El Servicio Murciano de Salud ha apartado de sus funciones al jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, Pascual Piñera, tras una ola de denuncias por presunto acoso sexual. Trece profesionales, en su mayoría médicas residentes, han dado el paso de denunciar comportamientos reiterados que, según sus testimonios, incluyen tocamientos no consentidos y conductas inapropiadas en el entorno laboral. A sus declaraciones se suman once testigos que aseguran haber presenciado estos episodios.
Pascual Piñera, que también es vicepresidente de la Sociedad Española Medicina Urgencias-SEMES, niega las acusaciones.
Relatos coincidentes
El relato de una sanitaria recogido por el diario La Verdad condensa con crudeza lo que decenas de profesionales del Hospital Reina Sofía de Murcia aseguran haber vivido durante años: acoso sexual por parte del jefe del Servicio de Urgencias. “Me cogía por la cintura, de espaldas, y me quedaba paralizada; no sabía cómo reaccionar”, confiesa una de ellas.
Los testimonios recogidos en el informe son demoledores. Otra profesional, entrevistada por La Verdad, describe cómo el jefe se acercaba por detrás, le tocaba el pelo y le masajeaba los hombros. “Tenías la sensación de estar todo el rato alerta, guardándote las espaldas. A los hombres no les tocaba, pero con nosotras se creía con derecho”, denuncia. Otra sanitaria reconoce que tuvo que pedir a una compañera que no la dejara sola con él.
El patrón se repite: tocamientos en la espalda, la nuca, los muslos, el pelo, la cara y las nalgas. Muchas víctimas eran médicas internas residentes (MIR) de primer año cuando ocurrieron los hechos.
La Unidad de Igualdad también ha documentado otros episodios, como cuando el jefe del servicio introdujo la mano en el escote de una trabajadora para sacar un bolígrafo o lanzó comentarios como: “Rubia, eres peligrosa”. Las profesionales describen un entorno laboral marcado por la intimidación y el abuso de poder. “Me hacía preguntas demasiado familiares y comentarios incómodos. Me acarició el pelo, me tocó un hombro, me pasó la mano por la espalda”, relata una de las denunciantes.
Algunas de las MIR afirman que, tras rechazar los acercamientos, comenzaron a sufrir represalias. “Durante la residencia dejó de saludarme, me ridiculizaba delante de los compañeros, me decía que hacía mal mi trabajo”, asegura una de ellas. En una ocasión, durante la atención a un paciente, el médico se dirigió a ella con desdén: “¿No sabes qué hacer? Apáñatelas”.
Según recoge el informe, estas conductas no eran esporádicas ni desconocidas. Uno de los testimonios asegura que los comentarios sobre este tipo de comportamientos eran “extendidos y generalizados” en el servicio de Urgencias, y que se remontan a “al menos diez años atrás”. El problema, denuncian desde el ámbito sanitario, es que nadie actuó hasta ahora.
Las primeras denuncias surgieron el año pasado
El caso ha sacudido los cimientos del centro hospitalario y ha desencadenado una investigación interna bajo el Protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual en el ámbito de la Administración Pública, activado por el Servicio Murciano de Salud. Las primeras denuncias surgieron el año pasado, pero ha sido en las últimas semanas cuando la presión institucional y mediática ha obligado a actuar.
El profesional señalado ya ha sido apartado de sus funciones en Urgencias, aunque sigue vinculado al centro hospitalario. La medida se considera cautelar, mientras se sustancian las diligencias informativas y se valoran las acciones legales correspondientes.
Limpieza silenciada: otras tres trabajadoras denuncian acoso
El escándalo no se queda ahí. A las denuncias del personal médico se suman otras tres empleadas del servicio de limpieza del hospital, que el pasado mes de marzo acusaron a un trabajador del área administrativa de acoso sexual. Según relatan, los hechos ocurrieron a finales de enero y describen situaciones de exhibicionismo y provocación sexual explícita, como la aparición del acusado completamente desnudo en los vestuarios masculinos, sabiendo que podían ser compartidos.
Estas denuncias han sido respaldadas públicamente por la Confederación General del Trabajo (CGT), que ha calificado como “insuficientes y lentas” las medidas adoptadas por la dirección del hospital ante la gravedad de los hechos. El sindicato reclama protección real para las víctimas y exige responsabilidades institucionales.
Reacción oficial: repulsa y protocolo, pero sin ceses
La Gerencia del Área VII de Salud ha emitido un comunicado mostrando su “máxima repulsa ante todo caso de acoso sexual y por razón de sexo”, comprometiéndose a actuar con la máxima diligencia. Se ha abierto expediente informativo y se han activado las unidades de igualdad pertinentes, pero de momento no hay ceses.
El caso ha generado un profundo malestar entre el personal del hospital, especialmente entre las residentes y las trabajadoras más jóvenes, que han roto el silencio tras años de soportar, según sus palabras, “miradas, comentarios, roces y situaciones normalizadas durante demasiado tiempo”.
Machismo estructural
Lo que está en juego no es solo la conducta de un médico o de un administrativo: es la cultura de poder e impunidad que aún puede respirarse en espacios jerárquicos como los hospitales públicos. Las víctimas relatan haber sentido miedo a represalias, a perder su puesto, o a ver truncada su carrera profesional si denunciaban. Lo que empezó como rumores o confidencias entre pasillos ha estallado ahora en una denuncia colectiva que pone el foco sobre el machismo estructural que persiste, también, en los entornos sanitarios.
Justicia y garantías
Mientras se instruyen los expedientes y se recaban pruebas, tanto el SMS como la gerencia del Reina Sofía están obligados a garantizar la protección de las denunciantes, a evitar represalias y a depurar responsabilidades si se confirman los hechos. Lo contrario, advierten desde el ámbito sindical, supondría un retroceso gravísimo en la lucha contra el acoso laboral y sexual en la sanidad pública.
Por ahora, las víctimas han hablado, los protocolos se han activado y el acusado ha sido apartado. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente?