VOX ha reclamado públicamente que la vicealcaldesa Rebeca Pérez aclare su papel en una operación urbanística que el partido califica de “irregular” y “gravísima”. Según recuerda VOX, la parcela fue cedida gratuitamente en 2006 por el Ayuntamiento para construir una escuela universitaria, un proyecto que nunca se ejecutó. En 2024, en lugar de exigir la reversión del terreno, el Ayuntamiento -ya con Rebeca Pérez como vicealcaldesa- vendió directamente la parcela a una fundación privada por 5,6 millones de euros, sin subasta ni concurso público.
Cuatro informes de la Comunidad Autónoma concluyen que esta venta «no es conforme a derecho», ya que no se cumplió el fin docente que justificó la cesión original. VOX recuerda que la ley obliga, en estos casos, a revertir el suelo al patrimonio municipal. “El PP transformó una cesión gratuita en una venta directa y opaca”, denuncia la formación.
El Ayuntamiento de Murcia ha defendido la operación amparándose en una figura jurídica denominada “novación”, pero VOX la rechaza de plano: “No estamos hablando de un contrato privado, sino de un acto administrativo que afecta al patrimonio de todos los murcianos”.
“El suelo público para equipamientos escasea y, sin embargo, se entrega a intereses privados mientras el Ayuntamiento hace caja”, acusa el viceportavoz municipal de VOX, el concejal Franco, que advierte de que la operación podría tener no solo consecuencias políticas, sino también civiles y penales.
“La señora Rebeca Pérez debe dar explicaciones urgentes en el pleno”, insiste Franco. “No se puede vender a una empresa privada, y sin concurso, una parcela pública cedida para otro fin. Esto no es suyo. Es de los murcianos”.
El caso, que RRNEWS viene destapando en primicia, se ha convertido en un escándalo de primera magnitud en el Ayuntamiento de Murcia. Lo que parecía un trámite administrativo más ha destapado una cadena de decisiones que ya están bajo el foco de varios grupos políticos.
La parcela debió salir a subasta pública
Por si fuera poco, El registrador de la propiedad se negó a inscribir la operación de compraventa de la parcela y ahora la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Públia le da la razón: el Ayuntamiento de Murcia no podía vender lo que no había recuperado. La parcela debió salir a subasta pública.