Cuatro años después de la aprobación de la Ley del Mar Menor, el Gobierno regional aún no ha constituido el Comité de Asesoramiento Científico que de manera independiente debe prestar asesoramiento científico sobre las distintas estrategias, programas y actuaciones que se propongan para la protección, conservación, gestión y recuperación del Mar Menor. Ocho años después de la sopar verde, el Gobierno regional ha logrado, es mérito suyo, que no exista consenso social en torno a la laguna.
Y sin Comité de Asesoramiento Científico, el presidente López Miras se permite afirmar en la Asamblea Regional que «la inmensa mayoría de la comunidad científica coincide en que la principal solución al problema del Mar Menor es rebajar el nivel freático del acuífero». ¿Qué «inmensa» comunidad científica dice tal cosa? ¿A quién o quiénes se refiere? ¿Puede citar algún artículo científico al respecto? El presiente López Miras miente o es que cuenta con una gran imaginación.
1,7 millones en contratos de investigación a Pérez Ruzafa
El Ejecutivo murciano, cuya credibilidad está en entredicho y está dispuesto a reformar la Ley del Mar Menor forzado por VOX, se apoya en los que considera sus científicos de cabecera. Se apoya en Faz de la UPCT para que diga que la balsas de purines «disponen de un sistema de impermeabilidad natural» o en en el catedrático de Ecología, que no de hidrogeología, de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, que desde 2016 que estalló la sopa verde en el Mar Menor, ha recibido 1,7 millones de euros en contratos de investigación de la CARM.
Conviene recordar, por contextualizar, que tras el colapso de la laguna en 2016, el Gobierno murciano creó de urgencia un comité científico liderado por Pérez Ruzafa del que acabaron dimitiendo ocho científicos entre quejas de “falta de independencia” y “manipulación”.
El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez acaba de presentar el informe de ‘Seguimiento y análisis predictivo de la evolución del estado ecológico del ecosistema lagunar del Mar Menor y prevención de impactos 2023″ realizado por Ángel Pérez Ruzafa. El coste del trabajo asciende a 450.000 euros de concesión directa. El grupo de investigación, según datos de la UMU, está constituido por Pérez Ruzafa y un alumno predoctoral.
Desde 2020 que se aprobó la Ley del Mar Menor, el Ejecutivo murciano viene encargando a Pérez Ruzafa el seguimiento del estado ecológico del Mar Menor: 450.000 euros de subvención directa en 2023, otra de igual cuantía en 2021 y 347.875 euros de concesión directa en 2020.
Total: 1,1 millones por informes de seguimiento cuyas conclusiones siempre coinciden con las demandas del Gobierno regional de López Miras y es que hay que rebajar el acuífero, extraer el agua y reutilizarla porque el nivel freático ha registrado un incremento a lo largo de los últimos ocho años y se sitúa ya en algunos puntos por encima de los 16 metros sobre el nivel del Mar Menor. Advierte, incluso, de que si no se baja el nivel freático en el entorno del Mar Menor puede que este verano se repitan los episodios de hipoxia.
Pérez Ruzafa, que en 2019 se subió a un barco para hacer campaña electoral a favor del PP, apuntala con su informe el argumentario del Partido Popular que culpa de «inacción» al Ministerio de Transición Ecológica por no acometer el Plan Vertido Cero ahora que acaban de crear una comisión en la Asamblea para reformar la Ley del Mar Menor.
Al día siguiente de que Ruzafa pidiera, otra vez, que se rebaje el acuífero sin un informe científico sometido a revisión por pares que lo sustente, el presidente López Miras lo reivindicaba en la Asamblea Regional y así eludía responder a la pregunta del grupo socialista en la sesión de control al gobierno.
¿Considera que las aguas residuales urbanas han ocasionado el proceso de eutrofización del Mar Menor como afirman sus socios de VOX? le preguntaron y salió con que nadie hallará división y discordia en el seno de su gobierno de coalición. Y continuó «el problema es el acuífero que rebosa y están entrando 200 litros por segundo al Mar Menor de agua llena de nutrientes del acuífero, no de la actividad agrícola al Mar Menor».
En su último informe, el catedrático de Ecología llega a calificar de «error» el desmontaje de la red de drenajes de la cuenca por la que durante años se vertieron al Mar Menor miles de toneladas de salmuera con nitratos y pide una infraestructura que desvíe el agua del freático para su tratamiento. No da detalles específicos, pero viene a pedir que se acometa el colector norte del Plan Vertido Cero que exigen el PP de López Miras y sus socios de la extrema derecha.
¿Por qué rebosa el acuífero?
Lo que no explican López Miras ni Pérez Ruzafa es que el acuífero rebosa porque no deja de entrarle agua de los retornos de riego del Campo de Cartagena. Agua procedente del Trasvase del Tajo en su mayoría. Si no dejas de echar agua a un vaso lleno, el vaso rebosa, pero no quieren dejar de echar agua. Y como no quieren dejar de echar agua, piden que se extraiga el agua del acuífero, se desalobre y sea devuelta a los regantes para que sigan cultivando e inyectado agua en el acuífero mientras se le quita el nitrato a la salmuera antes de ser vertida al Mar Mediterráneo que ya presenta signos de eutrofización. Ese es su plan.
Pero el plan falla porque no existe una planta a escala capaz de desnitrificar tal cantidad de salmuera. Lo único que hay son pequeños proyectos piloto de desnitrificación. Y si la salmuera no se desntrifica supondría el vertido al Mediterráneo de 2.125 toneladas anuales de nitratos, afectando al LIC marino y degradando sus hábitats, incluyendo la pradera de Posidonia oceánica, lo que podría dar lugar a sanciones europeas.
Lo que tampoco explica López Miras es si los regantes que están rechazando el agua regenerada de las depuradoras que la CARM pone a su disposición a cero euros, aceptarían el m3 de ese agua a más de 45 céntimos. Es el precio estipulado en los apéndices del Plan Vertido Cero de 2019. Cinco años después el precio del agua será mayor. Más cara que el agua desalada de Torrevieja por la que están pagando 32 céntimos m3 en este momento. Ya se sabe que los regantes miran mucho el bolsillo a no ser que se trate de la Fundación Ingenio a la que no han dudado en regalar 2,4 millones.
Un sistema que abandonaron los regantes
No obstante, conviene recordar que a finales de los años 90, en el Albujón, ya se puso en marcha un sistema de bombeo de agua, llave en mano, con un sistema de desalobración en San Pedro del Pinatar, que los regantes del Campo de Cartagena abandonaron porque el agua reutilizada les salía demasiado cara. Los regantes no quisieron pagar ni el coste de los bombeos y todo aquello se perdió por obra ociosa. Mientras hubiese agua del trasvase del Tajo más barata para qué proteger de la contaminación química al Mar Menor.
Nos contaron que un red de 50 kilómetros de tuberías protegía el Mar Menor de la contaminación química. Nos contaron que las conducciones eliminaban la filtración de 1600 toneladas de abonos al año procedentes de los cultivos. Nada más lejos de la realidad porque el circuito del Albujón fue víctima de la dejadez y el abandono por parte de los regantes del Campo de Cartagena. Las obras, que acometió Sacyr (Luis del Rivero) costaron unos 5.000 millones de pesetas a los contribuyentes.
Información sesgada
Sin Comité de Asesoramiento Científico independiente y sin Consejo del Mar Menor, dos organismos que contempla la Ley del Mar Menor y no se han constituido, cualquier información que suministre el Gobierno regional es absolutamente sesgada y solo contribuye a crear confusión entre la ciudadanía.
La pregunta clave ya no es si hay que rebajar o no el acuífero ni cuánto regadío ilegal hay o deja de haber el Campo de Cartagena sino cuánto regadío es sostenible alrededor del Mar Menor para reducir y eliminar la carga contaminante que soportan el acuífero y la laguna y para rebajar realmente el nivel freático. ¿Cuánto regadío es sostenible? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer.
