El juzgado de instrucción número 7 de Lorca, mediante auto de 16 de enero de 2023, ha decidido imputar a la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Ana Isabel Doménech García, por un presunto delito de prevaricación en relación a la actividad ilegal de una macrogranja porcina propiedad de la mercantil Jisap.
El juzgado también insta también a la Secretaría del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras a que aporte copia del informe de 10 de diciembre de 2020 elaborado por los Servicios Técnicos relativo a la construcción de la macrogranja porcina sin licencia que está siendo investigada.
El citado informe indicaría que, desde el 10 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tenía constancia de las irregularidades denunciadas por Ecologistas en Acción y no actuaron al respecto.
En su denuncia ante el juzgado, Ecologistas en Acción subraya que tras la paralización del expediente administrativo 5090/2021 por cese del instructor municipal, «se dejó caducar el mismo y se inició otro expediente, el 1112/2023, en el que se rebajó injustificadamente y en un montante aproximado de 400.000,00 €, la sanción impuesta a la mercantil Juan Jiménez García SAU, revocando los informes técnicos anteriores. La nueva valoración sin justificación legítima fue realizada por la arquitecta municipal Ana Isabel Domenech García» según consta en la denuncia ante el juzgado.
Y añade «los informes realizados, junto con el resto de actuaciones de la Alcaldesa, María Ángeles Túnez (PP) supone dictar una resolución injusta en perjuicio del erario público municipal y en beneficio de la mercantil sancionada, pues se anula un procedimiento y se inicia otro para rebajar drásticamente la sanción«.
Rebajaron 400.000 euros la sanción
En el expediente caducado, la sanción final estimada y partiendo de los 2,7 millones de euros fijados en el Informe técnico inicial, tras las deducciones correspondientes, estaba fijada en alrededor de 600.000 euros. Lo que finalmente ha pagado la mercantil investigada en el segundo expediente han sido 225.000 euros. Es decir, que con la actuación municipal denunciada, el erario público ha dejado de percibir casi 400.000 euros.
Para los denunciantes, «el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras actuó injusta e ilegalmente otorgando un trato de favor a la mercantil, rebajando drásticamente la sanción impuesta, cuando la misma empresa ya había aceptado una valoración, como mínimo de 158,123 euros/m2, tal y como consta en su escrito de alegaciones al pliego de cargo. Y todo ello en perjuicio del erario público».
En su denuncia, la organización ecologista no solo pidió la imputación de la arquitecta municipal, también solicitó que se requiera al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que proceda a la paralización de la actividad de la macrogranja porcina objeto de investigación por carecer, entre otras cosas, de licencia de actividad. La macrogranja pertenece a la mercantil Jisap.
La macrogranja investigada había sido autorizada por la CARM
El pasado 20 de noviembre, la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, declaró como investigada por presunta prevaricación, en relación a una macrogranja porcina que está operando sin licencia urbanística, sin Declaración Ambiental Integrada, sin licencia de actividad y sin recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable. No obstante, la macrogranja había sido autorizada por la CARM.
Todo arrancó a raíz de una denuncia en el juzgado de Ecologistas en Acción en abril de 2021 que fue admitida a trámite por el juzgado en enero de 2022. No obstante, la organización ecologista había registrado el primer escrito de denuncia ante el consistorio lumbrerense el 10 de julio de 2020 y lo reiteró el 24 de diciembre de 2020, pero el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no incoó el correspondiente expediente de infracción urbanística hasta finales de 2022.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tardó más de dos años en incoar expediente sancionador por construir sin licencia y lo hizo una vez que el juez se puso a investigar.
Según ha relatado el abogado de Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz, este empresario presentó una declaración responsable para arreglar el tejado de las dos naves existentes en el paraje El Campillo de Puerto Lumbreras y terminó construyendo seis naves nuevas, sala de incineración, balsa de purines y hasta un embalse de agua.
Desde Ecologistas en Acción se preguntan cómo es posible que la CARM esté permitiendo la actividad de esa macrogranja porcina sin haber comprobado nada. «Tampoco hay informe favorable de la CHS, invade zona de rambla, no se sabe nada de la gestión de los purines. Se trata de animales que van a matadero, cómo se controla eso si es ilegal. Es como dijéramos que están funcionando en B».
