Los locales de juegos y casas de apuestas rebosan en la Región de Murcia. Los datos indican que en la Región de Murcia hay una casa de apuestas por cada 4.068 habitantes mientras que en Cataluña, por ejemplo, la ratio es de un local por cada 56.000 habitantes. La pedanía murciana de El Palmar, con 25.000 habitantes, tiene proporcionalmente más casas de apuestas que Barcelona y la mayoría de ellas, como sucede en el resto de la región, están muy cerca de colegios e institutos de educación secundaria. Murcia es la única comunidad española en la que no está regulada la distancia que debe haber de una sala de apuestas a un centro escolar.
Según datos de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Juan González, el 18% de los menores de la Región de Murcia ha entrado a locales de apuestas y el 56% ha tenido contacto con el juego antes de los 18 años. En la Región de Murcia hay chavales con 15 años y problemas serios de ludopatía. Los menores admiten abiertamente que siguen entrando sin problemas en los locales de juegos y apuestas. En la Región de Murcia hay 374 locales de juego con licencia de apertura.
El crecimiento descontrolado de los salones de juego y las casas de apuestas en la Región de Murcia ha encendido las alarmas entre ciudadanos, asociaciones y expertos en salud pública, no así entre miembros del Gobierno regional de López Miras que sigue sin adoptar medidas.
7 años sin noticias del decreto
En septiembre de 2018, el Gobierno regional anunció la modificación legal de la normativa regional del juego para ampliar la distancia mínima entre locales de juegos y centros educativos y endurecer los controles de acceso. El entonces consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, habló de establecer una distancia mínima de 500 metros para proteger a los menores. Hace 7 años del anuncio y nada se sabe del decreto que iba a modificar el reglamento de las casas de apuestas de la comunidad murciana.
El borrador de decreto del que informaron órganos consultivos como el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social permanece guardado en un cajón. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido el Ejecutivo que preside López Miras. El Consejo Económico y Social, por cierto, dictaminó que la normativa propuesta no era suficiente para resolver el problema del juego en la Región de Murcia y recomendó una regulación mucho más severa y planificada, además de la elaboración un Libro Blanco del Juego que realizará una análisis exhaustivo de la situación en la Región. El dictamen del CES resultó demoledor.
Lo que sí hizo el Gobierno regional en 2018, ante el aumento de la ludopatía y la proliferación descontrolada de locales de juego en la Región de Murcia, fue establecer una moratoria de nuevas licencias de salas de juego y apuestas mediante una modificación del Reglamento de Apuestas de la Comunidad que aprobó el Consejo de Gobierno el 19 de septiembre de ese año.
Pero ese decreto incluyó una disposición adicional, según la cual, todas la solicitudes de apertura de locales presentadas antes de la publicación del decreto serían atendidas. Hubo una avalancha del peticiones porque el Gobierno regional se encargó de informar con tiempo al sector. Actualmente, se siguen abriendo nuevos locales de juego y apuestas con peticiones de licencia registradas en 2018.
¿Hay libro blanco del juego tal y como recomendó el CES en 2020?
No se ha modificado el decreto que regula los locales de juego y apuestas en la Región y, de momento, no hay noticias Libro Blanco del Juego cuya realización recomendó hace cinco años el Consejo Económico y Social.
En agosto de 2024, el Gobierno murciano publicó en el BORM la concesión de una subvención nominativa de 30.000 euros a la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia para su elaboración. De la citada cátedra forma parte el Grupo Orenes como patrocinador.
El plazo de ejecución del trabajo era de cinco meses (de agosto a diciembre). El plazo expiró el 31 de diciembre de 2024. Los responsables del trabajo debían contar con todos los actores implicados para su elaboración, pero no llamaron a las asociaciones de enfermos de ludopatía y asociaciones de padres y madres de alumnos como la FAPA Juan González hasta el 10 de diciembre, con el trabajo prácticamente terminado.
«El Odiseo sigue ofreciendo fiestas de iniciación al juego»
Clara García ha participado en las jornadas «Nuevas adicciones en el siglo XXI» con la ponencia titulada «Mapa del juego en España: cuanto peor, mejor para ellos” donde ha denunciado que el Odiseo del Grupo Orenes sigue ofreciendo fiestas de iniciación al juego para los jóvenes que cumplen 18 años.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) «Juan González», junto a diversas organizaciones de salud y prevención de adicciones, han elaborado un documento con diez propuestas clave para regular el sector y minimizar el impacto de la ludopatía, especialmente en los jóvenes. Bajo el título «Diez puntos para ganar todos», este decálogo busca reformar la legislación regional y establecer medidas más estrictas que protejan a la población.
Los firmantes del documento consideran que la adicción al juego debe ser tratada como una cuestión de salud pública, ya que afecta gravemente a los jóvenes y a sectores vulnerables de la población. El decálogo propone la elaboración de informes de impacto en salud antes de conceder licencias de apertura, la creación de zonas de protección en torno a centros educativos y parques infantiles, así como el cruce de datos con entidades que trabajan con personas afectadas por la adicción al juego.
Uno de los aspectos más polémicos del sector es la publicidad y las estrategias de captación de clientes. Las entidades proponen la prohibición de anuncios en espacios públicos, eventos deportivos y medios de comunicación, siguiendo el modelo restrictivo del tabaco y el alcohol. Además, exigen la eliminación de ofertas y promociones, como bonos de bienvenida o consumiciones gratuitas en locales de apuestas. «En esos locales de apuestas, las bebidas y bocadillos son más baratos que en la propias cantinas de los institutos».
Regular distancias
Otro de los puntos más relevantes es la limitación de la proximidad de estos establecimientos a zonas sensibles. Se plantea que los salones de juego, bingos y casas de apuestas no puedan estar a menos de 1.000 metros de centros educativos, sanitarios y deportivos. También se propone un mínimo de 800 metros entre dos locales para evitar su concentración en barrios específicos.
En cuanto a la expansión del sector, el documento sugiere establecer un ratio máximo de locales en función del número de habitantes, evitando así la proliferación descontrolada que ha caracterizado a Murcia en los últimos años.
Las familias piden endurecer los controles de entrada
Para frenar el acceso de menores y personas en riesgo, se propone endurecer los controles en la entrada de los locales mediante sistemas de autentificación con DNI electrónico o huella digital. Asimismo, se plantean sanciones económicas y cierres para aquellos negocios que incumplan la normativa.
Por otro lado, se busca limitar las características más adictivas del juego, como la velocidad de las apuestas, la oferta de microcréditos dentro de los locales y la falta de información sobre el tiempo de juego. También se aboga por la prohibición del uso de tarjetas de crédito para depósitos en plataformas de apuestas en línea.
El último punto del decálogo apunta directamente a las ventajas fiscales de las empresas del juego. Se propone la eliminación de cualquier tipo de exención o reducción de impuestos para estas compañías, garantizando que contribuyan en la misma medida que cualquier otro negocio.
A pesar del creciente clamor social y de iniciativas como este decálogo, el Gobierno Regional de Murcia aún no ha implementado cambios significativos en la normativa vigente.