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La Fundación Ingenio (poderoso grupo de presión de la agroindustria del Campo de Cartagena) dispondrá este año de unos 3 millones de euros con los que pretende manipular a la opinión pública europea, española y, por supuesto, murciana. Ya han dicho que el dinero, y es mucho dinero, se destinará principalmente a gastos de comunicación para imponer su relato.

Y lo están consiguiendo. Hace poco tiempo la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, se vanagloriaba de que la gente piense ahora que «tiran un montón de mierda» los ayuntamientos. Y una encuesta encargada por la Fundación Ingenio a GAD3 (1000 entrevistas),  realizada a mediados del pasado mes de marzo, arrojó que 8 de cada 10 murcianos ya señalan a los vertidos de aguas residuales de origen urbano como causa principal de la contaminación del Mar Menor. Según ese sondeo, pagado por la Fundación, «la mitad de los encuestados  también cree que los intentos de culpabilizar a la agricultura de los vertidos responde a intereses oscuros. Y así justifica la Fundación Ingenio su existencia y la necesidad de más y más dinero. 

Su objetivo no es otro que convencer a la ciudadanía de que los nitratos y fosfatos de origen agrícola  apenas tienen que ver con la eutrofización que sufre el Mar Menor, que son las aguas residuales y hasta el detergente de las lavadoras los verdaderos causantes. En realidad, lo que pretenden es enterrar con billetes la verdad y la apabullante evidencia científica. Se muestran convencidos de que con dinero, todo se compra porque casi todo está en venta. 

Recuerden que representantes de la Fundación Ingenio se fueron a Bruselas y desde ese importante altavoz gritaron a los cuatro vientos que la muerte de peces en el Mar Menor se debió a las bacterias fecales, como si la Región de Murcia fuese tercermundista y llevamos 20 años dando una segunda vida al agua. Los regantes lo saben mejor que nadie porque aprovechan el 98% de las aguas depuradas, unos 105,h3 al año. ¡¡Aguas fecales en el Mar Menor!! Así entiende la Fundación Ingenio que ayuda con la marca Región de Murcia y defiende al sector exportador.

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha pasado de darles 900.000 euros en 2022 a 2,4 millones de euros este año 2023 por tratarse de año electoral de los que acaba de adelantar el pago de 500.000 euros. Cifra a la que hay que sumar lo que aporten el resto de patronos de la fundación. Entre unos y otros,  suman unos 3 millones de euros con los que tapar bocas de periodistas, fabricar bulos informativos, comprar los servicios de pseudocientíficos, realizar informes ad hoc y orientar el voto hacia VOX al que necesitan en el Gobierno regional y, por supuesto, en el Gobierno de España.  

Desde 2019, solo la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha aportado a la Fundación Ingenio la friolera de 4,5 millones de euros: 31.000 en 2019, 445.000 en 2020, 760.000 en 2021 y 900.000 en 2022. Y nadie sabe exactamente en qué están gastando tanto dinero. ¿En qué? La Fundación Ingenio está haciendo creer a los regantes del Campo de Cartagena, que con dinero se va a solucionar todo. Como si el Mar Menor fuese a desaparecer. Y nada más lejos de la realidad.  La OCDE, la Comisión Europea, el Ministerio, el CSIC, el Instituto Español de Oceanografía… atribuyen a la agricultura intensiva el deterioro del Mar Menor. Cada hectárea de la laguna está influenciada por cuatro hectáreas de riego intensivo. A lo que hay que añadir la ganadería intensiva porcina. 

¿Cuántas autorizaciones de cambio de orientación productiva ha dado la CARM en los últimos años a granjas del entorno del Mar Menor sin medir su impacto ambiental? Más cerdos, mayor consumo de agua y más purines.  Recientemente conocimos que la CHS había dicho ocho veces no a la ampliación de una granja porcina en Fuente Álamo al encontrarse en zona vulnerable a la contaminación por nitratos y un terreno de alta permeabilidad y, aún así, la Consejería de Agricultura dio su autorización.  El uso de balsas sin impermeabilizar y los vertidos de purines están a la orden del día en el entorno del Mar Menor como acredita la Guardia Civil. 18 granjas cercanas al Mar Menor fueron sancionadas con multas que suman 750.000 euros por robo de agua y por verter purines.

Para la Fundación Ingenio, el problema no es medioambiental sino político. Según Natalia Corbalán «es un problema político tan grande que los regantes  saben que tienen que invertir. y es ahora o nunca. Es un problema  político. Este partido se juega en Bruselas, se juega en el Gobierno Central y se juega en el Gobierno regional».

Y si a ese relato se le añade un buena dosis de alarmismo y exageración, pues los comuneros a soltar cantidades ingentes de dinero a la Fundación Ingenio. Se comportan como una «organización de agitadores». Así los definió acertadamente el secretario general del PP y alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.

La cuestión clave es ¿cuánto dinero hay en juego del negocio montado en el Campo de Cartagena para que los regantes estén empleando tanto dinero en publicidad, propaganda y noticias falsas con el único objetivo de manipular a la opinión pública y que la agricultura  intensiva no se reduzca ni un ápice? Pues los lugareños, pequeños regantes de la zona que se han atrevido a hablar y prefieren mantenerse en el anonimato por miedo, cifran en 40 millones de euros al año el negocio montado entorno al agua y la agricultura en el Campo de Cartagena.

¿Pero de qué negocio hablamos? ¿Se trata de robo de agua? les pregunto. «Pues claro» responden. Y prestos  a ser entendidos echan cuentas: «Si se necesitan 200 hm³ de agua para todo el regadío de la comarca y legalmente entran solamente  unos 120 hm3:  80 hm3  (entre agua del Trasvase del Tajo y la desaladora de Torrevieja),   20 hm³ de aguas de las depuradoras y otros 20 hm³ de aguas subterráneas, pues faltan 80 hm³. Si el agua robada se está vendiendo a 50 céntimos el metro cúbico,  pues se trata de un negocio de 40 millones de euros al año». Y añaden «¡Cómo no van a gastar tanto dinero en propaganda. No quieren que nadie les joda el negocio. Y se está robando agua de la que sale de las depuradoras y se cede gratis a los regantes y se está robando agua directamente del canal del trasvase del Tajo. Esa la venden más cara. Si es agua pura, sin mezclar, la venden hasta 60 céntimos el m3, si va mezclada el precio es de 45 céntimos el metro cúbico».  

«Se roba gran parte del agua de las depuradoras, de la que es cedida de manera gratuita a los regantes y se roba agua directamente del canal del trasvase del Tajo mediante tuberías subterráneas que es almacenada en embalses dados de alta como pantanos de regulación. Ese agua no debería robarse y se debería distribuir de manera legal. Pero entonces perderían el negocio del mercado negro.  Están viendo que el Ministerio aprieta y que se les cae abajo el negocio. Y ellos quieren seguir estando exactamente igual. No quieren perder parte de la cuota del negocio que es lo que se les está reduciendo porque la gente cada vez les compra menos agua. Esos señores quieren seguir vendiendo los mismos volúmenes de agua, pero cada día  la gente les pide menos porque o les han cerrado la finca por ilegal o solo hacen las dos cosechas que les permite la ley y, claro, para eso tienen suficiente agua legal. Entonces, ahí es donde ellos están apretando a través de la Fundación Ingenio. Ten en cuenta que el cierre del regadío ilegal les ha supuesto perder mucho dinero».

LA SOPA VERDE DISPARÓ LAS ALARMAS

Y es que la sopa verde del Mar Menor de mayo de 2016 puso el foco en la comarca del Campo de Cartagena. Se encendió la luz del cuarto oscuro poniendo al descubierto prácticas agrarias y ganaderas ilegales consentidas por las administraciones, principalmente por la Comunidad Autónoma. El vídeo de la organización ecologista ANSE hizo saltar todas las alarmas, la Fiscalía empezó hacer preguntas y las administraciones se pusieron a correr ante la mirada sorprendida de quienes llevaban años haciendo de su capa un sayo en la comarca y ahora se revuelven porque no quieren que nadie meta las narices en tan suculento mercado negro.

Debemos recodar que tras la sopa verde desvelada por la asociación ecologista ANSE y WWWF en mayo de 2016, se prohibieron las desalobradoras en el Campo de Cartagena. La consejería de Agricultura requirió por escrito a la CHS para que cesaran de inmediato los vertidos a la laguna salada y el organismo de cuenca reaccionó sellando la tubería que llevaba  las salmueras procedentes de los pozos y de un millar de pequeñas desalobradoras del Campo de Cartagena a la rambla del Albujón que desemboca en el Mar Menor. La mañana del 4 de julio de 2016, la Delegación del Gobierno tuvo que enviar al paraje de Torre Pacheco conocido como El Radar, a un puñado de agentes de la Policía Nacional porque decenas de agricultores se agolparon para evitar el sellado de la tubería.

La ciudadanía en general empezó a mirar con preocupación e interés cualquier información relativa a la laguna. De hecho, las lluvias torrenciales de diciembre de 2016 arrastraron al Mar Menor toneladas de sedimentos de fincas agrícolas de la zona y así lo reflejaron los medios de comunicación. Se empezaba a hablar de  vertidos, de sedimentos, de nitratos.

Lluvias torrenciales en entorno Mar Menor, diciembre 2016

 

Al año siguiente, en noviembre de 2017, la CHS destripó el Campo de Cartagena para desmantelar el salmueroducto que el propio organismo de cuenca había construido cuando llegaron las aguas del Trasvase.  De no haber sido por la querella del fiscal jefe del TSJ por atentado medioambiental al Mar Menor, probablemente la CHS no se habría atrevido a tanto. Pero con el aliento del fiscal en el cogote y la carta del Gobierno Regional, el organismo de cuenca alegó que el salmueroducto estaba en desuso y ordenó su desmantelamiento. 

La obra, que había costado 6000 millones de las antiguas pesetas, se hizo para recoger los drenajes y vertidos que llegaban por el salmueroducto y por la rambla y bombearlos hasta la desalobradora de El Mojón donde debían ser tratados antes de que fueran vertidos definitivamente en el Mediterráneo, pero faltaba una tubería que nunca se terminó. No obstante, tras el desmantelamiento del salmueroducto, el organismo de cuenca sabía que seguía  extrayendo agua, desalobrando en cobertizos y chozas e inyectando la salmuera en el acuífero. A lo largo de los últimos cinco años se han dado numerosas intervenciones de la Guardia Civil sobre el terreno.

A los pocos meses, en febrero de 2018, el Gobierno regional de López Miras,  aprobó a regañadientes el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Cs, PSOE y Podemos se unieron y en el trámite de convalidación parlamentaria mejoraron el decreto de mínimos que había aprobado el Consejo de Gobierno.  Aún recuerdo al diputado del PP, Jesús Cano acusando a los diputados en la oposición de dar «la estocada de muerte el campo de Cartagena» porque «con la plantación de setos se cargan 7.000 hectáreas en producción, fulminan los cultivos actuales y mandan al paro a 20.000 personas». Eso dijo.

A los pocos meses, en junio de 2018, la organización ecologista ANSE denunció la existencia de 12.000 hectáreas de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor debido al aumento incontrolado del regadío ilegal. El informe ‘La burbuja del regadío: el caso del Mar Menor’, revela que alrededor de un 20% de la agricultura intensiva en la zona es «ilegal», una superficie ocupada principalmente por «cultivos de hortalizas, cítricos, invernaderos y balsas de riego». 

ANSE-WWWF demostraron que los regadíos se habían multiplicado por diez en los últimos cuarenta años, ante «la pasividad de las administraciones», en un proceso «alentado por sucesivas legalizaciones» por parte de la CHS. El Gobierno regional calificó la cifra de «desorbitante».

Tras la moción de censura a Rajoy en junio de 2018, cambió el Gobierno de España y el nuevo  Ministerio de Transición Ecológica, en manos de Teresa Ribera, instó al organismo de cuenca a inspeccionar y cuantificar el regadío ilegal del Campo de Cartagena que acabó cifrando en 8.500 hectáreas sin derecho a agua. 

El organismo de cuenca empezó a cortar el grifo y a abrir expedientes sancionadores que remitía a la Consejería de Agricultura para que ésta ordenara y supervisara la restitución  a su condición  original de secano. Y es que la primera gran mortandad de peces tras la Dana de septiembre de 2019 fue terrible y espoleó conciencias. La falta de oxígeno en el agua acabó con la vida de miles de peces y crustáceos. El olor a podrido de los peces muertos en la orilla pudriéndose al sol y el aspecto lechoso y grisáceo del agua dio paso a la indignación de colectivos ecologistas contra el Ejecutivo regional que achacó el ecocidio a la gota fría. Aún recuerdo al presidente López Miras recorriendo la laguna en una pequeña embarcación y pidiendo al Gobierno de España que cogiera las riendas de la situación. Algo a lo que la ministra Ribera contestó: «apoyaremos de forma comprometida, pero tómenselo en serio».

Porque el Ministerio de Transición Ecológica sí que había decidido pasar a la acción blindando el acuífero y recortando el uso de fertilizantes.  El 16 de julio de 2020, la CHS, con la oposición de la Consejería de Agricultura, declaró el acuífero del Campo de Cartagena como masa de agua en riesgo químico debido a la contaminación por nitratos.  Y aprobó las denominadas Medidas Cautelares que prohíben el empleo fertilizantes orgánicos o inorgánicos a menos de 1.500 metros del Mar Menor, así como el uso exclusivo permitido de abonos con carácter temporal y durante un plazo máximo de seis meses en los cultivos leñosos existentes.  Y, lo más importante, limita a dos como máximo el número de cosechas al año.

Los regantes del Campo de Cartagena denunciaron que esa declaración era lesiva para sus intereses. El Gobierno regional presentó un recurso judicial contra la CHS que se acabó archivando.

¿Pero se lo había tomado en serio el Gobierno murciano? Algo hizo. El 26 de diciembre de 2019, con la imagen de los peces muertos reciente y una manifestación de más de 50.000 personas en Cartagena en defensa del Mar Menor,  López Miras, aprobó otro Decreto Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor que se tramitó mediante procedimiento de urgencia en la Asamblea.  Y el 22 de julio de 2020, con motivo de la votación de las enmiendas para convalidar como ley el citado Decreto-Ley de Protección Integral del Mar Menor, la Fundación Ingenio hizo acto de presencia por primera vez. Lo hizo llenando vallas y mupis publicitarios  de potitos vacíos, marineras sin ensaladilla, platos sin verduras y cuencos de gazpacho sin gazpacho  y el texto: “Este 22 de julio… la solución no es destruir nuestra agricultura. 

Acorralados por los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía, por la Ley del Mar Menor, por el cierre del regadío ilegal y, sobre todo, por las Medidas Cautelares del Ministerio, los patronos  de la Fundación Ingenio, especialmente la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena que la que más dinero aporta, decidió pasar a la acción con premisas falsas que solo buscan arengar a la masa ciudadana del Campo de Cartagena para que bajo la premisa de que solo quieren defender la agricultura y el empleo, su lucrativo negocio se mantenga intacto.

Y es que las Medidas Cautelares del Ministerio no solo limitan los fertilizantes, también las cosechas. Y eso reduce el consumo de agua ilegal «y eso es lo que la Fundación Ingenio quiere revertir como sea. Y para eso necesitan a VOX en el Gobierno de la Región y en el Gobierno de España. Confían en que derogue leyes o no las aplique» relatan. 

El pasado 8 de septiembre de 2022 finalizó el plazo dado por la CHS  para la presentación del Informe de Acreditación del cumplimiento de las medidas cautelares o se les cortaría el agua. Según el Organismo de Cuenca, todos los comuneros han presentado informes que se están revisando y en algunos casos pidiendo subsanación. Por otra parte, la CHS ya ha iniciado los expedientes sancionadores por mas de dos cosechas a algunas empresas, pero aún no hay resoluciones firmes.  

La defensa de la agricultura «sostenible» que enarbola la Fundación Ingenio desviando la atención hacia las aguas fecales y los detergentes, no es el verdadero objetivo. Están fabricando el argumentario para que políticamente esté justificado no mover ni un ápice y así desmantelar las medidas de control y protección del Mar Menor que se han ido aprobando. Que nada cambie. Por eso proponen disparates como la apertura de  las golas y el desvío de las ramblas hacia el Mediterráneo para solucionar el grave problema ambiental que sufre el Mar Menor. Es el negocio, amigo. Y, al parecer, un negocio hídrico anual de 40 millones de euros de unos pocos que son los que manejan los hilos. Están haciendo  creer  a los comuneros que esto se soluciona con dinero y no es así. Les están haciendo creer que es un problema político cuando es un problema ambiental, el más grave de los últimos años en España y en Europa.

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