Greenpeace, Caralluma y el Consejo en Defensa del Noroeste han denunciado que la Confederación Hidrográfica del Segura ha autorizado el uso de glifosato para la eliminación de malas hieras en acequias y. para el mantenimiento de chopos a orillas de los embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo.
Las organizaciones advierten de que el uso del herbicida pone en riesgo la calidad del agua que abastece a cientos de miles de personas y que también se utiliza en el riego de cultivos ecológicos y con denominación de origen como el arroz de Calasparra.
Los colectivos ecologistas recuerdan que la contaminación por glifosato en determinados ríos españoles ya ha alcanzado niveles alarmantes, con concentraciones que en algunos casos superan cientos de veces los límites permitidos.
El glifosato está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como «probablemente cancerígeno para los seres humanos» y por este motivo Greenpeace, Caralluma y el Consejo de Defensa del Noroeste han advertido de consecuencias «devastadoras» para para la fauna y flora acuáticas del río Segura y se oponen al uso que ha autorizado el organismo de cuenca.
«El glifosato, al ser arrastrado por las lluvias y escorrentías hacia el cauce del río, no sólo afectaría a las plantas objetivo, sin que también podría dañar a organismos acuáticos y afectar a los cultivos en la vega del Segura aguas abajo de donde se pretende fumigar» advierten.
Además, las citadas organizaciones denuncian que la Confederación Hidrográfica del Segura ni siquiera ha tenido en cuenta los manuales de buenas prácticas publicados por el Ministerio de Transición Ecológica como no realizar aplicaciones en las proximidades de los cursos de agua, balsas y acequias. Y por ese motivo consideran que «es imperativo que las autoridades reconsideren esta decisión y adopten un enfoque más sostenible y ecológico para el manejo de la vegetación ribereña».
Proponen alternativas sostenibles
Las organizaciones denunciantes proponen alternativas sostenibles y respetuosas con el medioambiente para el control de la vegetación en las orillas de los embalses como el pastoreo controlado y la siembra de especies nativas que compitan naturalmente con las plantas no deseadas. También proponen el uso de soluciones naturales como la mezcla de de vinagre, agua y jabón biodegradable o el uso de bicarbonato de sodio.
«La Confederación Hidrográfica del Segura tiene la responsabilidad de proteger este valioso recurso natural y garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un río Segura limpio y saludable» han declarado las organizaciones ecologistas.
Un herbicida muy tóxico
El glifosato está clasificado como muy tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos. Afecta a una amplia gama de organismos, desde algas microscópicas hasta peces, moluscos, anfibios y lombrices de tierra. Estudios han demostrado que incluso a baja concentraciones, el herbicida y sus formulaciones comerciales pueden dañar el ADN y causar estrés oxidativo en peces y otros organismos acuáticos.
Por otra parte, el glifosato se acumula en suelos y aguas, actuando como un contaminante resistente que afecta de manera continua a los ecosistemas acuáticos aumentando así la fragilidad de ciertas especies frente al cambio climático.
Detectaron contaminación con bentazona
Las organizaciones denunciantes han recordado que el episodio de contaminación por bentazona en el río Segura del pasado verano demuestra la vulnerabilidad de estos recursos hídricos y la importancia de protegerlos de agentes químicos peligrosos.
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) detectó durante el verano de 2024 un episodio de contaminación en el río Segura, provocado por el vertido del herbicida bentazona.
El presidente del organismo de cuenta, Mario Urrea reconoció que en una serie de acequias se había constatado la presencia de ese producto químico llamado Bentazona», que se suele emplear contra las malas hierbas.
La Comisaría de Aguas tuvo que cursar escritos tanto a la Consejería de Salud como a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma para que adoptaran las medidas que «fuesen necesarias en el ámbito de su competencia».