La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, mintió el pasado lunes 3 de febrero al afirmar que la remodelación de la Cárcel Vieja de Murcia era un «debate cerrado», respaldado por el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Nada más lejos de la realidad.
El 11 julio de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la incoación del expediente para declarar la antigua prisión como Lugar de Memoria Democrática, lo que, automáticamente, paralizaba cualquier obra en el inmueble. Así lo notificó el propio Ministerio al Ayuntamiento de Murcia, que hizo caso omiso. Este martes 4 de febrero, las obras continuaron, causando la demolición de parte de los muros perimetrales de la antigua prisión.
La prueba de que no se trata de un «debate cerrado» es que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se vio obligado este martes, 4 de febrero, a enviar una carta de urgencia al Ayuntamiento de Murcia ordenando la paralización inmediata de las obras tras constatar el daño causado sin autorización.
Además, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado, había solicitado información sobre el caso tras recibir una denuncia de HUERMUR. Tampoco es cierto, como sostiene la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, que la suspensión de las obras obedezca a un acuerdo consensuado con el Ayuntamiento de Murcia según ha publicado el periódico La Verdad.
Huermur: «Es un bochorno nacional»
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha calificado como un «bochorno nacional» el derribo parcial de los muros de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, conocido como la Cárcel Vieja, llevado por el Ayuntamiento de Murcia. La organización ha denunciado que estos trabajos de demolición se han realizado a pesar de que el complejo carcelario cuenta con protección cautelar desde su incoación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio de 2024.
Desde Huermur han subrayado la gravedad de los hechos y han advertido que el Ayuntamiento podría enfrentarse a responsabilidades legales si persiste en la ejecución de los derribos, sumadas a la que presuntamente ya pudieran existir.
Huermur va a solicitar el precinto inmediato de los muros aún en pie, así como la inmovilización y custodia de los restos derribados, con el objetivo de evitar su desaparición o posible alteración. La asociación considera imprescindible garantizar la integridad de estos elementos patrimoniales mientras se resuelve la situación legal y administrativa en torno a la demolición. Además, ha advertido que, en caso de ser necesario, exigirá por la vía judicial la reconstrucción y reposición de los muros a su estado original, al considerar que su derribo vulnera la protección cautelar otorgada al complejo carcelario y supone un atentado contra el patrimonio histórico de Murcia y la Memoria Democrática.
Por último, Huermur recuerda que los muros y estructuras de esta prisión «no son solo testigos de un pasado oscuro y represivo, sino también un elemento clave de la identidad patrimonial de nuestra ciudad».
Como establece el artículo 52.1 de la Ley de Memoria Democrática, la declaración de un Lugar de Memoria Democrática supone la obligación de garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada. La inacción del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha sido clamorosa pues fue advertido de las maniobras y movimientos del Ayuntamiento de Murcia.