Podemos ha calificado de «ridículas a nivel económico» las sanciones que el Gobierno regional ha impuesto a casi un centenar de macrogranjas en el entorno del Mar Menor.
Según publicó el periódico La Verdad, la Consejería de Agricultura ha propuesto en dos años de inspecciones 50.000 euros en multas a 90 granjas porcinas. En la mayor parte de los casos por no declarar el destino de los purines ni presentar un estudio del subsuelo. Tocan a 555 euros de sanción por granja de cerdos.
Según la diputada regional María Marín, “solo demuestran el descontrol absoluto de las deyecciones ganaderas, una avalancha de purines que está envenenando la laguna, los acuíferos y nuestro mundo rural”.
Marín ha señalado que El Pozo e integradoras como Cefusa son “los únicos que se están lucrando con este modelo insostenible mientras descargan en el pequeño productor toda la responsabilidad medioambiental”.
Desde Podemos reclaman “que sean Cefusa y El Pozo los que asuman los costes directos de su actividad y que igual que suministran los animales y los piensos gestionen de forma integrada esos purines”.
«Son legales porque disponen de impermeabilidad natural»
Según el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, las balsas de purines del Campo de Cartagena sin impermeabilizar «son legales» porque disponen de un sistema de «impermeabilidad natural avalado por la UPCT». Eso esgrime la Consejería de Agricultura desde hace varios años.
Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Segura sí que está exigiendo la implantación de sistemas de impermeabilidad artificial al estar ubicadas esas balsas de purines en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de alta permeabilidad.
¿En qué consiste ese sistema de «impermeabilidad natural»? Se trata de un sistema consistente en realizar un gran agujero en el suelo, llenarlo de porquería de cerdo y luego contratar y pagar el servicio de algún investigador de renombre de la UPCT para que haga un informe ad hoc del subusuelo que diga que el terreno es impermeable y que como el acuífero está muy hondo, no hay filtración posible a la masa de agua declarada en mal estado químico.
Y es que, oportunamente, el Gobierno regional de López Miras incluyó en la Ley 3/2020, de 27 de julio, del Mar Menor que las explotaciones ganaderas inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) antes de la publicación de la citada Ley en 2020, podían acreditar la impermeabilidad natural de sus almacenamientos de deyecciones mediante un estudio del subsuelo. Y solo si el titular decidía no realizar el estudio del subsuelo, tendría que presentar una declaración responsable acompañada de una memoria o proyecto de impermeabilización artificial.
Y eso han hecho algunos ganaderos, no todos, presentar informes del subsuelo firmados, casi todos, por el mismo investigador del mismo departamento de la UPCT, Ángel Faz. Se da la circunstancia de que la empresa del Grupo Fuertes -CEFUSA- patrocina económicamente la Cátedra en Gestión Medioambiental Sostenible de la Producción Porcina de la Universidad Politécnica de Cartagena de la que forma parte el profesor Ángel Faz.
Un informe independiente señaló la contaminación provocada por las granjas
En octubre de 2021, tras la segunda gran mortandad de peces en el Mar Menor, una investigación independiente realizada por la entidad Lighthouse Reports en colaboración con La Marea y «el diario.es» denunció el incremento de macrogranjas de cerdos en el Campo de Cartagena pese a las advertencias de Europa y del Ministerio de Transición Ecológica debido a la contaminación por nitratos que provoca en suelos y agua.
Según LightHouse Reports «las balsas de purines que aparecen en la foto son simples agujeros en el suelo sin revestimiento ni aislante, lo que hace que los purines se filtren. Hay más de 500 como estos en la cuenta del Ma rMenor cubriendo nada menos que 160 hectáreas».
Los reporteros también descubrieron que entre 2016 que estalló la sopa verde en el Mar Menor y finales de 2021 que publicaron el reportaje, según datos del SEPRONA de la Guardia Civil, solo ocho granjas porcinas en la cuenca del Mar Menor habían sido sancionadas por violar las normas contra los vertidos y filtraciones ilegales. Informes internos de la propia Consejería de Agricultura revelaron en 2019 que el descontrol de las balsas de purines era absoluto.
Ese mismo año, un informe del MITECO afirmaba que el 90% de los estanques de purines y almacenes de estiércoles en la cuenca del lago Mar Menor no cumplen con los requisitos de construcción.
El sector porcino aporta el 17% del nitrógeno que acaba en el Mar Menor
Según el citado informe, el sector porcino aporta aproximadamente el 17% del nitrógeno que acaba en el Mar Menor, una estimación que según varios expertos consultados es muy conservadora y podría ser muy superior.
La producción intensiva de cerdo genera cantidades enormes de purines: en torno a 2m³ de mezcla de heces, orina y restos de comida por cada cerdo al año, con una concentración de nitrógeno 40 veces mayor que de aguas residuales.
Y conociendo los datos y la grave crisis ambiental que sufre el Mar Menor, el Ejecutivo de López Miras permitió que la población porcina aumentara en decenas de miles de ejemplares a pesar de que varios organismos y expertos le alertaron sobre la falta de control de las granjas y cómo estaban perjudicando la laguna.
Se estima que en la cuenca del Mar Menor hay unas 780.000 cabezas de cerdo, más de 450 granjas porcinas. Curiosamente, Fuente Álamo es uno de los municipios con más densidad de granjas porcinas, motivo por el que VOX quiere excluirlo de la Ley del Mar Menor.
El presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, ha anunciado que acometerán una inspección a fondo de las granjas porque temen que estén contaminando el acuífero. Una vez más, el Ministerio de Transición Ecológica suplirá la inacción de la CARM.
Sin noticias de la Consejería de Agricultura
El pasado 25 de febrero, a través del Portal de Transparencia, RRNews solicitó información a la Consejería de Agricultura sobre el número exacto de balsas de purines del Campo de Cartagena sin un sistema de impermeabilización artificial. También preguntamos cuántos ganaderos han aportado informes de subsuelo firmados por investigador de la UPCT, Ángel Faz. Y hemos solicitado copia de todos y cada uno de esos informes para conocer en qué criterios científicos o mediciones se basa el citado investigador de la Politécnica de Cartagena.
La Consejería de Agricultura disponía de 20 días hábiles para contestar y aportar la información y no lo ha hecho, lo que nos ha llevado a interponer una reclamación ante el moribundo Consejo de Transparencia de la Región de Murcia sin mucha esperanza de obtener la información a la que ustedes, lectores de RRNews, tienen derecho.
