Lorca ha dicho basta. Y esta vez, no solo lo han dicho las batas blancas. También lo han gritado los pacientes, los vecinos, los trabajadores agotados y las madres que ya no pueden esperar meses por una consulta con el pediatra. Todos juntos han tomado las calles para exigir algo tan básico como digno: personal suficiente y servicios públicos que funcionen.
A la falta de personal y la sobrecarga de los turnos se suman datos escalofriantes: más de 13.000 personas siguen esperando la primera cita con el especialista, según denuncian los manifestantes, y el hospital Rafael Méndez funciona con un déficit estructural de 80 camas de hospitalización. Un panorama que, lejos de mejorar, se agrava cada año.
El epicentro de la indignación está en el hospital Rafael Méndez, símbolo del deterioro crónico que sufre el Área III de Salud. Lo denuncian los sindicatos, lo gritan los manifestantes, y lo llevan a la Asamblea Regional tanto el PSOE como Podemos. La pregunta es: ¿los escuchará el Gobierno de Fernando López Miras?
Según la viceportavoz socialista, Marisol Sánchez Jódar, el Área III de Salud es “la más castigada” de toda la Región. No lo dice por decir: déficit estructural de personal, turnos interminables, cierre de servicios clave como parte de la planta de Medicina Interna, y una Unidad de Aislamiento Respiratorio a punto de desaparecer. Mientras tanto, las listas de espera siguen engordando, los diagnósticos se retrasan y el cansancio del personal sanitario roza el colapso.
El PSOE ha prometido llevar al Pleno del martes una moción que exige la contratación inmediata del personal sanitario necesario. Una petición que, en realidad, debería ser de sentido común y no de confrontación política. Pero aquí entra el factor Vox: el Gobierno regional sigue amarrado a su socio ultraconservador, y eso —según los socialistas— bloquea cualquier intento de acuerdo razonable.
Desde Podemos, el diputado Víctor Egío también estuvo en la protesta. “Es el momento de arrimar el hombro”, dijo, cargando contra el “desmantelamiento” del hospital y denunciando que la Región lleva años apostando por la privatización, dejando atrás a comarcas enteras como la de Lorca.
¿La realidad? En el Rafael Méndez, los enfermeros han sido reubicados, los técnicos redistribuidos, y la plantilla cada vez más escasa sostiene con dificultad una atención sanitaria que se resiente día a día. Esta vez no se trata de ideología, sino de salud. Y eso —por mucho que algunos no quieran verlo— es un derecho, no un lujo.
El clamor de Lorca está en la calle. Ahora le toca al Gobierno regional dar respuestas claras, no excusas. Porque lo que está en juego no es una consigna política, sino el derecho de miles de personas a recibir atención sanitaria digna y sin esperas interminables. Y ese derecho no debería depender del código postal.