La demolición de parte de los muros de la Antigua Prisión Provincial de Murcia es un escándalo que deja en evidencia la inacción del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la premeditación del Ayuntamiento de Murcia.
La destrucción de este bien histórico, que estaba en proceso de ser declarado Lugar de Memoria Democrática, se ha llevado a cabo a pesar de los reiterados avisos y advertencias que ambas administraciones recibieron desde julio de 2024. Ahora, con los daños ya consumados, el Ministerio ha ordenado con una carta la paralización de las obras, una reacción tardía e ineficaz que no puede enmendar el desastre ya cometido.
Ayuntamiento de Murcia: un acto deliberado en contra de la Ley
El 11 de julio de 2024, el Boletín Oficial del Estado publicó la incoación del procedimiento para declarar la Antigua Prisión Provincial de Murcia como Lugar de Memoria Democrática. Dicha incoación no es un simple trámite burocrático, sino que, según el artículo 50.3 de la Ley de Memoria Democrática, implica protección inmediata del bien afectado, con las mismas garantías que un lugar ya declarado.
Es decir, desde esa fecha, el Ayuntamiento de Murcia tenía pleno conocimiento de que los muros de la cárcel no podían ser derribados, ya que su preservación estaba garantizada por ley. No obstante, ha seguido adelante con su demolición de manera deliberada e ilegal, desafiando la normativa vigente y desoyendo los requerimientos de protección patrimonial.
El Ayuntamiento de Murcia no puede alegar desconocimiento ni error. Sabía perfectamente que los muros no podían tocarse y, aun así, ha optado por su destrucción. Se trata, por tanto, de una acción consciente, calculada y ejecutada con la intención de eliminar un vestigio incómodo de la memoria histórica. Este acto no es solo una infracción administrativa: es un atentado contra el patrimonio común de la ciudadanía y una vulneración de la ley.
La pasividad del Ministerio de Memoria Democrática
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, lejos de actuar con la diligencia debida, ha permitido que el Ayuntamiento de Murcia actúe con total impunidad. Las primeras advertencias llegaron en agosto y fueron reiteradas noviembre de 2024, cuando ya era evidente la intención municipal de proceder con el derribo de los muros perimetrales de la vieja cárcel. Sin embargo, el Ministerio no tomó medidas firmes. Al contrario, pasividad burocrática.
Finalmente, este 4 de febrero de 2025, el Secretario de Estado de Memoria Democrática ha firmado una orden instando al Ayuntamiento de Murcia a paralizar de inmediato la demolición de los muros de la antigua prisión. Este intento de detener las obras llega tarde y es completamente insuficiente pues parte de los muros ya han sido destruidos. El Ministerio de Ángel Víctor Torres llega tarde pese a que fue avisado con meses de antelación.
La inacción del Ministerio en este asunto es gravísima. Su obligación no era solo la de enviar una orden de paralización a última hora, sino la de haber intervenido con mecanismos de urgencia desde el momento en que tuvo conocimiento de la amenaza que se cernía sobre la vieja prisión. Su desidia y negligencia han facilitado, en la práctica, que el Ayuntamiento de Murcia de José Ballesta haya conseguido su objetivo sin consecuencias inmediatas.
Huermur estudia acciones penales contra el Ayuntamiento de Murcia
Ante esta flagrante ilegalidad, la asociación Huermur ha anunciado a RRNEWS que estudiará acciones penales contra el Ayuntamiento de Murcia por la demolición de los muros de la Antigua Prisión Provincial. La entidad, que defiende el patrimonio cultural e histórico de la Región de Murcia, considera que lo ocurrido es una vulneración de la legislación vigente y un atentado contra la memoria democrática. También va a exigir la reconstrucción de los muros derribados.
Las acciones penales podrían dirigirse contra los responsables municipales que dieron la orden de demoler los muros, incluyendo posibles delitos relacionados con la protección del patrimonio histórico y la desobediencia a la normativa de memoria democrática. Además, la posibilidad de que se impongan sanciones administrativas y responsabilidades civiles también está sobre la mesa.
Ante la gravedad de los hechos, Huermur ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el que pide que ordene medidas cautelarísimas para evitar que el consistorio murciano siga destruyendo elementos protegidos del edificio.
En el recurso, Huermur argumenta que la demolición de los muros supone un daño irreversible a la memoria democrática y que, de no adoptarse medidas urgentes, la finalidad del recurso perdería sentido, ya que cuando se dictara una sentencia, los vestigios de la represión franquista habrían desaparecido.
Entre las medidas cautelares solicitadas por la citada asociación están la paralización inmediata de cualquier derribo o alteración estructural del edificio hasta que se resuelva el recurso; la prohibición de continuar con el vaciado del interior de la prisión para evitar la eliminación de elementos históricos esenciales; la suspensión del contrato de obras adjudicado por el Ayuntamiento de Murcia que contempla la demolición de los muros perimetrales y otras modificaciones estructurales del inmueble; la prohibición de convertir la cárcel en un restaurante temático o cualquier otro uso comercial que desvirtúe su carácter como Lugar de Memoria Democrática.
Estas medidas han sido solicitadas en virtud del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, alegando la extrema urgencia de la situación y la irreversibilidad del daño en caso de que las obras continúen.
Huermur señala en su recurso que la Ley de Memoria Democrática protege los espacios donde se han cometido graves violaciones de derechos humanos y que la demolición de los muros de la Prisión de Murcia contradice la lógica aplicada en otras incoaciones y vulnera la Ley de Memoria Democrática.
Por lo tanto, la Prisión Provincial de Murcia no puede ser reconocida como Lugar de Memoria Democrática y, al mismo tiempo, permitir la demolición de los muros donde se ejecutaron a los represaliados al no establecer unas medidas provisionales de protección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley de Memoria
Democrática. «Consentir que el Ayuntamiento de Murcia elimine los muros supondría vaciar de contenido la declaración de Lugar de Memoria Democrática, desnaturalizar su significado y romper con el principio de igualdad en la aplicación de la Ley» concluyen.
Lo sucedido en la Cárcel Vieja de Murcia es un fracaso absoluto de las instituciones encargadas de proteger el patrimonio y la memoria democrática. El Ayuntamiento de Murcia ha actuado de manera premeditada y con absoluto desprecio por la ley y el Ministerio de Memoria Democrática ha demostrado ser incapaz de actuar con rapidez y eficacia, dejando que el daño se produzca sin ninguna intervención efectiva.
La destrucción de estos muros no es solo una cuestión administrativa o técnica: es una afrenta a la memoria de las personas que pasaron por la prisión durante la dictadura franquista, un desprecio por la historia y un precedente peligroso que permite que cualquier administración pueda ignorar las leyes de protección del patrimonio sin consecuencias inmediatas.
Más de 500 personas fueron fusiladas en los muros de la cárcel vieja de Murcia que el Ayuntamiento de Murcia ha empezado a destruir. Más de veinte asociaciones pidieron al Ministerio de Memoria Democrática que frenase las obras antes de que fuese tarde.