Como cada año desde 2005, la organización ecologista ha publicado su ya esperado informe Banderas negras, que denuncia los casos más graves de contaminación y mala gestión ambiental en el litoral del Estado. Tras analizar los cerca de 8.000 kilómetros de costa, se han repartido 48 banderas negras, dos por provincia o ciudad autónoma. Pero, como reconocen sus autores, “por desgracia podrían ser muchas más”.
En esta edición, el foco está más claro que nunca: la apropiación del espacio público por parte de particulares adinerados, grandes empresas y la sobreexplotación turística. En palabras de los ecologistas, prácticas ilegales que las administraciones, cuando no miran hacia otro lado, directamente amparan.
En la Región de Murcia, las banderas negras de 2025 vuelven a señalar las mismas vergüenzas de siempre, esas que las administraciones ni solucionan ni dejan de agravar. Una de ellas recae, una vez más, sobre el Mar Menor y su cuenca vertiente, por la contaminación provocada por los vertidos agrícolas cargados de nitratos y pesticidas. Un ecosistema único convertido en campo de pruebas de la impunidad ambiental y la dejadez política.
La otra bandera negra apunta a la Bahía de Portmán y la Sierra Minera, símbolo histórico de la contaminación industrial descontrolada. Más de ocho kilómetros cuadrados de fondos marinos colmatados con millones de toneladas de residuos mineros, sin restauración real ni responsables señalados. Para Ecologistas en Acción, el caso de Portmán sigue siendo “una cicatriz abierta en el litoral murciano, agravada por décadas de inacción institucional”.
Feijóo y la bandera negra más mediática
Una de las banderas negras más sonadas ha sido la otorgada al matrimonio formado por Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas. ¿El motivo? La ocupación del dominio público marítimo-terrestre en la playa de O Con, en la costa de Tirán (Moaña, Pontevedra). Aunque la superficie ocupada no es enorme, el hecho de que el infractor sea el presidente del Partido Popular y exmandatario gallego da dimensión política al caso.
Precisamente, la Xunta de Galicia -gobernada por su propio partido- acaba de asumir las competencias en gestión del litoral tras un polémico traspaso desde el Estado. Para Ecologistas en Acción, esta bandera negra “demuestra que las comunidades autónomas gobernadas por el PP reclaman competencias en costas no para protegerlas, sino para perpetuar su ocupación por minorías privilegiadas”.
Privatización encubierta y barra libre para los chiringuitos
El informe también denuncia casos escandalosos de privatización encubierta del litoral. Es lo que ocurre en la isla de Toralla (Vigo), donde los residentes de una urbanización privada, con el consentimiento institucional, impiden el acceso al litoral, como si la isla fuera suya.
También se señala la transformación de chiringuitos temporales en auténticos chalés con sótano en las playas andaluzas, o la instalación de parkings ilegales en zonas protegidas como el Parque Natural de las Dunas de Liencres (Cantabria). Todo esto con la connivencia, directa o indirecta, de las administraciones.
En la Isla Pancha (Ribadeo), además de privatizar el espacio, se vulnera la normativa ambiental al estar dentro de la Red Natura 2000.
Urbanismo salvaje y turismo sin freno
Las cifras hablan por sí solas. Del total de banderas negras:
- 13 se deben a la urbanización ilegal del litoral y ocupación del dominio público.
- 12 por vertidos y sistemas de saneamiento ineficaces.
- 9 por afecciones graves a la biodiversidad.
- 5 por acumulación de residuos y microplásticos.
- 4 por obras portuarias innecesarias o mal ejecutadas.
- 3 por contaminación química.
- 1 por daños al patrimonio en zona costera.
- 1 por un proyecto de almacenamiento de CO₂ con graves impactos.
Canarias vuelve a aparecer en el informe por el polémico Hotel RIU Palace Tres Islas, levantado en plena zona protegida de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura. La presión turística también se deja notar en la costa andaluza (Trafalgar, Salar de los Canos o Los Lances, en Tarifa), y en Cataluña, donde proyectos como el del pinar de La Farella o el río Rec d’en Feliu, ambos en Girona, pretenden urbanizar zonas inundables con alto valor ecológico.
El urbanismo que ignora las inundaciones
Y es que 2025 ha sido otro año marcado por la DANA. Aun así, el informe constata que la construcción en terrenos inundables sigue adelante sin freno. En València, por ejemplo, se han izado banderas azules en playas que apenas han empezado su recuperación tras la riada de hace siete meses.
Ecologistas en Acción denuncia que “es una grave irresponsabilidad izar estas banderas cuando no se han terminado las labores de limpieza ni se han publicado análisis sobre la calidad del agua y del lecho marino”. Puro maquillaje turístico, a costa de la seguridad y del medio ambiente.