El proceso selectivo para el puesto de Director de la Oficina Jurídico-Económica del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) ha levantado una gran polémica debido a las sospechas de falta de transparencia y posible filtración del examen. El motivo de la controversia es que el candidato que ha obtenido la máxima puntuación (96 puntos sobre 100) es el actual alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, del Partido Popular, quien ha logrado una calificación muy superior a la del resto de opositores.
El sindicato CCOO ha expresado públicamente sus sospechas de que el examen pudo haber sido filtrado, ya que resulta llamativo que en una prueba con más de 100 temas, con solo dos meses de preparación y un sistema de penalización más exigente que el habitual, haya habido una diferencia de más de 16 puntos entre el primer y el segundo clasificado.
Más de 100 temas en dos meses
La convocatoria de la oposición fue publicada el 20 de noviembre de 2024 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) . Desde entonces, el desarrollo de la prueba ha sido inusualmente rápido: en menos de dos meses se ha realizado el examen y se han publicado las calificaciones definitivas .
Uno de los aspectos más llamativos del proceso es que el temario no incluía ninguna materia de contenido económico, a pesar de que el puesto es de Director de una Oficina Jurídico-Económica . Esto ha generado dudas sobre si el diseño de la oposición favorecía un perfil concreto.
La puntuación obtenida por el alcalde de Las Torres de Cotillas es significativamente superior a la del resto de aspirantes. Noguera obtuvo una nota de 96 sobre 100 en la prueba de conocimientos y 57,60 sobre 60 en la fase global del proceso. La segunda mejor calificación ha sido de 40,80 puntos sobre 60, una diferencia que ha levantado sospechas. Este dato ha llevado a que se cuestione cómo es posible que una persona haya podido obtener casi el 100% de los aciertos en un examen con un temario tan amplio y en un periodo de preparación tan corto.
Desde CCOO, se ha señalado que “no es normal que un opositor pueda obtener esa puntuación en un proceso tan complejo y en tan poco tiempo”, y han exigido explicaciones al ITREM sobre las garantías de imparcialidad del examen.
Otro punto polémico del proceso ha sido la manera en que el ITREM ha manejado los datos personales de los opositores. Mientras que en la mayoría de procesos selectivos se publican los nombres y apellidos de los candidatos aprobados, el ITREM ha optado por ocultar los nombres y publicar solo los números de DNI con iniciales, dificultando la identificación de los opositores y, por lo tanto, la posibilidad de verificar si existen conexiones políticas o personales con el tribunal evaluador. “Es todo muy burdo porque para intentar ocultarlo han borrado incluso el segundo nombre de pila” dicen desde el sindicato.
Además, al publicar los números de DNI completos, se ha generado un problema de privacidad, ya que esta información permite rastrear antecedentes de los candidatos en bases de datos y redes sociales, algo que podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.
Por otra parte, CCOO denuncia que se ha tratado de una oposición selectiva mediante examen tipo test, con un tipo de penalización más gravoso que el que se utiliza en la CARM. En este caso penalizaron las respuestas incorrectas y las preguntas que quedaron sin responder cuando en la Comunidad Autónoma no se penalizan las respuestas en blanco.
Tendrá un salario de casi 60.000 euros al año
El puesto de Director de la Oficina Jurídico-Económica del ITREM tiene una retribución de casi 60.000 euros anuales, lo que lo convierte en un cargo muy codiciado dentro de la administración regional . El hecho de que un político en activo, perteneciente al partido que gobierna la Región de Murcia, haya conseguido la plaza con una nota tan destacada, sin apenas tiempo para prepararse y en un proceso rodeado de irregularidades, ha incrementado las sospechas de enchufismo.
Desde el sindicato CCOO han pedido explicaciones urgentes al Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Solicitan que se haga público el tribunal evaluador y las pruebas del proceso selectivo, con el fin de despejar las dudas sobre una posible filtración del examen .También han pedido a la administración regional que garantice que los procesos selectivos se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal como exige la Constitución Española.