Lo que comenzó como una jugada política para blindar el trasvase Tajo-Segura podría terminar abriendo la puerta a su debilitamiento. La Asamblea Regional de Murcia aprobó el 29 de marzo de 2023, con los votos del PP, una Proposición de Ley para consolidar jurídicamente el trasvase. Ahora, más de un año después, esa iniciativa llega al Congreso de los Diputados, donde será debatida el martes 13 de mayo. Lo que no parecía previsto es que ese trámite pueda ser la antesala de su modificación y no precisamente a mejor.
La preocupación ha encendido todas las alarmas en el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), que teme que esta proposición sirva en bandeja a otras fuerzas políticas -incluido el PP de Castilla-La Mancha- la oportunidad de presentar enmiendas que limiten aún más los caudales hacia el Segura. Eso advierte un informe de los servicios jurídicos del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Puerta abierta a modificaciones
El dictamen concluye que, pese a su apariencia de protección, la proposición de ley deja la puerta abierta a modificaciones profundas durante su tramitación parlamentaria, especialmente mediante enmiendas de texto alternativo. Estas enmiendas, advierte el informe, “pueden desnaturalizar la iniciativa hasta el punto de hacerla irreconocible, o incluso contraria al planteamiento inicial”.
La proposición murciana consta de un único artículo, lo que la hace especialmente vulnerable a cualquier alteración del texto. Cualquier grupo parlamentario -según los artículos 110 y 126 del Reglamento del Congreso- podrá presentar un texto alternativo completo o enmiendas al articulado que, si son aprobadas, pasarán a sustituir la versión original. Esto, advierten los servicios jurídicos del PSOE, “podría modificar las reglas de explotación y hacerlas más restrictivas incluso que las vigentes en la actualidad”.
La alarma no es gratuita. El documento recuerda que la defensa del trasvase ha sido históricamente un punto de fricción entre partidos y comunidades autónomas. La existencia de 11 formaciones con representación en el Congreso -algunas de ellas contrarias al trasvase- convierte el escenario parlamentario en un terreno incierto, donde cualquier iniciativa puede ser objeto de un giro inesperado. Y este caso, según los juristas del PSOE, no es una excepción.
El informe destaca que, si se aprueba una enmienda de texto alternativo, el nuevo texto será considerado como base para continuar la tramitación, publicándose en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y abriéndose un nuevo plazo de enmiendas. Es decir, el blindaje puede convertirse en vulnerabilidad.
El dictamen también menciona un precedente elocuente: la decisión del propio PP murciano de retirar la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región cuando detectó que las enmiendas registradas por otros partidos podían afectar seriamente al contenido del texto. “Lo que el PP no quiso para su Estatuto, lo aplica ahora al trasvase”.
Castilla La Mancha lleva años presionando
El riesgo es evidente. Cualquier ley, una vez admitida a trámite, queda expuesta al juego parlamentario. En un Congreso fragmentado, con mayorías cambiantes y partidos con intereses territoriales enfrentados, la proposición impulsada por el Gobierno regional de Murcia podría acabar completamente desfigurada. No es un escenario hipotético: Castilla-La Mancha lleva años presionando para endurecer las condiciones del trasvase, y su Gobierno -incluido el PP manchego- se ha manifestado reiteradamente en contra de esta infraestructura hídrica.
“Es un conflicto territorial, no partidista”, recuerdan desde el PSRM que acusa al presidente murciano de haber actuado con una irresponsabilidad mayúscula. “El PP sabe perfectamente el error que ha cometido y por eso ha guardado silencio hasta ahora”, añade.
Lucas intenta frenarlo
El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, está manteniendo reuniones en Madrid para evitar lo que podría ser un “error histórico”. Lucas trata de impedir, por todos los medios, que el Congreso de los Diputados sirva de plataforma para modificar las reglas de explotación del trasvase.
La paradoja no puede ser más cruel: una iniciativa supuestamente diseñada para proteger el trasvase puede acabar siendo el vehículo legal que facilite su recorte. “Si el Partido Popular no da marcha atrás, puede abrir un escenario que no puede controlar y cuyo resultado, en estos momentos, es una incertidumbre”, advierte López.
El PSRM ha anunciado que no apoyará ninguna enmienda que suponga un endurecimiento de las reglas. Y lanza una pregunta directa al presidente murciano: “¿Puede asegurar López Miras que no se endurecerán las reglas con los votos de sus compañeros del PP de Castilla-La Mancha?”.
El Partido Popular ha afirmado, por su parte, que «quien pone en jaque el Trasvase en el Congreso de los Diputados es el voto del PSOE», por lo que «los únicos responsables serán los socialistas». Eso ha dicho el diputado regional del PP, Jesús Cano.
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha declarado que la Comunidad va a «utilizar todos los medios judiciales, políticos, sociales y técnicos para defender el trasvase», que ha definido como una infraestructura «insustituible» e «irrenunciable» para el Levante.
A pocos días del debate, la tensión crece. El trasvase Tajo-Segura vuelve a colocarse en el centro de una tormenta política, pero esta vez, con un riesgo real y tangible de que los errores estratégicos se paguen con menos agua para el Levante, pero López Miras tendrá su fotografía en el Congreso y minutos de radio y televisión.