El juicio por la pieza murciana del ‘Caso Púnica’, una de las mayores tramas de corrupción investigadas en España, ha arrancado este lunes, 13 de enero de 2025, en la Audiencia Nacional. La vista tiene como principal acusado a Juan Carlos Ruiz, ex consejero de Industria y Turismo durante el gobierno de Alberto Garre, junto a otros tres colaboradores de su departamento y varios presuntos conseguidores de contratos públicos. Entre ellos destaca el ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso.
La Sala de lo Penal ha reservado 16 sesiones, que se extenderán hasta el 13 de marzo, para desentrañar una trama que habría utilizado fondos públicos para financiar servicios de mejora de la reputación personal en internet de destacados políticos murcianos. Inicialmente, el juicio estaba programado para mayo de 2024, pero tuvo que posponerse debido a la baja médica del magistrado ponente.
Junto a Juan Carlos Ruiz se sientan hoy en el banquillo Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete de Ruiz, acusado de fraude y prevaricación; Mariola Martínez Robles, exdirectora del Instituto de Turismo, acusada de fraude, prevaricación y tráfico de influencias; Jesús Norberto Galindo, secretario general del Instituto de Turismo, enfrentándose a cargos similares; José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena, señalado como uno de los principales conseguidores de contratos públicos para la trama y Alejandro de Pedro, empresario y socio de Alonso, presuntamente responsable de ofrecer los servicios de ‘networking management’.
La trama de los contratos públicos
Según la Fiscalía, José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro habrían creado un entramado empresarial para ofrecer a políticos murcianos servicios de mejora de imagen personal en internet, conocidos como ‘networking management’. Estos servicios consistían en la elaboración de campañas para construir una reputación positiva y neutralizar noticias negativas contra los responsables públicos.
El fiscal sostiene que Juan Carlos Ruiz aceptó estos servicios en 2014, cuando se disputaba con Pedro Antonio Sánchez el liderazgo del Partido Popular en la Región de Murcia y su candidatura a la presidencia de la comunidad. Para financiar estos trabajos de carácter personal, se habrían desviado fondos públicos mediante contratos con el Instituto de Turismo y el Instituto de Fomento (Info).
Entre los contratos investigados destacan un «Plan de Comunicación Digital» del Instituto de Turismo valorado en 20.040 euros y un «Nuevo Plan de Comunicación e Imagen» del Instituto de Fomento presupuestado en 50.000 euros. Ambos contratos habrían sido adjudicados a la empresa Eico, controlada por Alonso y De Pedro, en lo que el fiscal califica como un claro caso de fraude y prevaricación.
Contexto político y consecuencias
La investigación se enmarca en el periodo de 2014, un momento de gran tensión política en la Región de Murcia, cuando Ramón Luis Valcárcel se disponía a abandonar la presidencia y se perfilaban sus posibles sucesores. En este contexto, Juan Carlos Ruiz habría buscado mejorar su imagen pública para posicionarse como líder del PP regional.
El caso Púnica, en su ramificación murciana, no solo salpica al PP, sino que también involucra a figuras socialistas como José Antonio Alonso, lo que amplifica su repercusión política. La trama ha puesto en evidencia los mecanismos utilizados para desviar fondos públicos hacia intereses privados.
Desarrollo del juicio y penas solicitadas
La Audiencia Nacional ha programado 16 sesiones para el juicio, en las que se desglosarán las pruebas presentadas por la Fiscalía, las defensas y los testimonios de los acusados. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita inhabilitaciones para los cargos públicos implicados y multas económicas que compensen el desvío de fondos públicos.
El mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Juan Carlos Ruiz, considerado el principal beneficiario político de la trama. Por su parte, Alonso y De Pedro enfrentan acusaciones graves como traficantes de influencias y gestores de contratos públicos fraudulentos.
Juan Carlos Ruiz dimitió el 2 de junio de 2015 como consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno de la Región de Murcia tras ser imputado en el «Caso Púnica». Declaró que lo hacía para no perjudicar al Gobierno regional ni a su partido.
«Siempre he actuado de forma honrada y conforme a la ley. Soy una persona honrada y puedo mirarle a los ojos a cualquier ciudadano. No tengo nada que ocultar y confío plenamente en que la justicia aclare los hechos y se reconozca mi inocencia» declaró.
El juez García Castellón rescató a PAS del «caso Púnica»
En junio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia imputó a Pedro Antonio Sánchez por presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. Estas imputaciones se relacionaban con su etapa como consejero de Educación, durante la cual supuestamente intentó contratar servicios de mejora de reputación en internet con empresas vinculadas a la trama Púnica, utilizando fondos públicos para financiar dichos servicios.
A raíz de estas imputaciones y de la presión política derivada, Pedro Antonio Sánchez dimitió como presidente de la Región de Murcia en abril de 2017. Su renuncia se produjo en medio de una crisis política en la región, donde Ciudadanos, socio clave para la gobernabilidad, exigía su dimisión para mantener su apoyo al Partido Popular en el gobierno regional.
En abril de 2019, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió archivar la causa contra Pedro Antonio Sánchez en el marco del Caso Púnica, al no encontrar indicios suficientes de la comisión de los delitos imputados. El magistrado consideró que las sospechas existentes no alcanzaban el umbral necesario para mantener una acusación penal en su contra.
Posteriormente, en octubre de 2019, la Audiencia Nacional reabrió la causa contra Sánchez tras estimar un recurso del PSOE que cuestionaba el archivo previo. Sin embargo, en febrero de 2020, el juez García Castellón volvió a archivar la causa, reafirmando la ausencia de indicios sólidos para proceder penalmente contra el expresidente murciano.
Impacto electoral mínimo
Este juicio se suma a una larga lista de casos de corrupción que han marcado la política española en las últimas décadas, como el caso Gürtel, los ERE de Andalucía y los papeles de Bárcenas. La ramificación murciana del ‘Caso Púnica’ pone de relieve cómo la corrupción no entiende de siglas ni colores políticos, afectando tanto al PP como al PSOE en esta región.
Sin embargo, a pesar de los múltiples casos de corrupción que han salpicado al Partido Popular (PP) en la Región de Murcia, como el ‘Caso Púnica’, el impacto político y electoral de estos escándalos ha sido reducido. Esto se refleja en que el PP ha continuado ganando elecciones autonómicas y municipales de manera consecutiva en la región, consolidando su hegemonía política.