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Vertidos de nitratos al Mar Menor

Sanción de 189.750 a la mercantil ISIDRO SOTO PEDREÑO por vertidos al Mar Menor

La mercantil vertió 330.000 m3 de salmuera con nitratos sin depurar al Mar Menor entre los años 2013-2017 desde una desalobradora ilegal en Torre Pacheco.

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La empres agrícola Isidro Soto Pedreño, usuario de la Comunidad de Regantes el Campo de Cartagena, deberá pagar una multa de 189.750 euros por verter 330.000 m3 de salmuera con nitratos sin depurar al Mar Menor entre los años 2013-2017. El coste medio de reparación es de 0,57 céntimos/ m3 de salmuera.

«Por las medidas de reparación del daño a los recursos naturales del Mar Menor ejecutadas por la Dirección General del Mar Menor, entre las que se encuentran la desnitrificación y reducción de entrada de contaminantes y medidas de protección y conservación de la fauna protegida y singular de esta laguna costera, el coste de reparación de los daños causados al Mar Menor fijado para este operador en informe de Dirección General de Medio Natural de 14 de diciembre de 2022 en la cuantía de 189.750,00 €, basado en el coste de desnitrificación de las salmueras vertidas por su instalación desalobradora ilegal usada por el operador responsable» dice el expediente de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños al Mar Menor en el que están personados Ecologistas en Acción y Pacto por el Mar Menor.

Eso propone la Consejería de Medio Ambiente. Además, la mercantil deberá pagar 2.974,14 euros que es la proporción imputable a su instalación desalobradora precintada por la Confederación Hidrográfica del Segura respecto al importe total de 639.441,68 euros que costó la clausura de
conducciones por parte del organismo de cuenca. Según datos del Ministerio, el total de desalobradoras ilegales clausuradas en el Campo de Cartagena fueron 215.

Cómo se generó el daño ambiental

Este operador es titular de una instalación desalobradora, en el paraje «Finca Los Ochando» de Torre Pacheco que según el Seprona de la Guardia Civil, se estuvo utilizando con una capacidad de desalobración de 400 m3/día, y con un rechazo de salmuera con nitratos que iba al salmueroconducto de la rambla de La Señora y de ahí al Mar Menor sin depurar, estimándose por el perito designado por la Fiscalía que ese rechazo de salmuera con nitratos sin depurar supuso unos 27.005 m3/año.

Según informe de la Dirección General de Medio Natural, los rechazos procedentes de la desalobradora precintada a la mercantil ISIDRO SOTO PEDREÑO constituyen un 1% del total de nitratos que han entrado al Mar Menor.

En cuanto a la intensidad del daño causado por este operador, la Consejería de Medio Ambiente considera que se puede considerar CRÓNICA, lo que califica como infracción grave respecto a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

La CARM fue obligada por el TSJ a exigir responsabilidad ambiental a las empresas contaminadoras

El TSJ obligó a la Comunidad Autónoma a exigir responsabilidad medioambiental a explotaciones agrícolas por vertidos al Mar Menor. Tras una denuncia de Fiscalía contra el Gobierno regional de López Miras, el TSJ sentenció en marzo de 2022 que debía iniciar procedimientos contra ocho empresas y particulares por aportación de exceso de nutrientes o rechazos procedentes de la extracción de aguas de los acuíferos, relacionadas con el atestado que dio origen a la instrucción del caso Topillo.

La Sala de lo Contenciosa estimó parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía contra la denegación de su reclamación a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente en mayo de 2020 por inactividad.

La CARM se opuso al entender que era competencia de la CHS, pero el TSJ lo dejó meridianamente claro: el artículo 114 de Ley de Costas atribuye a las comunidades autónomas la competencia que en materia de vertidos al mar tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos. “Por tanto, la atribución de competencia en este caso a la Administración del Estado, y concretamente a la Confederación Hidrográfica del Segura, carece de fundamento legal alguno”, concluyó el tribunal en respuesta a la Comunidad Autónoma.

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