Ni moratoria, ni límite de tamaño, ni garantías ambientales. La mayoría parlamentaria conformada por PP y VOX han rechazado con su voto las propuestas de Podemos y PSOE que recogían las exigencias de las plataformas vecinales contrarias a la implantación masiva de plantas de biogás en la Región de Murcia promovidas por poderosos fondos de inversión cuyo único objetivo es ganar dinero. Traerán residuos (purines y restos de animales) de donde haga falta para alimentar sus plantas y hacer caja.
Las grandes plantas de biogás proyectadas en la Región de Murcia tienen nombres rimbombantes y bolsillos muy profundos detrás. Las instalaciones de San Javier, Santomera y Las Torres de Cotillas están impulsadas por Enagás Renovable, cuya matriz tiene entre sus principales accionistas a Amancio Ortega y al fondo soberano de inversión de Abu Dabi. En Molina de Segura, la planta prevista en el polígono industrial de La Polvorista corre a cargo de Heygaz Spain, propiedad del fondo de capital privado Infravia Capital Partners, con sede en Francia. La macroplanta de Mula la promueve Nortegás, participada por tres gigantes internacionales: el banco estadounidense JP Morgan Chase, la aseguradora suiza Swiss Life y el fondo soberano de Abu Dabi. En Fuente Álamo, el proyecto lo impulsa Five Bioenergy, filial de Asterion Industrial Partners, el mayor fondo de capital riesgo de España. Y en Lorca, más de lo mismo: la promotora inicial, Gesalor, cedió en septiembre el proyecto también a Five Bioenergy.
Las propuestas tumbadas por PP y VOX pedían medidas claras: que solo se autoricen instalaciones pequeñas y ligadas a industrias agroalimentarias ya existentes, que no puedan ampliar su capacidad ni recibir residuos ajenos, y que se paralicen de inmediato todas las macroplantas en tramitación que superen las 20.000 toneladas anuales de residuos.
¿A cuáles afecta? A proyectos muy concretos y ya en marcha: Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, San Javier, Mula, Lorca o Baños y Mendigo, entre otros. En todos esos municipios se han constituido plataformas ciudadanas que denuncian la opacidad de los promotores, la falta de información y los posibles impactos ambientales y sociales. Representantes de las diferentes plataformas han acudido a la Asamblea Regional y a sus puertas han advertido de que nada ni nadie les va a detener porque «estamos defendiendo nuestra salud».
Una moratoria negada
El PSOE había planteado una moratoria total de seis meses para detener el aluvión de expedientes mientras se redacta una normativa autonómica clara. El objetivo: garantizar distancias mínimas de 3,5 kilómetros respecto a núcleos habitados, estudios previos obligatorios, límites estrictos a los olores (con un máximo de 15 unidades de olor por metro cúbico) y mecanismos eficaces de participación pública y control ambiental.
Pero la mayoría del PP y VOX impidió que salieran adelante las demandas ciudadanas plasmadas en las iniciativas parlamentarias de Podemos y PSOE que, lamentablemente, tampoco lograron consensuar un texto conjunto. El pasado mes de noviembre, el grupo socialista votó en contra de una moratoria a las plantas de biogás.
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En paralelo a este portazo autonómico, el Gobierno de España ha dado luz verde a una de las principales reivindicaciones vecinales: el derecho a decidir. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la autorización para celebrar una consulta popular en el municipio de Las Torres de Cotillas, donde está proyectada una de las plantas de biogás de mayor envergadura: 520.000 toneladas anuales de residuos orgánicos.
«¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en Las Torres de Cotillas?» será la consulta a los torreños.
El PP habla de libertad y progreso
La diputada regional del Partido Popular, María Casajús, ha optado por desviar el foco hacia el Gobierno central, al que responsabiliza de la situación actual por haber aprobado, según sus palabras, una “Hoja de Ruta del Biogás sin planificación”. Para el Grupo Parlamentario Popular, el biogás es sinónimo de progreso y sostenibilidad, y consideran que la normativa ambiental y urbanística vigente es suficiente para regular la implantación de estas instalaciones.
Casajús ha acusado a Podemos y PSOE de actuar movidos por «intereses electorales», al reclamar una moratoria y una ley autonómica específica que establezca distancias mínimas entre las plantas y los núcleos habitados.
VOX reclamó a través de su propia enmienda a la totalidad un plan energético para la Región que incluya el biogás con planificación bien ordenada «para evitar caos». La enmienda solo obtuvo los nueve votos a favor del grupo de ultraderecha.
Capital riesgo y opacidad
Según datos del propio Gobierno regional, hay en tramitación más de 20 proyectos de plantas de biogás en distintos puntos de la Región, aunque se desde el Ejecutivo murciano se habla de capacidad para implantar hasta 40 plantas de biogás. La mayoría de ellas promovidas por fondos de inversión, sin relación alguna con el territorio. Fondos de inversión cuyo único objetivo es ganar dinero.
“Vamos camino de importar purines y residuos ganaderos de toda España para alimentar estas plantas”, denunció Podemos, que advirtió que “la Región se está convirtiendo en el retrete energético del país”. La falta de una normativa específica a nivel autonómico deja a los municipios indefensos.
Podemos ha anunciado que llevará al Congreso la regulación de las plantas de biogás tras el veto de PP y Vox en la Asamblea. Para la formación morada, tanto PP y Vox, “ sirven a sus amos, que es la industria porcina y los fondos de inversión de las energéticas”.
La votación en la Asamblea Regional certifica que, por ahora, la línea política del Gobierno regional de López Miras es clara: barra libre a los megaproyectos de biogás, aunque generen conflicto social, ambiental y legal.
Lo que está en juego no es solo una cuestión técnica o energética. Es un modelo de territorio. Y la pregunta que queda en el aire es simple y directa: ¿quién decide sobre el futuro de nuestros pueblos, sus vecinos o los fondos de inversión?