Las organizaciones ecologistas y de defensa del Mar Menor han aprovechado la visita hoy a Murcia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para reclamar la aprobación y puesta en marcha por parte del Consejo de Ministros del reglamento que desarrolla la Ley 19/2022 de Personalidad Jurídica del Mar Menor, en vigor desde hace más de un año y que fue resultado de una Iniciativa Legislativa Popular.
Dicho reglamento es necesario para la constitución de los organismos institucional, ciudadano y científico de Tutoría del Mar Menor, por lo que demandan al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros la diligencia debida para que, en cumplimiento de sus obligaciones consultivas y ejecutivas, faciliten la constitución de la Comisión de Representantes, Comisión de Seguimiento de los defensores del Mar Menor y Comité Científico.
Aplauden la constitución de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor
Asimismo, las organizaciones ecologistas y sociales en defensa del Mar Menor aplauden la firma del protocolo para la constitución de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor.
«Esta comisión debería servir, a partir de ahora, para coordinar las acciones interinstitucionales para la protección y recuperación Mar Menor, y es requisito indispensable en cumplimiento de las obligaciones normativas de la Ley 3/2020 de recuperación del Mar Meno que el gobierno de López Miras venía infringiendo sistemática, al igual que otras medidas que establece dicha norma, necesarias y urgentes» dicen en un comunicado.
Se trata de un mecanismo imprescindible para poner en marcha con éxito las soluciones orientadas a reducir los impactos que siguen dañando el ecosistema marmenorense, y permitir así su recuperación.
Las organizaciones esperan y demandan que este paso sea el inicio del cumplimiento del resto de obligaciones legales que vienen siendo ignoradas sistemáticamente puesto que aún no se ha constitución del Consejo del Mar Menor y el Comité Científico que también recoge la Ley del Mar Menor.
La puesta en marcha de esta Comisión ha sido una reivindicación recurrente desde hace más de 3 años de las organizaciones sociales, y así se incluyó también en el “Decálogo por el Mar Menor” que elaboraron como compromiso para las candidaturas a las elecciones autonómicas y nacionales de 2023.
Entre las propuestas también pusieron el foco en el cumplimiento de la normativa vigente tanto regional como nacional y europea, en materia de abonado y fertilizantes, vertidos procedentes de la agricultura intensiva y de las granjas porcinas, desnitrificación de la tierra y de las aguas de la cuenca, y recuperación y renaturalización de la laguna y su cuenca…«Obligaciones legales que deben ponerse en macha sin más dilación, y cuyo respeto y ejecución deben dejar de ser vulnerados, y asumirse las posibles responsabilidades administrativas y penales que su transgresión conlleva» dicen.
Por último, las citadas organizaciones sociales y ecologistas se muestran convencidas de que las instituciones por sí solas no garantizan la protección y recuperación del Mar Menor. Consideran que, «si sólo se constituyen mecanismos de coordinación interadministrativa, pero no los de participación y decisión en los que esté presente la sociedad civil, no hay garantías suficientes». Y por ello solicitan que ambos procesos sean paralelos en el tiempo, y convergentes en su propósito y acción.
