La asociación Alianza Mar Menor (AMARME) ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la Audiencia Provincial de Murcia revocará la personación de las ONG y ayuntamientos ribereños como perjudicados del «caso Topillo» en representación del Mar Menor. AMARME considera que la decisión de la Audiencia Provincial vulnera el derecho a un juicio justo y afecta directamente a los derechos reconocidos al ecosistema.
En febrero de 2024, la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia (con sede en Cartagena) revocó la providencia dictada por el titular juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, que ofreció a organizaciones no gubernamentales y a ayuntamientos ribereños su personación en nombre del Mar Menor en aplicación del artículo número 6 de la Ley 19/2022. El artículo otorga personalidad jurídica al Mar Menor y permite a cualquier persona física o jurídica pueda actuar en nombre del ecosistema Mar Menor ante el Tribunal o Administración Pública correspondiente ejercitando una acción en defensa de sus derechos.
La Audiencia Provincial estimó que solo se podía ejercer la acusación popular
La Audiencia Provincial estimó que la personación solo era posible a través de la acción popular y no como acusación particular. Los magistrados consideraron que, en aplicación de la Ley de Personalidad Jurídica al Mar Menor, la llamada procedente por parte del juzgado de Cartagena habría sido al Comité de Representantes del Mar Menor de haberse constituido reglamentariamente.
Los magistrados estimaron así el recurso interpuesto por la empresa agrícola Expracar S.L., del grupo Roca, con sede en la pedanía cartagenera de Pozo Estrecho.
La empresa agrícola recurrió ante la Audiencia Provincial que el propio Mar Menor, representado por el Ayuntamiento de Los Alcázares, reclamara justicia por haber recibido, entre los años 2014 y 2018, 136.363 m3 de vertidos de salmuera con nitratos, el equivalente a 55 piscinas olímpicas.
El papel de la Fiscalía
La Fiscalía se adhirió al recurso de la empresa agrícola y reiteró su petición de sobreseimiento provisional del caso. Según el auto de la Audiencia Provincial de Cartagena, el Ministerio Fiscal había solicitado anteriormente el sobreseimiento de las actuaciones debido al fallecimiento del administrador único de la empresa, Francisco Roca Meroño, a finales de 2020. Al presentarse el recurso de apelación por parte de Expracar, la Fiscalía se sumó a esta solicitud.
Ni el Supremo ni el Constitucional atendieron las peticiones de AMARME
La asociación recurrió el auto de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo, pero éste no lo admitió a trámite al tratarse de una resolución firme ante la que no cabía recurso. AMARME presentó entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pero éste tampoco lo estimó al considerar que no se estaban vulnerando derechos constitucionales.
Alianza Mar Menor ha pedido amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras personarse y no poder ejercer la acusación particular en nombre del Mar Menor, como víctima de delito ecológico.
La asociación entiende que la decisión de la Audiencia Provincial de impedirle ejercer la acción penal y las acciones civiles derivadas del delito «conlleva el vaciamiento absoluto del artículo 6 de la Ley 19/2022 y vulnera el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo conforme al artículo 6 del Convenio Europeos de Derechos Humanos».
La denuncia interpuesta ante el TEDH subraya que la denegación de la personación del Mar Menor como parte perjudicada en el proceso penal también «constituye una limitación desproporcionada, ya que afecta directamente a los derechos reconocidos al ecosistema del Mar Menor, restringiendo su capacidad de proteger su propia integridad ecológica y medioambiental».
«Algunos jueces españoles no están respetando un ley impulsada por 640.000 personas»
Anastasio Sánchez, miembro de la asociación Alianza Mar Menor, ha declarado a RRNEWS que «la judicatura española no está respetando la ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor tras la firma de más de 640.000 personas. Si nos cogiéramos todos de la mano, la cadena humana alcanzaría los 960 kilómetros. Es una ley del pueblo que algunos jueces no están respetando. Se ha impedido por las autoridades judiciales españolas que el Mar Menor pueda ejercer la acción derivada del delito ecológico del que ha sido víctima».
«La judicatura española no está respetando la ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor tras la firma de más de 640.000 personas»
Alianza Mar Menor ha intentado ejercer la acción civil derivada del delito ecológico en nombre de la víctima, el Mar Menor, pero no ha podido por decisión de la Audiencia Provincial con sede en Cartagena. Los integrantes de la asociación confían en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos atienda su petición de amparo y puedan acudir a los tribunales de justicia en nombre del Mar Menor.
El Mar Menor contará con 19 guardianes
El Consejo de Ministros aprobó recientemente el Real Decreto que regula los órganos de representación y gobernanza del Mar Menor, un paso clave en la puesta en marcha del primer ecosistema europeo con personalidad jurídica. Con esta medida, la laguna y su cuenca adquieren una figura legal propia que les otorga plena capacidad de obrar en la defensa de sus derechos medioambientales.
La nueva estructura de gobernanza estará liderada por la Comisión de Seguimiento, formada por 19 representantes, conocidos como guardianes y guardianas del Mar Menor. Ocho de ellos representarán a los municipios ribereños y de la cuenca, mientras que los otros 11 provendrán de los sectores económicos, sociales y medioambientales de la región.
Hasta que no se lleve a cabo el proceso de selección de las personas que han de integrar el Comité de Representantes en nombre de la ciudadanía, formarán parte de este órgano los siete miembros de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular.
El TC avaló la ley que da derechos al Mar Menor
El Tribunal Constitucional avaló la Ley 19/2022 que concede al Mar Menor y su cuenca personalidad jurídica. Este ecosistema único, que durante décadas ha sido testigo del devastador impacto humano, se convierte así en un sujeto de derechos, marcando un hito sin precedentes en Europa y sentando las bases para un nuevo paradigma en la defensa medioambiental.
El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de VOX y reafirmó la constitucionalidad de la Ley 19/2022, destacando su contribución como herramienta novedosa para la protección del ecosistema del Mar Menor y su cuenca, sin contravenir principios constitucionales ni comprometer la seguridad jurídica.