Emanciparse en Murcia es misión imposible. Encontrar trabajo estable, un sueño. Recibir las ayudas prometidas, un milagro. Y si además eres menor extranjero sin familia, la cosa se pone fea. Este es el retrato que CCOO Región de Murcia ha trasladado este viernes a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un encuentro conjunto con UGT y USO celebrado en la sede del sindicato.
Las portavoces sindicales Teresa Fuentes (secretaria general de CCOO RM) y Teresa Sancho (responsable de Juventud y Políticas Sociales) no han escatimado en contundencia: Murcia es la comunidad con los salarios más bajos y la tasa de paro juvenil más alta de España. Aun así, el gobierno regional retrasa el pago de las ayudas al alquiler joven y apenas invierte en políticas de empleo juvenil.
60 menores expulsados. 80 trabajadores a la calle. Y todo para cerrar unos presupuestos
Uno de los golpes más duros expuestos ante la ministra ha sido el cierre del centro de menores de Santa Cruz. CCOO lo califica de “cruel” y no es para menos: 60 menores quedan desatendidos y 80 trabajadores pierden su empleo. ¿La razón? El precio que VOX puso al Partido Popular para apoyar los presupuestos de la Región de Murcia para 2025. Así, sin disimulo.
Rego acusa: la pobreza infantil no se combate con propaganda
En la rueda de prensa posterior, Sira Rego fue clara: “Murcia es la región más joven de España y también la que tiene la mayor tasa de pobreza infantil”. Denunció que, pese a los millones transferidos por el Gobierno central, el dinero no está llegando a quienes más lo necesitan. La ministra señala al gobierno autonómico como responsable directo de ese bloqueo.
“Hay que parar los pies a la ultraderecha”
Para Teresa Fuentes, la situación en la Región va más allá de la ineficacia: “Ya estamos viendo políticas de ultraderecha aplicándose aquí, y esto es una amenaza directa para la clase trabajadora y migrante que sostiene esta economía”.
También aprovechó para exigir al Gobierno la derogación urgente de la ley mordaza, tras conocerse la condena a prisión de seis sindicalistas asturianas -las llamadas “seis de la Suiza”- por hechos ocurridos hace ocho años en Gijón. “El sindicalismo no puede ser criminalizado”, sentenció.
La ministra escuchó. Ahora falta que actúe. Porque como bien saben en esta tierra, las promesas no pagan alquiler.