Un informe pericial de la Guardia Civil, aportado al Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, ha certificado la contaminación por metales pesados de terrenos agrícolas situados junto a la pedanía cartagenera del Llano del Beal en los que se cultivan hortalizas. Las partículas de alto contenido metálico proceden del vertedero minero «Los Blancos» y llegan a los suelos en cultivo y al Mar Menor a través de las escorrentías de lluvia. Las obras las contrató y autorizó la CARM.
El informe pericial, al que ha tenido acceso RRNEWS, recomienda la realización de un muestreo tanto de tierra como de vegetales de la zona para determinar la concentración exacta de metales pesados en la misma y así “poder concretar las afecciones producidas al medio ambiente y a la salud de las personas que hayan estado expuestas a estos episodios de contaminación continua”.
Presencia de metales pesados en suelo y plantas
Los técnicos de la Guardia Civil advierten de que los metales pesados pueden transferirse del suelo a los cultivos y “pueden generar fitotoxicidad, afectando también a los animales que los consumen y poniendo en riesgo su salud”.
Los efectos de la contaminación, según el informe pericial, varían según el tipo de metal, su concentración y la frecuencia de exposición “y pueden incluir desde trastornos gastrointestinales hasta cáncer”.
En los suelos agrícolas afectados por la contaminación por metales pesados se están cultivando hortalizas que absorben metales pesados a través de raíces y hojas. En particular, las hortalizas de hoja, como la espinaca y la lechuga, tienden a acumular altas concentraciones de metales del suelo por lo que su consumo debe evitarse si han sido cultivadas en suelos contaminados”.
Afecciones sobre el medio natural y la salud de las personas
La pericial aportada la juzgado número 5 de Cartagena señala la presencia en los suelos agrícolas de cadmio, plomo, níquel, cobre, zinc, mercurio y arsénico y advierte de que si un terreno supera los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) no es apto para actividades agrícolas ya que existe un mayor riesgo de acumulación de metales pesados en las plantas, lo que podría comprometer la seguridad de los productos agrícolas como la salud de los consumidores”.
La Guardia Civil ya advirtió en 2022 de la contaminación de suelos cultivados
En octubre de 2022, un primer informe del Seprona de la Guardia Civil pidió al juez que suspendiera inmediatamente la producción agrícola en tres parcelas próximas a la corta Los Blancos y cualquier comercialización de los productos sobre ellas cultivados. Lo hizo tras comprobar que había concentraciones “muy elevadas” de metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, zinc, o cobre. En relación al plomo, el informe advirtió de “magnitud inadmisible para el desarrollo agrícola”.
“En valores absolutos, hay que destacar una altísima concentración hallada en una de las muestras que alcanza un valor de 12.750mg/kilo; más que un suelo se asemeja a las concentraciones propias de un residuo peligroso” advirtió el informe de la Benemérita que posteriormente intentó desacreditar la mercantil Portmán Golf S.L. La mercantil dijo al juez que el informe del Seprona carecía de «validez y objetividad».
«Dadas las elevadas concentraciones de metales pesados en las muestras de suelo, resulta evidente que las verduras, hortalizas y cereales que sobre ellos se cultivan, estarían acumulando estos metales en sus tejidos, produciéndose la transferencia de estos contaminantes a la cadena trófica, siendo el consumidor final, dependiendo del cultivo, el ser humano, el ganado o la fauna silvestre» certificó el informe.
La CARM dijo que solo había metales pesados en zonas del camino
La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente aseguró en respuesta a ese informe del Seprona que los análisis solo habían detectado presencia de metales pesados en los caminos adyacentes a la parcela «por donde se entiende que hay escorrentías cuando llueve».
El juzgado investiga el sellado de la balsa Jenny
El juzgado de instrucción número 4 de Cartagena está investigado la incorrecta gestión de los residuos peligrosos de origen minero en el Llano del Beal. Concretamente, investiga los trabajos de sellado de la balsa Jenny que la Comunidad Autónoma adjudicó a la empresa TRAGSA y que consistieron en el traslado de los residuos peligrosos de la balsa al vertedero Los Blancos como si se tratarse de “residuos inertes” cuando, en realidad, se trataba de residuos peligrosos.
La ejecución de las obras se acometió entre 2003 y 2005. El Gobierno de la Región de Murcia adjudicó el contrato de obras a TRAGSA y ésta a su vez subcontrató los trabajos de traslado de residuos a la mercantil Gestalia Transportes y Maquinaria S.L, empresa cuyos socios mayoritarios eran a la vez accionistas mayoritarias de la mercantil Portmán Golf S.A que ejerció la minería en la zona hasta 1992 que abandonó las labores de explotación minero-metalúrgica en el LLano del Beal dejando en los terrenos depósitos de residuos peligrosos como «Balsa Jenny» y desatendiendo sus obligaciones de descontaminanción o estabilización de la citada balsa.
En 2001, Portmán Golf cedió gratuitamente la parcela donde se ubicaba la balsa Jenny a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que asumió los costes asociados a la descontaminación y restauración de la zona.
Más de 7 millones de dinero público gastados en descontaminar
Las primeras actuaciones, realizadas entre 2004 y 2005, tuvieron un coste de 5,3 millones de euros, financiadas en el marco del Plan Nacional de Suelos Contaminados 1995-2005. Posteriormente, en 2006, se llevó a cabo una segunda fase con un presupuesto de 1,1 millones de euros destinada a retirar un mayor volumen de estériles de la balsa. En 2022, se iniciaron nuevos trabajos de sellado de la balsa Jenny, con un coste cercano a los 800.000 euros, y una duración prevista de seis meses.
En total, las inversiones realizadas por la CARM en la restauración y sellado de la balsa Jenny que ahora investiga un juez ascienden a aproximadamente 7,3 millones de euros.