La Guardia Civil ha sacado a la luz un nuevo caso de construcción ilegal en la Región de Murcia. Esta vez ha sido en el término municipal de Águilas, donde una persona ha sido investigada como presunta autora de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo. La operación, denominada ‘Microcemento’, ha puesto el foco en una edificación ejecutada sin ningún tipo de autorización sobre suelo no urbanizable, una práctica que, aunque común en muchas zonas rurales, tiene graves consecuencias legales y ambientales.
Los hechos se descubrieron en febrero, durante una ronda de inspecciones rutinarias del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). En una parcela de uso agrícola, los agentes detectaron una serie de obras que levantaron todas las alarmas: dos viviendas unifamiliares de nueva construcción, de unos 390 metros cuadrados, delimitadas con una valla perimetral y con maquinaria activa para construir piscinas. Todo ello en un terreno clasificado como no urbanizable de régimen común, sin proyecto de actuación aprobado ni licencia urbanística.
Las edificaciones no solo infringían la normativa local, sino que contravenían de forma directa el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) de Águilas. Según los informes técnicos recopilados durante la investigación, las obras eran “incompatibles con el planeamiento” y alteraban de forma sustancial el destino del suelo. Lo que debería seguir siendo campo, fue transformado -a espaldas de la legalidad- en una suerte de urbanización privada.
Un delito tipificado en el Código Penal
Este tipo de actuaciones no son meras infracciones administrativas. El Código Penal, en sus artículos 319 y 320, considera delito la ejecución de obras en suelo no urbanizable sin las correspondientes autorizaciones. Las penas previstas van desde un año y medio hasta cuatro años de prisión, además de multas económicas que pueden alcanzar los 24 meses. En los casos más graves, como el que nos ocupa, la ley contempla también la demolición de las obras ilegales, que debe ser sufragada por los propios responsables.
La persona investigada en el marco de esta operación se enfrenta, por tanto, a una posible condena que va mucho más allá de una sanción económica. La actuación de la Guardia Civil se encuadra dentro de un plan específico para detectar y frenar la urbanización encubierta de suelos rústicos, que en los últimos años ha proliferado al margen de los cauces legales, especialmente en zonas de costa y áreas de interés agrícola.
Águilas, bajo presión urbanística
El caso no es aislado. El litoral de Águilas, con su mezcla de paisaje rural y atractivo turístico, ha sido tradicionalmente un imán para promotores que buscan sacar tajada del suelo sin pasar por los filtros legales. La construcción ilegal no solo supone una alteración del entorno y una burla a la normativa urbanística, sino que también genera una competencia desleal para quienes sí cumplen con todos los requisitos legales y urbanísticos.
Las viviendas ilegales, además, pueden llegar a consolidarse si las administraciones no actúan con diligencia. En muchos casos, estas construcciones acaban recibiendo servicios públicos como luz o agua, lo que dificulta su demolición y, en la práctica, blanquea su existencia. Este tipo de permisividad, a veces alentada por la falta de recursos o por intereses políticos, pone en jaque la integridad de los planes urbanísticos y la protección del medio rural.
Un daño también ambiental
Desde el SEPRONA recuerdan que las construcciones ilegales no son solo un problema urbanístico, sino también ambiental. El levantamiento de edificaciones en terrenos no urbanizables puede afectar a hábitats naturales, modificar el paisaje, contaminar acuíferos o interferir en el ciclo hidrológico de zonas sensibles. En este caso concreto, la ejecución de obras para piscinas en suelo rústico se considera especialmente grave, por el uso intensivo de agua y el impacto que puede generar sobre la sostenibilidad del entorno.
La operación ‘Microcemento’ sigue abierta, y no se descartan nuevas actuaciones. Por el momento, la investigación está en manos del Juzgado de Instrucción correspondiente, mientras los técnicos municipales y regionales valoran el alcance de las obras y las posibles medidas de restauración del suelo afectado.
Desde la Guardia Civil insisten en la importancia de denunciar este tipo de prácticas, no solo para frenar su proliferación, sino también para proteger el medio ambiente, el patrimonio común y la legalidad urbanística.