El suicidio no es inevitable. Pero para prevenirlo hacen falta recursos, voluntad política y sistemas de salud que funcionen. El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la distribución de 17,8 millones de euros entre las comunidades autónomas para poner en marcha por primera vez en España un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. A la Región de Murcia le corresponden 638.616 euros. Es un inicio. Tardío, limitado y condicionado. Pero un inicio. A esta cantidad hay que añadir 1,3 millones de euros para reforzar la atención a la salud mental. El Gobierno de la Región de Murcia será el encargado de ejecutar el presupuesto.
Suicido, primera causa externa de muerte en España
Año tras año, el suicidio es la primera causa externa de muerte en España, muy por encima de los accidentes de tráfico. En 2023, 4.227 personas se quitaron la vida en el país. En la Región de Murcia, la cifra ascendió a 185 personas en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tendencia no mejora. La salud mental se deteriora, especialmente entre jóvenes, mayores, colectivos vulnerables y personas que viven en la soledad más absoluta.
Pese a ello, España ha carecido hasta ahora de un plan integral, financiado y articulado desde el Estado. La respuesta ha quedado en manos de las comunidades autónomas, con desigual desarrollo y sin criterios comunes. Hoy, por primera vez, se habilitan fondos concretos para cambiar esa realidad. La medida, sin embargo, está lejos de ser suficiente.
¿En qué se invertirá el dinero?
El plan prevé múltiples líneas de actuación, que cada comunidad deberá desarrollar de forma concreta. Entre ellas: campañas de concienciación que combatan el estigma social que aún rodea al suicidio y fomenten la empatía, apoyo psicológico y social a personas en situación de riesgo, especialmente mayores, colectivos LGTBIQ+, personas en exclusión, con enfermedades graves o dolor crónico, acompañamiento a personas que han perdido a un ser querido por suicidio, formación especializada a “gatekeepers”, es decir, personas clave en la detección temprana del riesgo (profesionales sanitarios, docentes, cuidadores, etc.), reforma de las urgencias hospitalarias, con mejoras en la accesibilidad y trato adecuado a personas en crisis y refuerzo de los servicios de atención telefónica y dispositivos comunitarios.
En total, 12,8 millones de euros de la partida estatal se destinarán a gastos corrientes -como contratación de personal o desarrollo de campañas- y 5 millones a inversiones -infraestructura, equipamiento tecnológico, reformas hospitalarias-.
En el caso murciano, el destino exacto de los 638.616 euros dependerá de la memoria técnica que presente la Comunidad Autónoma. El acuerdo obliga a detallar las acciones previstas y justificar su coste. Sin eso, no hay transferencia.
Murcia: una región sin plan propio
A diferencia de otras comunidades como Cataluña, Castilla y León o el País Vasco, la Región de Murcia no cuenta actualmente con un plan autonómico de prevención del suicidio. Existen protocolos clínicos dispersos, iniciativas puntuales de algunos municipios y un aumento notable de la demanda en salud mental. Pero no hay una estrategia coherente, ni unidades específicas en todos los hospitales, ni recursos suficientes en Atención Primaria para detectar señales de alarma.
Tampoco se ha reforzado adecuadamente el 061 con equipos de intervención inmediata en crisis, como sí ocurre en otras regiones. Los psicólogos clínicos siguen siendo escasos en la sanidad pública murciana y la atención especializada puede tardar meses.
La llegada de estos fondos supone una oportunidad para comenzar a corregir ese déficit. Pero la clave estará en cómo se ejecuten y si se hace con la urgencia que exige la situación.
Una emergencia silenciosa
En 2023, más de 80.000 personas intentaron suicidarse en España, según estimaciones sanitarias. Cada suicidio consumado afecta profundamente a al menos seis personas cercanas. El dolor se extiende, pero la conversación pública sigue siendo escasa. No es casual: el suicidio ha sido tabú durante décadas. Se ha evitado nombrarlo por miedo al «efecto llamada», cuando en realidad lo que salva es hablar, pedir ayuda, intervenir a tiempo.
Según los datos más recientes disponibles, en el año 2023 se registraron en la Región de Murcia un total de 117 muertes por suicidio, de las cuales 89 correspondieron a hombres y 28 a mujeres. Esto representa una tasa de 7,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, situando a la región por debajo de la media nacional.
Según el Informe Anual 2024 de la Línea 024, el servicio nacional de atención a la conducta suicida atendió un total de 146.122 llamadas telefónicas y 17.959 chats en línea durante el año 2024. En cuanto a la procedencia de las llamadas, la Región de Murcia registró 2.286 llamadas atendidas en 2024.
En la Región de Murcia, asociaciones como AFES, Teléfono de la Esperanza o colectivos de salud mental llevan años reclamando políticas preventivas, formación en colegios, coordinación con servicios sociales y refuerzo de la red pública. Hasta ahora, sin demasiado eco institucional.
La Región de Murcia cuenta con 114 psicólogos clínicos en el Servicio Murciano de Salud, lo que representa una ratio de 7,4 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es inferior a la media nacional y se considera insuficiente para atender la demanda de salud mental en la región.
El Hospital Virgen de la Arrixaca atiende diariamente una media de cinco tentativas de suicidio o autolesiones sin fines suicidas, especialmente en población juvenil. Este incremento se ha observado desde la pandemia y ha generado listas de espera para la atención en la Unidad de Psiquiatría Infantojuvenil.
Este plan no es la solución definitiva. Pero puede ser un punto de inflexión. Para ello hará falta que la Comunidad Autónoma cumpla con su parte: diseñar un plan regional ambicioso, ejecutar los fondos con transparencia y priorizar a los colectivos más vulnerables. No hay margen para improvisar.