Un verdor terrible

Con el objetivo de devolver la vida a un ecosistema único, la presión popular logró el triunfo de la ILP que dotó al Mar Menor de entidad jurídica para poder ser defendido de la avaricia capitalista y de la dejadez o mala praxis política, fundamentado en el artículo 6 de la ley 19/2022. Pero una cosa son las leyes y otra su aplicación

En su libro “Un verdor terrible” Benjamín Labatut nos habla, entre otros, del científico alemán de origen judío Fritz Haber, el creador del gas venenoso utilizado por Alemania en la I Guerra Mundial, tan cruelmente letal que ya no fue usado en la II Guerra Mundial. Su esposa se suicidó, conmocionada por el arma terrible que su marido había creado.

Científico fecundo, capaz de lo peor y lo mejor, Fritz Haber fue premio Nobel de Química en 1919 por ser el primero en extraer nitrógeno, nutriente imprescindible para el crecimiento de las plantas, directamente del aire, elemento utilizado en agricultura y que garantizó a Europa y al planeta el suministro constante de un fertilizante cuya escasez amenazaba con desencadenar hambrunas devastadoras.

Fritz Haber murió atormentado por la culpa, no de haber creado un gas venenoso que mató a cientos de miles de soldados en el frente, sino de haber descubierto un método para extraer nitrógeno del aire de una forma tan efectiva que pensaba que este elemento químico alteraría el equilibrio natural del planeta para siempre, “ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible”.

Esto no llegó a ocurrir a escala planetaria, pero su temor no era infundado y sí que ha ocurrido en el Mar Menor, donde el exceso de nutrientes ha provocado la falta de oxígeno, letal para la flora y la fauna. El origen está en la aportación masiva de nutrientes que proceden sobre todo de los fertilizantes (nitratos y fósforo) de los campos agrícolas que se establecen sin control en torno a la laguna y que alimentan de forma incesante a las algas microscópicas o fitoplancton. El agua se enturbia y oscurece formando una especie de sopa verde, de un verdor terrible, que impide cualquier otra forma de vida.

Con el objetivo de devolver la vida a un ecosistema único, la presión popular logró el triunfo de la ILP que dotó al Mar Menor de entidad jurídica para poder ser defendido de la avaricia capitalista y de la dejadez o mala praxis política, fundamentado en el artículo 6 de la ley 19/2022. Pero una cosa son las leyes y otra su aplicación.

En septiembre de 2024, el primer juicio derivado del caso Topillo se saldó con una sentencia ridícula (la primera de las 39 que se separaron de la segunda causa del caso Topillo y se teme que ese camino lo sigan los tribunales en el resto de las sentencias): 1.500 euros de multa y 17.000 euros de indemnización por verter al Mar Menor 68.000 litros de salmuera con nitratos de una desalobradora ilegal. O sea, el equivalente a un céntimo de euro por cada cuarenta litros de tóxicos vertidos al mar. Si esto no es una tomadura de pelo, ya me dirán ustedes.

Justamente por parecer una broma, el 28 de diciembre día de los inocentes, un grupo de organizaciones (Abracemos al Mar Menor, Alianza Mar Menor Amarme, Banderas Negras, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Greenpeace, SEO/BirdLife, Stop Ecocidio y Yayo Flautas Murcia) convocó una manifestación pasacalles para protestar contra esa sentencia.

Ese día nos manifestamos por las calles de Murcia atrayendo entre quienes nos miraban un consenso poco común: todo el mundo nos animaba, pulgares arriba, la gente estaba sorprendentemente de acuerdo: adelante, sí, muy bien, salvemos el Mar Menor, pero: a) es evidente que ese deseo popular no tiene reflejo en las acciones políticas cuando se supone que los políticos están al servicio de la ciudadanía, no al revés; y b) la misma gente que aplaude a quienes se manifiestan, vota a partidos que traicionan la voluntad popular de salvar un mar nuestro y agónico.

El pasado mes de abril la Mesa de la Cámara murciana liderada por el PP admitió a trámite la propuesta de Vox de reformar la ley de protección del Mar Menor. Vox, a la cabeza del lobby agrícola reclama los aprovechamientos “públicos o privados, ya sean urbanísticos, agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, recreativos o de cualquier otro tipo que se desarrollen en la laguna y en su cuenca vertiente”.

O sea, una barra libre de uso y abuso de un ecosistema en peligro más que probado de extinción, por encima de toda evidencia, negando la muerte del Mar Menor, llevándose todo por delante en un empeño cortoplacista.

Esto no es una catástrofe natural, es fruto de la falta de planificación, de la inacción o mala acción de los gobiernos, de la gestión nefasta de los recursos. Podemos decir, parafraseando al Walter White protagonista de Breaking Bad (otro ingeniero químico, por cierto) que como especie: “No estamos en peligro. Nosotros somos el peligro”.

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