El Sindicato de Vivienda de Murcia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han convocado a la ciudadanía a manifestarse este sábado 6 de abril “contra el negocio de la vivienda”. La movilización, que forma parte de una jornada de protestas a nivel estatal, partirá a las 11:30 horas desde la plaza Santoña, en el centro de la capital murciana.
Ambas organizaciones denuncian que “la vivienda debería ser un derecho, no un bien con el que especular”, y que “los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas”.
Acusan al Estado y a los partidos institucionales de haber consolidado un modelo en el que el acceso a la vivienda ha quedado subordinado a la lógica del beneficio económico. “Mientras tanto –añaden–, las que nos organizamos para resistir y defender nuestras casas sufrimos represión, multas, persecución y violencia policial. Nos quieren silenciadas, nos quieren aisladas, pero respondemos con más fuerza, con más organización y con más lucha”.
El Sindicato y la PAH insisten en que esta movilización no es un acto puntual, sino “un paso más en la construcción de un movimiento fuerte, independiente y combativo”, con el objetivo de tejer alianzas, sumar nuevas compañeras y reforzar redes de apoyo mutuo.
Entre sus propuestas destacan:
- Prohibir cualquier desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
- Bajar los precios de los alquileres y regular el mercado.
- Eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMI.
- Prohibir los alquileres vacacionales, de temporada y por habitaciones en zonas residenciales tensionadas.
- Recuperar, en forma de vivienda pública, la deuda bancaria generada por el rescate.
- Integrar todo el patrimonio de la SAREB en el parque público.
- Expropiar viviendas desocupadas sin justificación.
- Impedir el acaparamiento inmobiliario.
- Prohibir la compra de vivienda por parte de no residentes y empresas.
- Establecer la obligación de residir un mínimo de cinco años en las nuevas adquisiciones.
- Despenalizar que personas permanezcan en sus casas aunque no puedan pagar por ellas.
La realidad detrás de la protesta: más desahucios, más ejecuciones, más quiebras familiares
El discurso oficial que presenta a la Región de Murcia como una tierra próspera contrasta con los datos judiciales más recientes. Mientras el presidente autonómico, Fernando López Miras, insiste en que “Murcia es la mejor tierra del mundo” y que “la Región funciona”, el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dibuja un panorama muy distinto.
En 2024, Murcia lideró los peores indicadores habitacionales y laborales del país:
- Concursos de familias: La Región registró 152 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta del país, con un incremento del 71,7 % respecto a 2023. En total, 2.395 familias se vieron obligadas a declararse en quiebra.
- Desahucios: Aumentaron un 54,4 %, con 1.203 lanzamientos. El 67 % fueron por impago del alquiler y el 34,3 % por ejecuciones hipotecarias. Murcia encabeza el ranking estatal en desahucios por habitante.
- Ejecuciones hipotecarias: Subieron un 40,9 %, con 78 por cada 100.000 habitantes. Ninguna otra comunidad pierde más viviendas por impago.
- Despidos: Las demandas aumentaron un 16,2 % y alcanzaron las 5.774.
- Reclamaciones de deuda: Se registraron casi 41.000 nuevos procedimientos monitorios, un 15,4 % más que el año anterior. Murcia es la tercera comunidad con más reclamaciones de deuda por habitante.
Estos datos respaldan el mensaje de las organizaciones convocantes, que denuncian una precariedad habitacional y económica creciente frente a un modelo de vivienda cada vez más orientado al beneficio privado.
El Gobierno regional se opone a aplicar la Ley de Vivienda
Desde el sindicato UGT recuerdan que el Gobierno regional de López Miras se niega a aplicar la Ley de Vivienda y a declarar zonas tensionadas que impidan la subida de los precios del alquiler.
Según un informe de la OCDE en la Región de Murcia se destina un 30,2% de los ingresos cuando la media nacional es del 26,3%.
Según datos del INE citados en la ILP, más de 100.000 viviendas permanecen vacías en la región mientras muchas familias no pueden acceder a una vivienda digna.