y el mejor uso del dinero público. En total, más del 97% del gasto se realizó sin utilizar los cauces ordinarios de contratación pública.
El coste oculto del descontrol
Además del agujero económico y el incumplimiento legal, el informe apunta a un problema más profundo: la sostenibilidad del sistema sanitario. Las disfunciones detectadas en la Región de Murcia -falta de planificación, contratación irregular, sobrecostes financieros- suponen una gestión ineficiente de los recursos públicos y, en última instancia, ponen en riesgo la calidad y equidad del acceso a los medicamentos.
El Tribunal de Cuentas insta al Servicio Murciano de Salud a corregir estas deficiencias de forma urgente. Reclama mayor rigor en la planificación, cumplimiento estricto de la normativa de contratación, mejores sistemas de información y un giro hacia modelos de compra más eficientes, como el uso de unidosis.
La Región de Murcia aparece retratada en este informe como un caso paradigmático de mala gestión estructural en el ámbito sanitario. A falta de planificación, con presupuestos inflados a posteriori y procedimientos opacos, el Hospital de la Arrixaca ha operado durante 2022 -y probablemente más allá- como si la ley fuera opcional y el dinero público, inagotable. Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas están sobre la mesa. Lo que falta ahora es voluntad política para aplicarlas. Y rendición de cuentas. Porque alguien tendrá que dar explicaciones.
La Región de Murcia no es la única a la que el Tribunal de Cuentas ha dado un tirón de orejas
Su último informe de fiscalización también saca los colores a los principales hospitales públicos de Cantabria, Extremadura y La Rioja al constatar que se han saltado la normativa de contratación pública en la adquisición de medicamentos hospitalarios durante el ejercicio 2022. En otras palabras: han comprado fármacos como si se tratara de productos de supermercado, sin cumplir con los principios básicos de publicidad, transparencia y concurrencia exigidos por ley.
La auditoría, centrada en los hospitales de referencia de cada región -Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), Complejo Universitario de Badajoz (Extremadura), Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro (La Rioja)- revela una preocupante falta de planificación y control en la gestión del gasto farmacéutico hospitalario. ¿El resultado? Desigualdades brutales en el precio pagado por un mismo medicamento, con diferencias de hasta un 97%.
El caso más escandaloso es el del Hospital Marqués de Valdecilla, en Cantabria, donde el 99% del gasto en medicamentos -más de 101 millones de euros- se realizó fuera del procedimiento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En los otros tres hospitales analizados, se abusó de los contratos menores, que deberían ser excepcionales y limitados, pero que aquí se utilizaron de forma sistemática. En muchos casos, además, se superaron los umbrales legales al acumular compras con un mismo proveedor y para un mismo objeto.
Pero el problema no se limita a la forma de contratar. El informe también señala serias carencias en la gestión del gasto farmacéutico: falta de protocolos normalizados para la prescripción y dispensación de medicamentos, sistemas informáticos obsoletos o inadecuados y ausencia de mecanismos efectivos de control. Todo ello ha contribuido a una gestión ineficiente de los recursos públicos, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.
El Tribunal de Cuentas lo dice sin rodeos: estas prácticas no sólo infringen la ley, sino que generan un impacto negativo directo en las arcas públicas. Por ello, insta a los servicios de salud autonómicos y a las gerencias hospitalarias a tomar cartas en el asunto. Entre las medidas recomendadas figuran la implantación de sistemas de información más robustos, la corrección de las deficiencias detectadas y la apuesta por modelos de adquisición más eficientes, como el uso de medicamentos en formato unidosis.