La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al Gobierno regional de la Región de Murcia de financiar con miles de euros a medios que difunden bulos y fomentan el enfrentamiento, mientras incumple la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional desde 2019. Según Fernández, esta práctica, además de opaca, supone un atentado contra la transparencia y la libertad de prensa.
Según Ortuño, el informe de fiscalización de las campañas de publicidad de 2022 y 2023 lo está realizando la empresa madrileña, OJD.
Cinco años de incumplimientos legales
Fernández ha señalado que desde 2019 el Ejecutivo murciano no ha presentado el informe anual obligatorio sobre las campañas institucionales desarrolladas. Este documento debería incluir el detalle del importe gastado, los objetivos de las campañas, los adjudicatarios de los contratos y los criterios de reparto. La diputada socialista cuestiona la falta de transparencia del Gobierno de López Miras y preguntó directamente: “¿Qué esconden? ¿Qué hacen con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas de la Región?”.
Incremento en años electorales y favoritismos
La denuncia también pone el foco en el aumento del gasto publicitario en años electorales, como 2023, y el supuesto favoritismo hacia ciertos medios digitales. Fernández ha criticado que se priorice a portales como OkDiario, Estado de Alarma o EsRadio, que según ella, «organizan verdaderas cacerías mediáticas y fomentan el odio», en lugar de a medios tradicionales de mayor alcance y prestigio.
“El Gobierno regional no publica el criterio de reparto porque tendría que retratarse y explicar por qué, por ejemplo, contratan más dinero con Ok Diario que con ABC o El País. No hay razón objetiva que justifique el incremento del gasto publicitario institucional en año electoral, ni para el reparto que hacen de los contratos publicitarios. Les da vergüenza explicar que pagan miles de euros a alguno de los chiringuitos que organizan verdaderas cacerías mediáticas, lanzan bulos y fomentan el odio y en enfrentamiento” ha señalado la diputada en relación a la campaña del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Fernández ha asegurado que el Gobierno regional adjudicó, para campañas publicitarias entre 2022 y 2023, más de 180.000 euros, “que hayamos podido comprobar” en distintos portales, a reconocidos pseudomedios y fabricantes de bulos, como Estado de Alarma, El Debate, EsDiario, EsRadio, Libertad Digital, Periodista Digital y OkDiario.
La diputada socialista ha alertado sobre las consecuencias de estas prácticas, que, según ella, perjudican tanto a los afectados por las noticias falsas como a los medios de comunicación serios y a los profesionales honestos. “La proliferación de fake news desestabiliza el sistema informativo y atenta contra la auténtica libertad de prensa”.
La diputada socialista ha remarcado que cada euro invertido en publicidad institucional debe responder a los principios de transparencia, eficacia y utilidad pública. Acusa al Gobierno regional de usar fondos públicos para sus intereses partidistas y de faltar al compromiso de rendir cuentas a la ciudadanía. “Es inadmisible que el Gobierno regional maneje el dinero de todos sin rendir cuentas de manera clara y transparente”.
La CARM defiende el reparto equitativo entre medios
Por su parte, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha defendido el «reparto equitativo» de publicidad institucional entre los medios de comunicación y ha anunciado la publicación en breve de los informes contratados por la Dirección General de Comunicación sobre los informes de eficacia del gasto publicitario efectuado por el Ejecutivo murciano desde 2020.
«Todas las campañas se realizan de acuerdo con los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre contratos de publicidad y campañas institucionales. Y todas ellas se planifican de acuerdo con los estudios de audiencias de que dispone la Dirección General de Comunicación de la Comunidad Autónoma» ha dicho Ortuño.
Preocupación creciente en la UE
La Comisión Europea ha manifestado su preocupación por el control que algunos gobiernos ejercen sobre los medios de comunicación a través de la distribución de publicidad institucional. Esta práctica puede comprometer la independencia editorial y el pluralismo mediático, fundamentales para la democracia.
En respuesta a estas inquietudes, la Comisión propuso el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el 7 de mayo de 2024. Este reglamento establece normas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios en la UE. Entre sus disposiciones, se destaca la necesidad de garantizar la transparencia en la asignación de fondos de publicidad estatal a los prestadores de servicios de comunicación. El objetivo es evitar injerencias políticas en las decisiones editoriales y asegurar que los medios públicos y privados operen sin presiones indebidas.
Transparencia en la publicidad institucional
La Comisión ha subrayado la importancia de que el reparto de la publicidad institucional se realice de manera transparente, objetiva, proporcionada y no discriminatoria. Esta medida busca prevenir el uso de fondos públicos para influir en la línea editorial de los medios o favorecer a ciertos grupos mediáticos afines a intereses gubernamentales.